Docentes de Entre Ríos enrolados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), aprobaron en Federación cumplir este miércoles una nueva huelga en las escuelas, el quinto desde que se inició el ciclo lectivo en la provincia, el 2 de marzo último. El titular del sindicato, César Baudino, ratificó que el gremio seguirá “dando pelea” para obligar al Ejecutivo a dar marcha atrás con los descuentos. La huelga coincide con una medida similar resuelta a nivel nacional por ATE y CTA.
En medio de un debate extensísimo en la Escuela Nº 44 Del Boyero, de la ciudad de Federación, los maestros volvieron a cuestionar severamente la política oficial de no pagar los días no trabajados por adhesión a medidas de fuerza.
Esa fue la principal resolución del congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), según resaltó el titular de la entidad, César Baudino, que ratificó que el gremio seguirá “dando pelea” para obligar al Ejecutivo a dar marcha atrás con los descuentos.
La huelga del miércoles será en coincidencia con una medida similar resuelta a nivel nacional por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclama la instrumentación de un fondo federal del salario. Aquí en Entre Ríos, la protesta de ATE, que pide un aumento salarial de 305 pesos, incluirá el corte de la ruta 14, a la altura de Ceibas.
Claro que los maestros no sólo plantean la devolución de los montos descontados, sino la apertura de una mesa de renegociación salarial, que como primer punto incluye la exigencia de una suba de 500 pesos sobre el básico.
Indica El Diario que los congresales aprobaron rechazar lo que entendieron como “injerencia” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que el viernes envió una misión exploratoria a la Provincia. La idea del organismo es establecer en qué áreas de la educación podría efectuar aportes en materia de apoyatura logística y crediticia.
Respecto de los descuentos que el Gobierno aplicó en los salarios docentes de marzo, el congreso expresó su “solidaridad con los compañeros que soporten los descuentos”, y según explicó el dirigente “desde el sindicato se van a implementar medidas de acompañamiento y apoyo, así como el año pasado se aplicó el fondo de huelga, ahora pensamos hacer algo parecido”.
Además, el 1º de mayo, Día del Trabajador, se harán acciones en todos los departamentos, con la consigna de “denunciar al Gobierno, que ha violado el derecho a la huelga al aplicar los descuentos”.
Y también para dejar en claro que los docentes “nos manifestamos en contra de cualquier posibilidad de pago en bonos en la provincia”.
Y además, AGMER va a insistir, tal cual lo aprobaron ayer los congresales, en la exigencia al Gobierno para que informe qué destino tuvieron los fondos reunidos por aplicación de los descuentos. Respecto de esa decisión oficial, para esta semana el gremio espera una resolución judicial en torno a los amparos presentados para conseguir revertir esa disposición.
La incidencia de los descuentos, que aunque no fueron generalizados sí fueron de magnitud, representa un duro golpe a los bolsillos de los maestros.
Los datos que maneja el Gobierno dicen que una media del 50 % de la planta docente provincial, compuesta por 33.500 personas, adhiere a los paros, y sobre ese grupo se aplican los descuentos.
Un maestro de grado sin antigüedad, que representa el 27 % del total, percibe un salario de 1.490 pesos, y por los tres días de huelga de principios de marzo, perdió sumas que van de los 140 a los 200 pesos.
Es decir, entre 3 y 4 veces más que el aumento que dio el Gobierno, de 45 pesos.
Las quitas de ahora se suman a las que ya hubo en 2008, por los paros de los días 20 y 21 de agosto, y 20 y 27 de octubre.
Este año, la orden de no pagar los días no trabajados se dispuso a través de dos resoluciones, que ya fueron publicadas en el Boletín Oficial.
Las normas se apoyan en dos directivas anteriores: el decreto Nº 4940, de agosto de 2008, que en su artículo 4º ratificó la vigencia de la Directiva Nº 30 de 2007 que ya había dispuesto no pagar los días no trabajados.
Y también apela a la resolución Nº 2.565 del Consejo de Educación, norma que estableció que son los directores de escuela los responsables de informar qué docentes asisten a clase y cuáles se adhieren a los paros.
(La Nota digital)
LA NOTA digital 