Las agrupaciones que conforman la Comisión Provincial de la Memoria proyectan una reunión con el gobernador Sergio Urribarri para fijar políticas de cara a los juicios por el terrorismo de Estado que se desarrollarán en la provincia.
Se realizó la primera reunión en las instalaciones de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) la Mesa del Juicio y Castigo. Se trata de un espacio integrado por los diferentes organismos de derechos humanos que tiene como fin organizar diferentes actividades para el antes, el durante y el después de los procesos de juzgamientos a los genocidas en Entre Ríos. El 27 de julio se inicia en Paraná el juicio oral y público al ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy.
La idea es organizar jornadas de concietización a través de ciclos de cine y charlas. En definitiva, a lo que se apunta es a ocupar todo el espacio público posible. Por estas horas se garabatean ideas como hacer un “diario del juicio” para que queden registradas las jornadas que sin dudas serán históricas para la sociedad entrerriana. También se prevé comprometer a los medios de comunicación para que transmitan en directo las audiencias desde la sala de la Cámara Federal de Apelaciones, la instalación de una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de calle Urquiza 868 y fijar bloques en diferentes programas es otras las ideas que empezaron a surgir.
Pero en el seno de los diferentes sectores, nucleados en la Comisión Provincial de la Memoria, la principal preocupación es el tiempo que corrió y que corre. La agenda aprieta y algunas iniciativas que se creían concretadas aún no se concretaron del todo. De allí surgió la necesidad de pedir una reunión con Sergio Urribarri para delinear las políticas de Estado. Lo hicieron a través de una nota. “Queremos tener una charla en carácter de urgencia con el gobernador, ya que se vienen los juicios y no hemos cerrado varias cosas”, prologó Luz Piérola. Y agregó: “Nunca hemos tenido una charla con el gobernador. Queremos cuanto antes hablar con él para definir las políticas de derechos humanos”.
Uno de los puntos que inquieta a los integrantes de la comisión es la definición del organigrama del Registro Único de la Verdad, que desde el fallecimiento de Guillermo Mencho Germano se encuentra acéfalo. Piérola, como jefa de Despacho, está al frente de las cuestiones administrativas. “Se dictó una reglamentación interna desde la Subsecretaría de Derechos Humanos donde se legalizaron los cargos en cada uno de los lugares de la provincia. Pero falta definir el coordinador y el abogado”, contó la dirigente a El Diario. En la actualidad y desde la salida de Marina Barbagelata para asumir un Juzgado de Instrucción, el Registro se maneja con abogados “particulares”. Entre ellos se encuentra Marcelo Baridón, Álvaro Piérola y Florencia Amore, entre otros. “Faltaría institucionalizar a uno. Nosotros, en la comisión, ofrecemos a José Iparraguirre”, reveló. Pero hay dos temas que desvelan a los organismos:
–El Registro de Ex Detenidos de la provincia fue creado para conocer la realidad en que se encuentran aquellos que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado. Si bien se aprobó la ley que le dio creación, aún no hay presupuesto. “Estamos hablando de políticas nacionales en los que la Provincia tiene que alinearse”, pidió Piérola.
–La ley de protección a testigos y querellantes tuvo sanción definitiva en diciembre del año pasado. Para los organismos esta norma es urgente, pero aún también requiere de presupuesto. El proyecto tiene el objetivo de implementar medidas especiales de asistencia y protección de personas en los procesos penales donde se investiguen responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos, según expresa el texto aprobado. La iniciativa contempla fondos para el traslado de testigos, la seguridad y, sobre todo, un equipo de psicólogos para que los contengan.
La Comisión
El Poder Ejecutivo ordenó conformar una Comisión Provincial de la Memoria que se planteó como órgano colegiado integrado por un representante de cada organización. El mismo depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y lo conforman los siguientes organismos: Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos
Entrerrianos y en Entre Ríos (Afader), la Asociación de Ex Presos/as y Exiliados de Entre Ríos – La Solapa, el Colectivo por la Memoria, Verdad y Justicia de la ciudad de La Paz, el Colectivo de DD.HH de ayer y de hoy, la Comisión Provincial por la Memoria, Verdad y Justicia de la ciudad de Concepción del Uruguay, Familiares y Amigos de Desaparecidos y ex Detenidos de Nogoyá (Faden), Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de la ciudad de Gualeguaychú, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la Comisión Provincial por la Memoria Rosario del Tala.
(La Nota digital)
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