Por Blas García, ex presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).
Los polémicos y abruptos cambios, introducidos por la conducción política del IAFAS, por su profundidad e irreversibilidad, han traído consecuencias graves, inestables y peligrosas; con paros en todos los casinos de la provincia, asambleas permanentes y movilizaciones, sin atención al público; y preanuncian épocas de dificultades en el funcionamiento futuro del organismo.
Hoy, el sistema de salas de juego de Entre Ríos está en crisis y se encuentra bajo las consecuencias ruinosas de los efectos de la competencia con los casinos privados que se han abierto en Rosario y Santa Fe, y que afectan a las salas de juego de Victoria y Paraná.
El actual director del IAFAS, Guillermo Dubra, afirmó: “Esta medida (abrir casinos privados) se debe a que con la apertura del casino de Rosario, en octubre de 2009, en Victoria ha caído la recaudación estrepitosamente en este tipo de juegos, a punto tal que se está por debajo del 30 por ciento”.
¿Y ahora qué hacemos?
Frente a esta situación problemática había varias opciones: a) seguir como hasta ahora, sin hacer nada; b) privatizar los casinos existentes; c) privatizar el gerenciamiento con control estatal de la caja d) modificar drásticamente las condiciones de funcionamiento de los casinos estatales; e) abrir nuevos casinos privados, coexistiendo con los estatales; f) otras.
Creemos que las circunstancias obligaban a plantearse la necesidad de modificar drásticamente las condiciones de funcionamiento e incorporar la aplicación del management privado en el sector público.
La admisión de la gestión empresarial se justifica ante el reconocimiento del fin del monopolio estatal en el negocio del juego y la aparición de la competencia.
Sin duda, corresponde utilizar las tecnologías creadas y desarrolladas por el sector empresarial privado y que obedecen a preocupaciones tales como: la tasa de rentabilidad, la obtención de resultados, los costos, las inversiones, el grado de competitividad, la orientación al cliente, la preocupación por la eficiencia, etc.
Estos son criterios que se deben promover y desarrollar fuertemente para adaptar el ente estatal a entornos cada vez más competitivos.
Un sistema anárquico
En su lugar, ¿Qué es lo que ha hecho la actual conducción política del IAFAS? Intentar abrir nuevos casinos privados, coexistiendo con la gran cantidad de Salas de Juegos estatales que administra y explota el IAFAS, complicando aun más la realidad del ente y la de sus empleados.
Por falta de experiencia, de conocimiento o de interés, es evidente la incapacidad de la actual conducción política del IAFAS para abordar situaciones complicadas, solucionando los problemas y obteniendo un resultado positivo.
Como consecuencia de ello, el gobierno de Sergio Urribarri autorizó a concesionar el juego en manos de empresas privadas e instalar nuevas salas, permitiendo la explotación, por particulares, de los juegos de “paño”: ruletas tradicionales, mesas de Punto y Banca, Blackjack, Dados y Póker.
La decisión de Urribarri de avanzar decididamente en la privatización del juego, o apuestas por dinero, en la provincia a través del decreto 1550 y 1551 que entregan el absoluto manejo al privado de una sala de juegos, vulneran la ley de creación del IAFAS Nº 5144 que asegura el manejo del juego en manos del Estado.
Las justificaciones, según sus ejecutores
La norma que avala todo este procedimiento se justifica en la intención de promocionar la actividad turística con el estímulo de la concesión de casinos y salas de juego.
Algunos problemas que observamos, y que se deberían subsanar urgentemente, por la vía de la reglamentación, son:
a) La norma vigente es una ley de concesión de una actividad estatal a manos privadas, sin que exista una ley general previa que reglamente un sistema de concesión o gestión de servicios públicos, si estas concesiones van a ser exclusivas o no, si se realizarán mediante licitación pública o por adjudicación directa, etc.
b) La norma no contiene exigencias mínimas de ningún tipo, no establece plazo de la concesión, ni que las obras realizadas pasarán, después de transcurrido el plazo del contrato, a la provincia, sin compensación alguna, etc.
c) No dispone la autorización, por ley específica, de cada emprendimiento, ni establece la superficie máxima que debe tener cada sala de juego en relación con el valor de la inversión turística total. Lo que permite la inhalación de un megacasino al lado de un pequeño hotel.
d) No pone límites a la cantidad de casinos privados que habrá en la provincia, lo que favorece la ludopatía, por la creación indiscriminada de salas de juegos. El Ejecutivo debería realizar un estudio referido a la adicción al juego, antes de pretender implementarla.
e) No establece que la rentabilidad del concesionario deberá guardar relación con las inversiones que realice ni instaura claramente el porcentaje de las utilidades mínimas que le corresponderían al Estado, etc.
Por todo ello, es imprescindible una reglamentación con amplia participación, sobre todo de los representantes de los empleados del IAFAS.
Sin control ni reglamentación
Este proceso que se abre, con exigencias mínimas, muy ambiguas y falta de controles administrativos y reglamentación en serio, puede significar: un deterioro mayor de la calidad de los servicios de los actuales casinos estatales; una pérdida de fuentes de trabajo por cierre de salas de juego; un empeoramiento de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores; etc.
Además de dificultades de la Administración para ejercer el control del juego para que los fondos recaudados vayan a la acción y seguridad social, debilitamiento de los organismos públicos encargados de regular y controlar; y por ultimo, ineficacia de los reclamos de los particulares perjudicados por adicciones lúdicas.
Todo esto podría posibilitar la incursión, en las salas de juego provinciales, de elementos ligados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el terrorismo internacional o la corrupción política.
Ingeniero Blas García
Ex presidente del IAFAS (1987-1991) (1995-1999) (2003-2007) ex presidente del Lotería y Casinos de Santiago, ex presidente de la Asociación de Lotería Estatales de Argentina, ex presidente de la Comisión Nacional Administradora del Quini-6.
(La Nota digital)
LA NOTA digital 