Representantes del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF), de las comunidades Charrúas y agricultores/as vinculados a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, delegación Entre Ríos encabezados por su titular, Arturo Casalongue, estuvieron presentes en el Encuentro Nacional por la Tierra.
Las jornadas tuvieron como objetivo contribuir a mejorar y ampliar las políticas públicas acerca de la problemática de la tierra en la Argentina. En total participaron 1420 productores familiares, pueblos originarios, campesinos y técnicos a los que acompañaron autoridades nacionales, provinciales, municipales y otras instituciones relacionadas a la actividad.
Una delegación de 20 personas viajó en representación de Entre Ríos al debate por la problemática de la tierra que se desarrolló en Salta. El trabajo se realizó en comisiones que analizaron durante los tres días seis ejes: Seguridad en la posesión de la tierra, Acceso a la titularización de la tierra, Tierra y juventud, Acceso a la justicia en relación a la tierra, Propiedad comunitaria indígena, Arrendamiento y tenencia de la tierra.
Tal como estaba previsto, el documento final fue entregado por el FoNAF a las autoridades presentes, entre ellas, el Subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Guillermo Martini, la delegada de la Subsecretaría en Salta, Cristina Sánz, los senadores nacionales, Ana María Corradis, de Santiago del Estero, y Osvaldo López, de Tierra del Fuego; el secretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de Salta, Lucio Paz Posse, y el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Santiago Godoy, entre otras autoridades.
Entre sus principales puntos, el documento requiere: la Creación del fuero rural en el poder Judicial, el Urgente tratamiento y sanción de la ley de emergencia territorial, Asesoramiento legal y gratuito en todo el país, Tener seguridad jurídica en contratos, comodatos y tiempo de duración para tener la posibilidad de realizar actividad rentable para adquirir su propia tierra y vivienda.
Además, la sanción de una Ley de titulo comunitario con prohibición de actividades que contaminen, modifiquen y/o alteren el medio ambiente y los recursos naturales. Que se aplique lo que dice la Constitución Nacional en sus artículos 41 y 43. La Coordinación de políticas nacionales, provinciales y municipales a favor de la tenencia de tierra, re discutiendo el arrendamiento. Según expresa el documento, el arrendamiento no se observa como una herramienta viable de modo de tenencia de tierra para los agricultores familiares.
En cuanto a las Subsecretarías, el escrito pidió la Capacitación y apoyo financiero para los jóvenes de la Agricultura Familiar para posibilitar el arraigo, la creación del ministerio de la Agricultura Familiar, la Institucionalización del área de tierras de agricultores familiares en la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación
En otro tramo, se solicitó que los funcionarios judiciales se interioricen en las problemáticas reales de los agricultores familiares, que las personerías jurídicas de las comunidades indígenas sean públicas, que se incorpore al código civil el acceso a la titularidad comunitaria a las comunidades campesinas y o agricultores Familiares que lo soliciten, y entrega de títulos a Pueblos Originarios y productores de la AF.
Asimismo, el escrito manifiesta la necesidad de declarar la soberanía alimentaria como política de Estado y prioritaria para lograr el bienestar de los agricultores familiares. En ese sentido, se solicitó la creación de un Banco de Tierras en cada provincia y que el Estado pueda comprar a la Agricultura Familiar para abastecer el mercado local además escuelas, hospitales, etc.
En otro tramo de lo expuesto por el FoNAF se pide el control a la megaminería. «No al uso del cianuro», y que se reglamente la consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas. «No a la megaminería». Por otro lado, se pidió que se garantice la continuidad de la ley 26.160 definitiva. Se inste a las provincias a la aplicación inmediata y efectiva de la ley 26.160 y 26.554, la Aplicación de la ley de bosques nativos e impulsar alternativas a la construcción de represas hidroeléctricas.
Fuente: Análisis
(La Nota digital)
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