Dos ciudadanos manifestaron en una carta “la falta de idoneidad moral para el ejercicio del cargo, solicitando a éste tribunal no oficializar la candidatura”. Recordaron que el tres veces intendente de Santa Elena fue enjuiciado y condenado por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público.
Carlos Furman y Eduardo Ponce solicitaron mediante una carta la impugnación de la candidatura a la Intendencia de Santa Elena de Domingo Daniel Rossi. Fue ante el Tribunal Electoral.
Los firmantes explicaron que el pedido es para las elecciones primarias del 14 de agosto y las generales del 23 de octubre. Entre los argumentos, manifestaron “la falta de idoneidad moral para el ejercicio del cargo, solicitando a éste tribunal no oficializar la candidatura” y recordaron que el tres veces intendente y ex vicegobernador, fue enjuiciado y condenado por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en 2006.
Los ciudadanos se constituyeron como ciudadanos residentes en Santa Elena. “Que nuestra legitimación activa surge del simple hecho de ostentar el carácter de ciudadanos en condiciones de ejercer nuestros derechos político-electorales, activa o pasivamente, y como tales legitimados para el ejercicio de la presente acción”, alegaron.
“El impugnado Rossi se desempeñó tres veces como intendente de Santa Elena en distintos períodos constitucionales y una vez como vicegobernador de Entre Ríos. En el año 1998 fue denunciado por su ex cónyuge y oportunamente condenado por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público en el 2006, por Sala Segunda de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná a tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar como accesoria legal la suma de pesos noventa mil, fundando la sentencia, que se encuentra firme”, expresa la carta.
“La condena impuesta por la sentencia tuvo como efecto la separación inmediata del cargo de intendente de Santa Elena que en ese momento Rossi ejercía. Con la manifiesta intención de ‘presionar’ a la justicia, al juicio oral y público que se llevó a cabo concurrieron durante el desarrollo del debate un importante e inusual número de personas de Santa Elena, casi todas empleados municipales que gozaban de franco ya que Rossi (quien entonces ejercía el cargo de intendente) por decreto declaró ‘asueto municipal’, haciendo abuso de poder a través de manifestaciones de la voluntad del estado municipal , mas bien propias de una sociedad tribal que del estado democrático. El objetivo era que los empleados puedan concurrir y apostadas frente mismo a la sala de debate con carteles y pancartas vivaban su nombre, situación que provocaba la perplejidad, cuando no la risa de los transeúntes que circulaban por la plaza, juicio que sin embargo estuvo rodeado de todas las garantías constitucionales que aseguraron al imputado el debido proceso y el consecuente derecho de defensa en juicio”, remarcan en la misiva.
“El decisorio de marras condenó al ahora impugnado al no poder éste, tras el requerimiento judicial, justificar el sensible incremento que experimentó su patrimonio durante el ejercicio de los cargos supra indicados. Cabe señalar que la sentencia de condena fue confirmada en todas las instancias por los jueces o tribunales que entendieron en grado de apelación, incluso por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia y por la propia Corte Federal”, argumentaron.
Fuente: Página Política
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