«Como un postre» le cayó al presidente de Uruguay, José Mujica, la decisión del gobierno argentino de entablar juicio penal y civil contra los líderes del piquete de Gualeguaychú que mantienen cortado el paso por el puente General San Martín desde fines de 2006.
Luego de conocerse la decisión del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de ordenarle al gobierno argentino a cumplir con decisiones judiciales de 2006 y 2007 y liberar la Ruta 136, bloqueada desde 2006 por asambleístas de Gualeguaychú que se oponen a la instalación de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos, el jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo que no se liberará el puente San Martín pero sí se entablará un juicio penal y civil a quienes cortan la ruta.
La primera reacción del gobierno uruguayo fue de suma cautela y silencio. Sin embargo, ayer se conocieron algunas respuestas, todas ellas muy escuetas y prudentes. En ese marco, Mujica fue consultado por la prensa acerca de cómo le cayó la decisión argentina. El mandatario respondió en forma muy escueta pero elocuente: «Como un postre». Más tarde, luego de participar en la inauguración de la primera planta de elaboración de diagnósticos clínicos en Laboratorios Celsius, dijo que prefería no hablar y que el tema se arregla solo, por «inercia».
«La política está jugada hace tiempo, lo que pasan son consecuencias; yo ya jugué lo que tenía que jugar, ahora espero sentado», se limitó a expresar el mandatario.
Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori señaló que el gobierno tomará con «mucha prudencia y serenidad» el desarrollo de las acciones que se pongan en práctica en la República Argentina.
«Uruguay no tiene que intervenir ni opinar al respecto. Estamos muy seguros de los intereses que estamos defendiendo, lo hemos hecho hasta ahora con fundamentos serios y me parece que Uruguay tiene que seguir por el mismo camino que ha emprendido, que es un camino serio y en el que hemos apostado a nuestra buena fe; esperemos que culmine exitosamente», dijo.
A la vez indicó que no lo tomó por sorpresa la decisión del gobierno argentino de apostar a la Justicia porque así lo había expresado la presidenta Cristina Fernández en Anchorena.
En tanto, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, discrepó con quienes dicen que la decisión de querellar contra los asambleístas de Gualeguaychú es una maniobra dilatoria para ganar tiempo. «No es esa la interpretación que le da el gobierno uruguayo».
«Estamos serenos, satisfechos y confiados con el avance que van tomando los acontecimientos y en este proceso debemos incluir los anuncios formulados por el gobierno argentino, de querellar contra los activistas que están bloqueando rutas, para dar paso a la actuación plena y determinante de la Justicia argentina», acotó el vicecanciller.
Dijo que la Cancillería reafirma la línea que ha marcado el presidente Mujica, teniendo «prudencia estratégica» para darle solución a este tema.
«No le vamos a pedir a Argentina que nos dé lo que no puede dar, hay que continuar alimentando la capacidad de negociación y no perder de vista que estamos ante la presencia de un conflicto por demás particular, dentro de un mundo común que tenemos que potenciar y preservar con Argentina», indicó Conde.
Sobre el tema del monitoreo uruguayo-argentino del río Uruguay, todo se centra en dos palabras: «Ciencia y transparencia; el primer concepto se explica porque no debe haber ningún límite a la actuación de la ciencia sobre el monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia), que deberá resolverse naturalmente y salvaguardando la soberanía uruguaya, con el derecho que tiene la empresa a preservar su funcionamiento en el marco del derecho privado y del tratado de inversiones en el cual esta se maneja.
De todos modos, es la ciencia la que debe dar la seguridad de que, efectivamente, no estamos contaminando ni dañando el ecosistema», expresó Conde en el semanario «La Hora 90».
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