Por Lucas Carrasco. El ejercicio de la vicepresidencia cumpliendo la Constitución por parte del vicepresidente Amado Boudou evidentemente aburrió a muchos. Había más adrenalina cuando el transpartidario Julio Cobos violentaba la República y el Estado de Derecho precisamente en nombre del Estado de Derecho y la República.
Esa sola mirada basta como metáfora de que, apenas tres o dos años atrás, muchas de las cosas que fortuitamente ocurren hoy podrían haber resultado espantosas. La licencia de Cristina, por empezar. El traspaso del subte a la órbita correspondiente -no es justo que la totalidad de las provincias financien un transporte que sólo existe en un distrito- y la eliminación de subsidios a las empresas privatizadas de servicios públicos -no es justo que la totalidad de las trabajadores de las provincias, con sueldos más bajos y servicios más caros, subsidien la metrópolis- son decisiones estratégicas encaminadas a afrontar las nuevas condiciones de la economía, pero también deudas históricas que arrastran varios gobiernos.
Tal como se arrastra la costumbre de sucumbir al eterno lamento de las patronales agropecuarias para ser subsidiadas, de manera que los empresarios más ricos del país privaticen las ganancias y socialicen sus pérdidas. Pero estas decisiones se toman después de que el resultado electoral corriera el telón de la crispada minoría, que, bajo la conducción de las corporaciones y de las monopólicas de prensa en particular, impedía blanquear las relaciones de fuerzas realmente existentes.
La totalidad de las medidas económicas tomadas en la última etapa tienden a sostener el rumbo estratégico con fortalecimiento del mercado interno, ampliación del trabajo, la inclusión social, sustitución de importaciones, aumento de las capacidades estatales y promoción de la inversión y las exportaciones con agregado de valor.
Pero estos grandes enunciados tienen sus idas y vueltas en el día a día y se insertan dentro de un marco de relaciones de fuerzas, condicionalidades políticas y más que nada en un contexto económico mundial de incertidumbre.
Si se afina la mirada, la economía está tornándose defensiva, como un boxeador que debe enfrentar a un contrincante que desconoce. La valoración de las propias fortalezas y debilidades de la economía argentina no alcanza para sortear la crisis mundial, porque se desconoce su rumbo y vienen fracasando las medidas para atenuar esos efectos.
La política, que en los tiempos neoliberales era vista como “metida” en las “leyes naturales” de la economía, hoy es reclamada tanto por los ultramontanos de las calificadoras de riesgo o la Mesa de Enlace cuanto por los cándidos neoconservadores verdes que prefieren el desempleo y la miseria (pero de los riojanos) antes que violentar el medio ambiente.
La política no opera en abstracto, sino que se encarna en líderes, en cuerpos que sostienen ideas, proyectos, aspiraciones, y es por eso que la vuelta de la Presidenta concita la atención de todos los actores políticos en la escena nacional. Después de todo, incluso los opositores que no están de vacaciones no habían cambiado su libreto tras la durísima derrota propinada por las urnas: la licencia de Cristina es cambiarle los papeles, cosa que siempre requiere de un esfuerzo adicional.
El avance del piso conquistado por la sociedad argentina lleva a afinar los debates que atraviesa la coyuntura en materia monetaria, de transporte, ambiental o energética. Los efectos de la profundización del modelo son profundizar el debate. Y la sociedad debate sintonías finas al ritmo de las sintonías finas que se le aplican al modelo. Así, es posible encontrar quienes adhieren a los trazos gruesos del modelo kirchnerista pero no avalan la Ley Antiterrorista (o viceversa) o se alinean con los neoconservadores verdes contra las provincias pobres en materia industrial y con los neoconservadores amarillos en materia de servicios públicos en los distritos ricos.
El contexto es posibilitado por las vacaciones argumentativas de la oposición, pero también por el debate al interior del peronismo sobre la sucesión de Cristina, que anticiparon dos gobernadores como Capitanich y Urribarri al traspasar sus creencias religiosas privadas (las mismas que comparten con la Presidenta de la Nación) al ámbito estatal como gesto provocativo hacia el respeto a la pluralidad que siempre fue un valor del kirchnerismo. Capitanich, pidiendo una banca legislativa para Dios y Urribarri, pasando por alto el código penal y la salud de una niña, no sólo ventilan su conservadurismo cerril y antediluviano sino que además se encargaron de que esas posiciones fueran conocidas fueras de sus respectivas provincias, como manera de posicionarse a la derecha del kirchnerismo en el marco de una futura sucesión.
Tanto el desafío partidario de Daniel Scioli como la renuncia al viento de Hugo Moyano se inscriben dentro del mismo análisis político pero sin saltar del proyecto político que lidera la Presidenta. El problema, graficado en la telenovela de Scioli y Moyano (bajó de cartelera por falta de rating), es que se trata de proyectos enfrentados entre sí, igual que compiten por el mismo asiento en la platea Capitanich y Urribarri.
En cierto sentido, aunque pretendan lo contrario, esto reafirma el liderazgo de Cristina, la única que puede ordenar los diversos intereses de actores políticos e institucionales disímiles. Es esa la lectura correspondiente también a la hora de comprender las paritarias y la definición del reparto de los ingresos que se está decidiendo, sin estridencias, en los ámbitos estatales correspondientes. La sobreactuación de la familia Moyano era, como en los actores noveles, previsible. El final de la obra no puede sorprender a nadie.
(diario Crónica)
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