El jefe del Registro Civil de Concordia, Alberto Arias, adelantó que por su condición de “abogado canónico” no celebrará uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Lo mismo afirmó Marta Covella, jueza de Paz en General Pico, que dejará esa responsabilidad en su suplente, Marcelo García Mossman. «Un funcionario no puede decir «yo no voy a aplicar la ley, que la aplique otro». Si lo hace, es pasible de sanciones administrativas como la remoción de su cargo o, eventualmente, un proceso penal por la figura de discriminación», explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
«Un funcionario público está obligado a cumplir la Constitución. Si la aplicación de estas normas le genera objeción de conciencia, lo que puede hacer es aplicar la ley y dejar salvada su posición pero, bajo ningún punto de vista, puede utilizar la objeción de conciencia para no aplicarla», dijo al diario La Nación el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y agregó: «La funcionaria no puede decir «yo no voy a aplicar la ley, que la aplique otro». Si lo hace, es pasible de sanciones administrativas como la remoción de su cargo o, eventualmente, un proceso penal por la figura de discriminación».
Gil Domínguez, además, recordó: «Sucedió lo mismo cuando se sancionó la ley de divorcio vincular, momento en que los jueces la aplicaban, pero dejaban asentada su objeción de conciencia, ya que esa ley hería sus creencias».
Por otra parte, la directora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, Mabel Remon, aseguró: «La función pública no se puede negar bajo ningún punto de vista. Eso es un acto de discriminación».
(La Nota digital)
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