El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, anunció que pedirá la anulación de los títulos de propiedad aprobados en los últimos años por la Dirección de Catastro y que abrió el camino para que particulares se apropiaran de unas 100.000 hectáreas de dominio público en el Delta entrerriano, fundamentalmente en los departamentos Victoria y Gualeguay. En la zona de La Paz hay 1.800 has. que también se van a analizar.
La decisión de Rodríguez Signes fue luego de sobrevolar ayer, durante casi cuatro horas, la zona en conflicto y donde se detectó no sólo la situación de usurpación de varios lotes propiedad de la Provincia, sino el estado de casi abandono de los predios que se arrendaron a particulares para la cría de ganado en las islas, la mayoría hoy desocupados y casi sin animales.
Por eso, indica El Diario de Paraná, otra decisión casi en firme que se podría adoptar en los próximos días es la rescisión de los contratos de arrendamientos firmados por la provincia en el marco de la Ley Nº 9.603 que declaró “sometidas al régimen de la presente Ley a todas las Islas Fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos, que al presente pertenezcan al patrimonio provincial o que en lo sucesivo ingresen al mismo por cualquier título o modo”.
El artículo 4º de la norma fija taxativamente que los predios arrendados “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”.
A bordo del helicóptero Bell de la Policía de Entre Ríos —una máquina que le costó a la Provincia 36 millones de pesos y que se desplaza a una velocidad máxima de 280 kilómetros por hora— Rodríguez Signes sobrevoló el Delta en compañía del Escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, quien tomó nota de la situación de cada uno de los lotes que fueron arrendados a particulares.
Luego de la inspección aérea —es la única forma de acceder a tierras que, si bien son jurisdicción de Entre Ríos, se encuentran en su mayor parte recostadas sobre el límite con las provncias de Buenos Aires y Santa Fe— el fiscal de Estado hizo dos anuncios: buscará la colaboración del Gobierno federal para pedir el desalojo de las tierras usurpadas, y además impulsará una norma que obligue a la Dirección de Catastro a volver atrás con la inscripción de planos registrales hechas por particularse sobre tierras fiscales.
Si bien la actual directora de Catastro María Emma Danuzzo de Labriola viene siguiendo esa política, hay situaciones hacia atrás que merecen una corrección, dijo Rodríguez Signes. “No sólo vamos a pedir la nulidad de esas inscripciones de lotes, sino que también vamos a llevar un planteo a la Justicia para ver si podemos recuperar tierras que han sido apropiadas mediante sentencias favorables en juicios de usucapión contra el Estado. Y en casos de usurpación, se pedirá directamente el desalojo”, aseveró.
Un cronista de El Diario acompañó el sobrevuelo que efectuó el fiscal de Estado y el Escribano Mayor de Gobierno, y observó en forma directa las grandes planicies de terreno en disputa, y la dificultad que existe en acceder para monitorear su situación. A ese imponderable, las grandes distancias, se agrega la falta de recursos y logística para llegar, y también el escaso control que suele haber en custodiar los bienes públicos. “El que arrendó estos campos es probable que no sepa bien dónde están”, se escuchó decir a los funcionarios.
El Delta entrerriano es hoy como un puzzle, para armar y desarmar. La provincia de Entre Ríos posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has).
Pero según la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares en el departamento Victoria, y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, aunque los privados se han apropiado, por un extraño mecanismo, de un volumen mayor, 58.500 hectáreas.
Los datos que manejan en el propio Gobierno son escandalosos: de los 70 predios propiedad del Superior Gobierno, 56 de ellos se encuentran mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva por parte de privados, la mayoría con domicilio declarado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Un dictamen del fiscal de Estado subrayó con claridad las islas del Delta son “bienes públicos”, y no “tierras fiscales”, como usualmente se las identifica, es decir “bienes de dominio público”, y que “los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado”. Y por eso mismo están “fuera del comercio”, con dos características esenciales: “inalienabilidad” e “imprescriptibilidad”, es decir que no se pueden vender ni enajenar, y menos aún a manos de un privado.
De acuerdo a ese razonamiento, “todas las islas” que “no pertenecieran de un modo irrevocable a la propiedad privada de los particulares” son “del dominio público perteneciente al pueblo de la Provincia de Entre Ríos, y que las tierras que han sido arrendadas están bajo la figura de “concesión de uso” por un plazo determinado.
(La Nota digital)
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