Los dirigentes Dionisio Acosta y Carlos Ríos fueron condenados e inhabilitados por las irregularidades ocurridas entre 1999 y 2003, cuando estuvieron al frente de la Municipalidad.
La ruptura de un pacto político-familiar derivó en una denuncia penal, que terminó ayer con una condena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos.
Los protagonistas son los justicialistas Dionisio Acosta y Carlos Ríos, quienes estuvieron al frente de la Municipalidad de San Benito entre 1999 y 2003. Ambos fueron denunciados por Patricia Aguirre, que era empleada de la Municipalidad y vocal de la junta de fomento durante la gestión que encabezó su cuñado Dionisio Acosta.
Aguirre entendió que cayó en una trampa orquestada por Acosta y Ríos, que en su calidad de presidente de la junta y secretario de Gobierno respectivamente, se vengaron de su intento por dejar su cargo en la junta.
Como Acosta era pariente del presidente de la junta–cargo similar al intendente– Aguirre le dejaba documentos firmados en blanco para que su cuñado, ante cualquier eventualidad, pudiera formalizar un trámite en su ausencia, porque ella apenas fue elegida se fue a vivir a Buenos Aires. Al parecer, los acusados utilizaron uno de los documentos firmados en blanco que dejaba Aguirre y le redactaron la “renuncia irrevocable” a su cargo de empleada. Esta maniobra habría sido porque la mujer supuestamente quería dejar el puesto de vocal de la junta, debido a que los dirigentes opositores cuestionaban que viviera en Buenos Aires y se desempeñara en un puesto similar al de concejal en San Benito. Aguirre fue electa en 1999 y en marzo de 2000 ya estaba afincada en la provincia de Buenos Aires.
Supuestamente, ella presentó su renuncia al cargo de integrante de la junta de fomento en 2002, pero la renuncia nunca fue tratada por el órgano deliberativo de la junta y jamás apareció. Si Aguirre renunciaba como vocal hubiera tenido que asumir una mujer que era opositora a Acosta.
En fallo unánime, el tribunal integrado por el juez de Instrucción Ricardo Bonazzola y las camaristas Marcela Davite y Marcela Badano condenó a Acosta y Ríos a tres años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de la pena. Los delitos que les endilgó fueron Falsificación de documento público y privado en concurso con abuso de poder agravado.
La pena aplicada fue menor a la solicitada por el fiscal Ignacio Aramberry, que en los alegatos requirió la pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimento efectivo para el expresidente de la junta de fomento de San Benito Dionisio Acosta y su exsecretario de Gobierno Carlos Ríos porque supuestamente despidieron injustamente a una trabajadora de planta permanente que había pedido licencia sin goce de sueldo. Ambos habían llegado a juicio acusados de los delitos de Abuso de firma en blanco y falsificación de documento público. También el fiscal había peticionado que sean inhabilitados para ejercer la función pública durante seis años y ocho meses.
Por su parte, los abogados querellantes Javier Martínez y José Atencio pidieron que Acosta y Ríos sean condenados a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento público.
En Casación ante el STJ
Martín Navarro, defensor de Ríos, y Jorge Leitner e Iván Vernengo, representantes de Acosta, irán en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia porque están disconformes con la condena aplicada por el tribunal. Además cuestionaron en el debate la calificación legal que impuso el fiscal por entender que se estaba violando el principio de congruencia. Otra cuestión que reprochan los defensores es la falta de pruebas, que según alegaron es total.
Los fundamentos del fallo se conocerán el martes 16 a las 8. Desde ese día, las partes tienen 10 días para recurrir ante la Sala Penal de STJ. Los defensores, el fiscal y la querella pueden pedir la revisión de la sentencia.
Fuente: Diario Uno
(La Nota digital)
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