La difusión de los listados de quienes reportaron durante la dictadura como servicios de inteligencia empezó a traer consecuencias. Los sindicatos ATE y CTA encontraron afiliados en sus padrones y decidieron impulsar la expulsión. Se trata de Carlos Carlevaro, Raúl Ernesto Sciascia, Rafael Ramón Andrés Julián y Luisa Eugenia María Begnis.
Representantes de organizaciones sociales y políticas que integran la Mesa del Juicio y Castigo ofrecieron ayer una conferencia de prensa para dar a conocer los nombres de agentes de los servicios de inteligencia que estaban afiliados a ATE y CTA.
Ambas organizaciones decidieron denunciar a estas personas que actuaron durante la última dictadura como informes del Terrorismo de Estado y notificaron la decisión de promover su expulsión a través de los mecanismos correspondientes.
Se trata de Carlos Carlevaro, Raúl Ernesto Sciascia y Rafael Ramón Andrés Julián, los tres aparecen como afiliados directos a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Luisa Eugenia María Begnis, empleada de Comunicaciones de Casa de Gobierno, afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y también a CTA.
“A partir de la decisión del gobierno nacional de difundir el listado de agentes de inteligencia que actuaron durante la dictadura, se inicio un gran trabajo de digitalización de archivos, de cruce de base de datos que nos permite tomar decisiones”, dijo Manuel Ramat, de ATE.
“Encontramos a agentes de inteligencia dentro de las filas de ATE y CTA y la decisión que tomó la comisión directiva es denunciar este hecho, comunicarla de inmediato a cada una de las seccionales y solicitar la inmediata expulsión apenas sesione el congreso que es el organismo que tiene atribuciones para hacerlo”, añadió Ramat.
“El engranaje de la dictadura tuvo una gran cantidad de pieza para funcionar. La acción de estas personas derivó en la desaparición, la muerte, el secuestro de miles de compañeros”, remarcó el dirigente que en este marco consideró “incompatible con la ética que estemos defendiendo los derechos de los trabajadores, recordando a nuestros compañeros caídos y tengamos la presencia de ellos en nuestras filas”.
Exhortó luego a “cada una de las instituciones” para que “cumpla con su parte” haciendo lo propio con el cotejo de sus padrones por cuanto “evidentemente esta política de infiltración ha sido generalizada”.
Pero además se extendió más allá de la dictadura por cuanto la CTA, que fue creada recién en 1992, también se vio afectada por la infiltración de estas personas cuando la democracia cumplía casi una década.
Luz Piérola, miembro de Afader y del Registro Único de la Verdad, puso como caso paradigmático del accionar de estas personas el de Mónica Torres que “fue subsecretaria de Derechos Humanos en el primer gobierno de Busti, que es increíble que haya estado junto a Pepita (Goyeneche), Amanda (Mayor), Carmen (Germano), Clarita (Fink), nuestras Madres”. “Es el caso de Astiz –remarcó-. Queremos investigar todos estos casos y estamos juntando firmas, con el patrocinio de Marcelo Baridón pero queremos que se sumen todos los abogados querellantes, para que el Poder Judicial investigue”.
“Hay compañeros que han desaparecido, no sabemos la suerte que han corrido y entendemos que estas personas pueden tener información clave”, añadió al respecto Ramat.
Pablo Churruarín, de la agrupación Nunca Menos, añadió que es importante que salgan a la luz estos nombres porque hay casos, como el de Ricardo Andrili “que es hoy candidato a concejal por la lista de Duhalde”.
Añadió que es importante, en este sentido, cotejar los listados con “los padrones de los partidos políticos” que es la tarea a la que se abocarán ahora desde la Mesa de Juicio y Castigo. “El mayor daño que hacen hoy por hoy es como docentes como es el caso de Andrili”, añadió Churruarín.
Participaron de la conferencia de prensa los representantes de CTA, Sergio Elizar y Luis Gálligo; Matías Germano, de Hijos; y Elena Arnaudin, de Agmer.
Fuente: Página política
(La Nota digital)
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