Por Lucia Alvarez. Lo dijo el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour al rechazar el pedido de aborto de la familia porque “no amerita” desde el punto de vista médico, ignorando que la interrupción de ese embarazo no es punible según el Código Penal.
Con total desconocimiento del Código Penal y las guías y protocolos sobre salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, el titular de la cartera sanitaria de Entre Ríos, Hugo Cettour, expresó que la justicia no debe hacer lugar al pedido de interrupción del embarazo de la nena de once años abusada sexualmente, y argumentó: “Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia: una vez que tiene su primera menstruación, el cuerpo está preparado.”
La frase generó en pocas horas numerosas críticas de profesionales de la salud, funcionarios provinciales y organizaciones sociales, quienes reclamaron que se preserven los derechos de la pequeña y se investigue el abuso. Sin embargo, voceros del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, prefirieron no opinar sobre el tema, una actitud habitual en relación a los abortos no punibles, pero sorprendente en este caso por la relevancia de los dichos.
Una posibilidad que se estaría evaluando es que el gobierno nacional presente un amicus curiae ante la justicia entrerriana para permitir la interrupción del embarazo, tal como hizo la Secretaría de Derechos Humanos en el caso de una joven de 15 años, violada en la provincia de Chubut, en el año 2009.
Tiempo Argentino intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Hugo Cettour, pero sólo al final del día sus voceros anunciaron: “Se optó por el silencio. Esa es la decisión política.” En diálogo con radios nacionales, Cettour había precisado que se había entregado al juez a cargo un informe elaborado por el equipo médico que revisó a la niña, en el que se afirma que está en condiciones de continuar con el embarazo. Sin embargo, profesionales del Hospital de San Salvador, el primer centro de salud donde evaluaron a la niña, estimaron que “no tiene la evolución necesaria, ni física ni psicológica, para tener un hijo, con escaso desarrollo de sus mamas y de sus huesos pélvicos, por lo que la justicia debe tomar una decisión cuanto antes, ya que hasta la misma operación de aborto puede llegar a tener riesgos para su salud.”
La niña pertenece a una familia humilde de General Campos, un municipio a 200 kilómetros de Paraná. El pasado 4 de enero, según precisaron desde el Diario Junio, asistió al Hospital de San Salvador por un fuerte dolor abdominal. Allí descubrió que tenía un embarazo de diez semanas. La familia solicitó la realización del aborto, pero desde la dirección de la institución le recomendaron que haga la denuncia e inicie un proceso judicial, que finalmente encaró la abogada del hospital, María Susana Benítez. La causa se abrió inicialmente en la ciudad de Colón y luego ante el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo durante la feria del magistrado Raúl Tomaselli, quien todavía no tomó una decisión. La niña declaró en cámara Gesell que el agresor fue un joven de 17 años, cercano a la familia.
Según la Guía Técnica de Atención Integral a los Abortos no Punibles y el Protocolo de Atención Integral de Personas Víctimas de Violación Sexual, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación, la intervención debió haberse realizado sin la intervención de la justicia. El Código Penal estipula en su artículo 86 que en los casos de violaciones o cuando corriese riesgo la salud o la vida de la mujer, la interrupción del embarazo es legal. Ambas situaciones están en juego en el caso de esta niña. Si bien inicialmente se habló de una relación sexual, la legislación argentina establece que una menor de 13 años no puede dar consentimiento a un acto sexual al no contar con la madurez biológica para hacerlo.
(Tiempo Argentino)
RELACIONADAS
GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES
LA NOTA digital 