El secretario de Interior de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Entre Ríos, Fabián Monzón indicó que con la asesoría legal del sindicato, 16 de los afectados por sanciones del Consejo General de Educación (CGE) presentaron “apelaciones de jerarquía” al Ministerio de Educación.
La resolución Nº 1300 del organismo provincial penalizó con exoneraciones, suspensiones y cesantías a 29 trabajadores del organismo por “irregularidades en la liquidación de haberes”. Se busca con esto que se “revea” la medida, comentó tras subrayar que en algunos casos la sanción es “desmedida”.
En tanto desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el adjunto Manuel Ramat, confirmó que ellos también asesoraron a algunos penalizados: “No defendemos prácticas indebidas; si lo hicieron cada uno es responsable”, advirtió.
Los primeros días de mayo, una resolución que lleva el Nº 1300 del Consejo General de Educación (CGE) y que tiene fecha 25 de abril, estableció diferentes sanciones para 29 empleados del organismo por “irregularidades en la liquidación de haberes”.
El vocal del Consejo, Héctor de la Fuente, detalló oportunamente que cuatro trabajadores fueron exonerados, siete cesanteados y 18 con suspensiones de 30, 20 y 10 días.
La sanción fue por hechos detectados en 2008 y que entre otros puntos, aludía a liquidaciones indebidas con sumas de dinero a favor de ellos mismos o de terceros.
Desde UPCN, Fabián Monzón, anunció que el sindicato brinda asesoramiento legal a varios de los penalizados. En esta línea, hizo saber que se presentaron “16 apelaciones de jerarquía” a la sanción.
Entre los defendidos, se halla la delegada de ATE en el CGE quien “se volcó a nuestro sindicato porque no se le brindó la protección que necesitaba o quería”, comentó el gremialista.
La medida del Consejo dio por finalizada una investigación sumaria que se inició hace casi cuatro años y cuyo expediente estuvo frenado al menos un año y medio. Por eso recién ahora se conocen las penalizaciones.
“Se abrió una nueva instancia que UPCN encaró presentando recursos de apelación jerárquica ante el Ministerio de Educación, para pedir la revocatoria de la sanción o la disminución de las penas que se plantearon”, amplió Monzón.
“Se hicieron las presentaciones en tiempo y forma para garantizar el derecho de defensa de los trabajadores y ahora se espera una resolución”, agregó.
Sanción “desmedida”
“Creemos que la sanción en algunos casos es desmedida, atendiendo que hay otra instancia judicial que no ha tenido definición, la cual puede avalar o modificar las sanciones”, opinó el dirigente gremial sobre la denuncia penal que el CGE presentó contra estos empleados.
“Son distintas las situaciones. Al menos en lo que nosotros analizamos, se han cometido errores de liquidación y entendemos que la medida debe ser revisada por las autoridades competentes”, argumentó en declaraciones a la agencia APF. Graficó luego: “Hay casos de personas que devolvieron el dinero e igual se las sanciona”.
El secretario de Interior de UPCN, planteó la cuestión administrativa que contextualiza las irregularidades denunciadas. Cabe señalar que según el vocal De la Fuente la acción disciplinaria fue porque a estos 29 empleados “se les atribuye haber liquidado e ingresado indebidamente al sistema informático sumas de dinero en diferentes conceptos a favor de terceros o de ellos mismos”.
Monzón sobre este punto aclaró: “Hay gente que cobró en los primeros días de mayo (2008) su sueldo, el que retiró de su cuenta porque se le había depositado. Puede haber sido errónea la suma. Pero los recibos llegan mucho después. Por ende era muy difícil comprobar si correspondía o no ese total. Esto pasó en la mayoría de los casos”.
Por eso “hay cuestiones que hay que profundizar en la investigación. Creemos que todo el sistema del Estado debe ser transparente y debe estar sujeto a las revisiones necesarias que hagan que esa transparencia sea efectiva”.
“Se los puso a todos en la misma bolsa cuando hay una situación administrativa real. Agentes que no tenían el recibo hasta mucho después, como para chequear qué cobraron”, puntualizó.
“Si lo hicieron cada uno es responsable”, sostuvo ATE
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el secretario adjunto, Manuel Ramat, confirmó que ellos también brindaron asesoramiento a algunos trabajadores sancionados.
“Entre los afectados había afiliados a los sindicatos estatales y no afiliados”, señaló sin poder aportar datos de cuántos de éstos corresponden a la entidad gremial que él representa.
“Hubo gente afectada que recibió el asesoramiento legal. A algunos no le correspondía la pena y se los sacó de la sanción”, expresó. Luego agregó que en este caso “no corresponde una acción gremial”.
“Al afiliado que pidió asesoramiento, se le dio ese derecho. Pero no hay un reclamo gremial. De las acciones se hace cargo cada uno. No hay una protección corporativa, nosotros defendemos a los trabajadores, no defendemos prácticas indebidas. Si lo hicieron, cada uno es responsable”, declaró.
Fuente: Análisis
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