Integrantes de comisiones vecinales de Paraná se reunieron para discutir modificaciones a la Ordenanza 8.311, que establece los principios, derechos y obligaciones de estas organizaciones. El encuentro se realizó en el Salón Mariano Moreno, donde militantes de más de 20 entidades barriales discutieron cambios en la normativa que permitan “mejorar” la relación con la Municipalidad, y que brinden herramientas tendientes a “llevar adelante sus finalidades como organizaciones comunitarias y sin fines de lucro”.
En ese contexto, Alicia Glauser, integrante de la vecinal Santa Lucía y ex titular de la Dirección de Vecinales municipal, planteó que “los vecinalistas trabajamos solidariamente muchas veces para concretar lo que el Estado no cumple, pidiendo hasta lo más elemental como agua y cloaca. En ocasiones tampoco podemos acceder a información pública valiosa que nos ayude a valorar objetivamente en qué se gastan los recursos municipales”.
Fue un encuentro que se realizó este martes en el Concejo Deliberante, y que convocó a integrantes de entidades vecinales de la ciudad. Hubo repetidas quejas por la solicitud de Certificados de Buena Conducta por parte del municipio y por la necesidad de colaboración en materia de transporte y comunicación.
El reclamo más escuchado por parte de vecinalistas tuvo que ver con el controversial “pedido de certificado de buena conducta para formar parte de listas que compitan por la conducción de una entidad”, vigente dentro del Artículo 26 de la Ordenanza desde 2012 y que fuera aprobado por el pleno de concejales de la ciudad. En aquel momento se fundamentó que a través de este requisito se podía “comprobar que el integrante de la vecinal no registraba antecedentes penales”. Al respecto, “hubo unanimidad de criterios en dos sentidos: en primer lugar en el uso discrecional por parte de la Dirección de Vecinales que, al decir de muchos vecinalistas, sólo lo solicita en ciertas ocasiones. Por otro lado, se acordó en la urgente necesidad de retirar dicha solicitud de la norma, dado que no garantiza que una persona no pueda cometer luego delitos ya formando parte de la vecinal, lo cual en dicho caso debería ser analizado por la justicia”.
También se avanzó en la posibilidad de implementar dos propuestas más: “la inclusión de las minorías a través de un sistema proporcional en las comisiones directivas y el establecimiento de acuerdos con el municipio para que le garantice a cada vecinal un piso de colaboración en materia de transporte y comunicación”.
En relación a la actividad, la integrante de la vecinal Santa Lucía y ex titular de la Dirección de Vecinales municipal, Alicia Glauser, calificó como “alentadora la posibilidad de avanzar en reformas de la Ordenanza”; y destacó: “Los vecinalistas trabajamos solidariamente muchas veces para concretar lo que el Estado no cumple, pidiendo hasta lo más elemental como agua y cloaca. En ocasiones tampoco podemos acceder a información pública valiosa que nos ayude a valorar objetivamente en qué se gastan los recursos municipales”. Por último, subrayó que “necesitamos rever puntos críticos de la norma que nos permitan ampliar nuestros horizontes como entidades sociales”.
Indica Análisis que del encuentro participó también el representante de la Defensoría del Pueblo, Horacio Gaitán, el titular de la Unión de Vecinales Miguel León y el concejal del Frente Amplio Unen Marcelo Haddad.
(La Nota digital)
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