Organizaciones sociales, ciudadanos, e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentaron el lunes en el Senado un pedido de impugnación al juez Raúl Tomaselli, quien solicitó “peritajes médicos innecesarios para interrumpir la gestación de la menor abusada y embarazada de General Campos, cuando surge de artículos del Código Penal de la Nación, que no es necesario peticionar una autorización judicial para realizar la práctica médica”.

Lo confirmó a la agencia AIM la dirigente de la filial Paraná de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Silvina Calveyra.

La dirigente relató que el 30 de enero “presentamos ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores, una impugnación a la propuesta del Poder Ejecutivo Provincial para la designación del doctor Raúl Eduardo Tomaselli, como juez de Familia Civil y Penal de Menores 1 de Concordia”.
Calveyra explicó que frente al lamentable episodio de la niña de 11 años embarazada a consecuencia de una violación, “nos enteramos que Tomaselli concursó y quedó segundo en la terna en Villaguay. Estos concursos se realizan a través del Consejo de la Magistratura; luego pasan al gobernador para que éste designe y después al Senado para que les de Acuerdo, con un tiempo para que los ciudadanos impugnen. Eso es lo que hicimos, impugnar la designación de Tomaselli”, afirmó.
Según explicó, las organizaciones confían que el Senado responda positivamente a la impugnación de Tomaselli, ya que además, habría otro magistrado que obtuvo mayor puntaje. “No es la primera vez que el juez tiene cuestionamientos a su función y por eso nuestro objetivo fue hacer notar la más profunda preocupación sobre la designación para el cargo de Familia y Menores, por considerar que el mismo no reúne las condiciones indispensables para desempeñar sus funciones ya que, en este caso, actuó haciendo caso omiso de los cuerpos legales vigentes”.

Historia
La niña fue sometida a la cámara Gessel, lo que permitió conocer la identidad del presunto padre, un menor de edad. La causa fue entonces remitida al juzgado de Colón, porque el hecho y la denuncia se iniciaron en San Salvador; pero como la nena vive en Concordia la abogada María Susana Benítez, en representación de los intereses de la menor y su familia, convino presentar en esa ciudad la acción jurídica.
De todos modos, el juez de familia, Raúl Tomaselli, negó primero tajantemente la presentación pero luego dijo estar muy ocupado y consideró posible no haberse enterado aun de ella, a pesar de que todos los papeles están en orden con sus sellos y fechas correspondientes. “Habrá que ver si me dan los plazos para resolverlo” dijo abriendo un amplio abandono de posibilidades.
Presionada, el 19 de enero, a familia de la niña de 11 años abusada y embarazada de General Campos, retiró el pedido de aborto no punible.

(La Nota digital)

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