Por Gerardo Rico. La masacre de Villa Moreno en Rosario debe ser el punto de inflexión que obliga al gobierno provincial a asumir definitivamente, tardíamente, el manejo de la cuestión integral de la seguridad. La inmolación de casi 500 santafesinos en las calles de Santa Fe Capital y Rosario durante el año 2011 es la sangrienta prueba del desmanejo y el desmadre de una situación agravada diariamente.
La sucesión de matanzas, que incluyó a menores, va en un ascenso progresivo, incrementándose la impunidad y el ya definido control territorial de bandas. Esto indica que la política de criminalizar a la víctima, y archivar las causas como “ajuste de cuentas” fue funcional al ya indudable crecimiento de los hechos que enlutan las principales ciudades.
Con un facilismo exasperante, y salvando la ropa del momento, se colocan motes como “con antecedentes”, “barra bravas” y se tira a las víctimas a las fauces de una opinión pública que justifica a veces en una generalización fascista lo que luego se vuelve contra el ciudadano común.
Los desprotegidos, los que mueren, los que no son escuchados, los que no están en la consideración de la estadística, los que mas padecen esto son los habitantes de los barrios mas humildes. Que a su vez son estigmatizados por el mismo funcionario público que debe darle mas cobertura y protección por su debilidad, y mas de una vez fueron víctimas del gatillo fácil.
La prolongación de la mano larga del crímen dentro de los institutos penitenciarios, constituye asimismo el universo que estamos tratando de desmontar.
Cuando el atentado al colectivo de NOB y el asesinato de un menor de 14 años, la población se enteró por La Capital del poderoso cartel de drogas y la disputa hacia el centro y norte de la ciudad. ¿Lo que un cronista se entera, es ignorado por la policía y su conducción política? ¿Lo que cualquier vecino sabe de los bunker sellados de venta de drogas, los ubica, los señala, y a veces los incendia o demuele, no es visto por la misma autoridad?
Son nuestros compañeros en las barriadas de ambas ciudades los que están en contacto permanente con estos hechos, de los que muchas veces son víctimas. Son los militantes, los referentes sociales los que batallan diariamente ante la ausencia de políticas oficiales no de represión, sino de contención, de control, de asistencia, de seguimiento.
Son nuestros compañeros los que ponen el pecho ante los delincuentes, ante la policía, ante el poder público que está ausente, que los expulsa ante cada profundo planteo. Se defienden con un escarbadientes y lo poco que podemos brindarles desde nuestras trincheras.
Nuestro Movimiento en muchos casos se ha hecho cargo de tutorías judiciales, de acompañamientos terapéuticos, de tareas de contención sin el mas mínimo apoyo oficial, y denunciando permanentemente la estigmatización de los niños y los jóvenes por el sólo hecho de pertenecer a barriadas humildes.
Y así justamente, estos pibes que cayeron muertos en la canchita del club oroño eran militantes sociales, que pretendían promoverse a ciudadanos desde sus saberes y problemáticas. Que su sacrificio no sea un mensaje a sus pares que el mundo es así, y hay que vivir así en la espiral inexorable de pobreza, marginación y delito. Muy por el contrario que sirva para abrir las mentes, para golpear las puertas de los poderosos, para unir a sus amigos y vecinos y hacer algo de lo que ellos estaban convencidos: desmontar definitivamente esta forma de vida, que no es la que libera sino la que esclaviza.
Citar el caso último, sintetiza un poco la desazón y la alarma, y también destapa la fétida urdimbre que se cocina. Un baleado sospechoso de la masacre se movilizaba en un auto importado a nombre de un reconocido abogado penalista de Rosario, y su internación en el Hospital no fue registrada por la guardia médica. Es un indicativo, de la impunidad estructural, donde conviven abogados, policías y algunas veces –por indolentes y justificatorios- muchos funcionarios del poder político.
Mientras las cárceles están pobladas de rateros, ladrones de gallinas, criminalizada su pobreza sin derecho a un servicio de justicia, del que sí gozan los que conducen la matanza en las calles -esos están libres-
El poder político, el ejecutivo no controló esta sucesión de hechos por ineficiente, timorato, marketinero, declamatorio, y el inclumplimiento de sus deberes ensangrentó las barriadas.
En los 4 años de gestión de Binner nada se hizo, y los equipos dedicados a la seguridad -pasando por el payasesco Ghirardi- en varios enroques: sigue siendo el mismo que hoy pasa a la gestión de Bonfatti.
No existe una política integral que aborde la violencia barrial, de género, de control de la venta de drogas.
La corporación judicial -la misma que permite la espera de sentencia en libertad de los criminales de lesa humanidad- con su indolencia, y sectores policiales en franca connivencia completan un preocupante cuadro de situación que desencadena los hechos que hoy vivimos y la sociedad contempla con asombro. La verdad es que el poder político no controla, no conduce, y los peores y mas cuestionados sectores policiales con total independencia, conviven y cohabitan en una virtual colombianización de las ciudades.
Es imprescindible la inmediata convocatoria a un Comité de Crisis, que involucre a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a las autoridades municipales del área, a las Unidades especiales de Policía Provincial y Federal y al servicio Penitenciario.
Se debe monitorear en conjunto el avance de las investigaciones, y cómo enfrentar eficientemente este estado de cosas, que trasciende con dureza la fuerza de la comisaría y el delito convencional.
Si no se toman urgentes medidas protectivas a la sociedad en su conjunto, cada gota de sangre caerá sobre los responsables políticos de la indolencia y la ineficacia.
* GERARDO RICO Diputado Provincial, presidente del Bloque Movimiento Evita y dirigente nacional de ese sector fue durante los 4 años anteriores vicepresidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la legislatura santafesina, que hoy preside el Diputado Eduardo Toniolli.
Sus equipos, como los de la Fundación Igualar, fueron permanentes reclamantes de los hechos de violencia que hoy nos toca lamentar, ante el silencio y traba de gestiones por parte del gobierno provincial.
Hoy analiza exhaustivamente el caso de los crímenes en los barrios de Santa Fe y Rosario.
(La Nota digital)
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