Tal como lo había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández envió un proyecto de ley que establece límites a los extranjeros para adquirir terrenos nacionales.
(nota del 30 de Mayo de 2011)
El tema no es nuevo. Varias veces, distintos diputados presentaron iniciativas en la misma senda, pero el aluvión comenzó el año pasado. La gran cantidad de proyectos ingresados desde distintos sectores políticos dio la pauta de que había un consenso general para avanzar en una ley de estas características y así fue.
Con tratamiento pendiente, pero promesa a cumplir de que será debatida en un plenario de las comisiones a las que fue girada – Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura, Ganadería y Pesca-, la iniciativa parece haber encontrado el momento de ser aprobada.
Como se muestra en el presente informe, la mayoría de los bloques parlamentarios están de acuerdo con el espíritu de la ley y tiene sólo mínimas diferencias en los detalles. A su vez, gran parte de las entidades rurales, con excepción de la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Agrarias, ven con buenos ojos el proyecto.
Vale destacar que el reclamo por una legislación sobre las tierras es histórico, desde el aniquilamiento de los pueblos originarios de la Patagonia durante las mal llamadas guerras del desierto, a las acciones poco loables con que se vendieron millares de hectáreas a Benetton y Tompkins, entre otros.
Tampoco hay que dejar de lado el conflicto de los indígenas, que desean recuperar las tierras que les pertenecen ancestralmente, aunque el papel legal diga otra cosa y haya permitido la venta y la concentración de los terrenos. Una de las principales críticas al proyecto del Poder Ejecutivo es que no contempla qué hacer con las demandas de los pueblos originarios. En el texto inicial, había un apartado, pero se eliminó para no entrar en un debate un tanto más polémico y así acelerar los tiempos parlamentarios. La solución para nuestros pobladores originales quedó, de esta forma, demorada.
Sin embargo, a pesar de distar de ser perfecta, esta ley es deseable y no se debe desatender que marcará un cambio en la geografía notarial de Argentina.
Historia de la concentración de tierras
En el territorio argentino está ubicada la segunda meseta más grande del mundo, la patagónica. Al sur del Río Salado, en Río Negro, y hasta el Estrecho de Magallanes es en su mayor parte árido debido a que los vientos que soplan vienen del oeste y dejan en la cordillera toda la humedad del Pacífico. Sin embargo, el ambiente es propicio para criar ganado bovino, además de las inmensas reservas de petróleo que hay debajo de la tierra. El mar del sur es una economía en sí misma. Al norte del Salado, el territorio es menos hostil y permite la pastura de ganado bovino y practicar a agricultura a gran escala.
Estas tierras inmensas y fértiles fueron consideradas y declaradas por los sucesivos gobiernos coloniales y nacionales como “desérticas”. Debe entenderse que este nombre no obedece a la realidad, sino a una construcción del concepto de Nación. Era un espacio vacío de significado y habitado por “no personas” para la visión de esa época, es decir, los pueblos originarios.
Estas tribus solían ser, en su mayoría, hostiles a los criollos y sucesivamente organizaban malones que azotaban los poblados de frontera. Las sucesivas campañas, como la de Don Juan Manuel de Rosas en 1833 o el programa de contención de Adolfo Alsina en la década de 1870, durante el siglo XIX buscaban el fin de incorporar a la Confederación ese territorio, es decir, purgarlo de indígenas y favorecer a los grandes latifundistas. Por esos días los únicos extranjeros que se adentraban a esas tierras eran gente pobre venida para apalear el hambre que sufrían en sus países heridos por guerras civiles y de unificaciones nacionalistas.
El interés de los latifundistas por cercar esa tierra para sí fue la que impulsó la Campaña del Desierto de Julio Argentino Roca en 1879. Esa vez, a diferencia de la Excursión de Rosas, la misión fue un éxito, ya que Roca consideraba que la única forma de terminar con el problema del malón era el exterminio. Innumerables miles de kilómetros cuadrados fueron incorporados al proyecto de la Generación que comenzaría a gobernar desde 1880. La Patagonia dejó de ser denominada como un “desierto”, aunque hayan sido masacrados la gran mayoría de sus habitantes originales en el cambio de nomenclatura.
En palabras de las actas finales de la campaña de Roca: “La superioridad intelectual, la actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios, se han quitado éstas a la raza estéril que las ocupaba”*.
Para una generación tan apasionada por los jurismos y el progreso resulta llamativo que no hayan sancionado leyes con el fin de regular la adquisición y explotación de tierras. Los europeos que huían de las guerras seguían llegando e instalándose, esta vez, como peones rurales. La población, junto con los chilenos y los pocos gauchos que quedaron, formó un frente que en 1921 se alzó contra la explotación patronal de los latifundistas ingleses, exigiendo derechos mínimos irrisorios. La crueldad de la represión del Gobierno y del ejército daría el nombre de los acontecimientos de la Patagonia Trágica o Patagonia Rebelde.
El vacío legal persistió, lo que sumado a gobiernos que abiertamente promovieron la venta de tierras a capitales extranjeros hizo que más del 10% del territorio nacional esté hoy en manos extranjeras. El caso paradigmático es el de la familia Benetton, quienes son los mayores propietarios de tierras del país, con más de 900 mil hectáreas de tierras a su nombre. Sus políticas son desde su llegada en 1991 de tolerancia cero hacia sus empleados, ya que han sido despedidos el 50% del personal, y hacia las comunidades mapuches de la región. Pero los Benetton no son los únicos que poseen cantidades exorbitantes de tierras y es destacable que, finalmente, comience a regularse la venta a extranjeros, por más que la ley no será retroactiva de ser aprobada.
*(Párrafos del Informe Oficial de la Comisión Científica agregada al estado mayor general de la Expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en los meses de abril, mayo y junio de 1879, bajo las órdenes del general Julio A. Roca (Buenos Aires, 1881)
Fuente: politicargentina.com
(La Nota digital)
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