El desempeño de los trabajadores del sector volvió a estar en debate al conocerse el fin de semana el asesinato de un ex agente de la Policía de Entre Ríos, que fue exonerado de la fuerza en 2008 y luego ingresó a trabajar en la empresa de seguridad privada de Paraná New Black. Como empleado de la misma, David Leal -la víctima-, cumplió funciones en la custodia privada (tercerizada) del boliche ubicado en el Puerto de La Paz. Se trata de uno de los puntos oscuros que más preocupa a los representantes gremiales, teniendo en cuenta que “por no tener personal, los empresarios contratan a policías que cumplen horas extras y se les quita tiempo de descanso”, argumentó Fernando Brugaletta, secretario de Relaciones Institucionales de el Sindicato Único de Trabajadores del Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra).
En la provincia de Entre Ríos, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley para regular y controlar la actividad del personal que realiza tareas en lugares públicos, bares, boliches bailables y espectáculos musicales y de entretenimiento en general (conocida como Ley de Patovicas). Desde el Sutcapra recibieron con beneplácito esta iniciativa, aunque entienden que la provincia debería adherir a la ley nacional, que está en vigencia desde 2008.
Ante la necesidad de tener un marco legal que los regule, el dirigente especificó que “los legisladores habrían modificado algunas cuestiones a su propio gusto”, dando cuenta de que en otras provincias “se está tomando a personas formadas”.
Consignó que Entre Ríos “no se quiere adherir a la ley nacional, sino que se pretende avanzar en una reglamentación propia”, planteó el sindicalista en declaraciones a diario Uno.
En relación a la capacitación profesional que deberían tener los trabajadores del sector, Brugaletta explicó: “Un controlador tiene un año de capacitación, no solo educativa, sino tendiente al manejo de situaciones extremas de la seguridad. Planteamos que primero se dialogue y que después se controle, apuntando a las buenas costumbres”. Cuestionó que se llame “patovicas” a sus pares, atando su figura a “un estereotipo del hombre musculoso y agresivo”, reflexionó el dirigente. “La provincia tiene que adherir a la ley nacional. Tenemos la esperanza de que así sea. Hemos sido muy bien recibidos por el titular del Ministerio de Trabajo. Creemos que se puede mejorar la calidad del servicio”, enfatizó el dirigente.
Sin una norma que los regule, los trabajadores enmarcados en esta actividad navegan en la informalidad. El gremio cuenta con 7.000 trabajadores adheridos en el territorio nacional, pero todavía la legitimación para comenzar a prestar servicios en Entre Ríos.
Su representante legal, Joaquín Cavallo, aseguró: “No podemos actuar como sindicato, más allá de que tenemos el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Provincia”. Sin un relevamiento del personal que se desempeña en tareas de este tipo, el profesional dijo: “Llevamos varios meses trabajando para regularizar la situación, pero apostamos a que se logre la adhesión a la ley nacional”.
Arlettaz: “Es imposible crear una escuela de controladores”
El senador provincial por el Departamento Colón presentó la propuesta para sancionar una ley provincial que regule la actividad de control y admisión en boliches. Descartó que la Provincia vaya a adherir a la ley nacional y que se piense en la creación de una escuela de controladores. “Es imposible”, afirmó, debido al alto nivel “de costos y de organización”. Respecto del encuadramiento de la actividad el legislador sostuvo que “se vive una situación de anomia”.
Explicó: “Hoy vas a un boliche y te encontrás con una persona con una remera que dice seguridad y que no tiene ningún tipo de identificación”. El proyecto que tiene media sanción del Senado, necesita todavía tener el visto bueno de la Cámara baja. “Arranquemos por algo –en referencia al proyecto de su autoría–, después se puede mejorar”, dijo a Oscar Arlettaz.
“Buscan a los violentos y a los más fuertes”, expresó sobre el proceder de los empresarios al momento de elegir el personal destinado a esa tarea. Evaluó que en la provincia “no se produjeron accidentes graves, pero sí hubo golpizas”.
En su proyecto, propicia la creación de “un padrón de aptitud psicológica”, donde los trabajadores deberán presentar un certificado de antecedentes penales. El mismo establece la prohibición para que “miembros de la fuerza de seguridad” ejerzan esa función. Asimismo la iniciativa contempla la inscripción en un registro único, con la posibilidad para los beneficiarios de acceder a capacitación en derechos humanos y la identificación con una credencial. En ese marco precisó: “El 95 por ciento de los empleados del sector está en negro y con la ley vamos en la búsqueda de obtener un beneficio. El trabajador debe estar en blanco”. El senador del PJ entendió que “no cualquiera puede hacer un control”.
(La Nota digital)
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