Un texto sobre el cierre de whiskerías se analiza en el Senado provincial. Claudia Carranza (AMMAR) afirmó que no convocaron a la organización, y reclaman poder fijar postura.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en la provincia, Claudia Carranza, reclamó que el Senado convoque a la organización para fijar postura sobre el proyecto de ley que estudia prohibir “en todo el territorio de la Provincia la instalación, sostenimiento, administración o explotación bajo cualquier forma” de locales donde “sus propietarios o administradores obtengan un lucro por la explotación sexual de terceros”, y fue presentado por el representante de Islas, Eduardo Melchiori.
“No fuimos convocadas, lamentablemente”, confirmó la secretaria general de AMMAR, y agregó que han dejado en la Cámara la iniciativa que impulsan a nivel nacional de regulación del trabajo sexual. “Hasta hoy no nos han llamado”, agregó, aunque destacó que mantuvieron reuniones con algunos diputados provinciales, a quienes también les entregaron el proyecto.
“Nos interesa conocer el texto y exponer nuestra postura”, reiteró quien también integra el triunvirato que dirige la asociación a nivel nacional. Específicamente, Carranza señaló: “Queremos hablar de las cosas que pasan cuando cierran un boliche, decir qué pasó con Córdoba, qué está pasando en Paraná; no funciona como lucha contra la trata sino que hay zonas liberadas y eso no ayuda a nadie, muchos menos a las trabajadoras sexuales que siguen siendo invisibilizadas y clandestinizadas”. Y amplió: “De esta forma, desconocemos a dónde están yendo las compañeras a trabajar, y el regenteo no se termina, al contrario, se sigue en mayor negociación y con presencia de poder policial”.
La presidenta de AMMAR insistió en la necesidad del “respaldo y las garantías de derechos legales” para las trabajadoras del sector, y sostuvo que la ley de trabajo sexual: “Seria lo único que nos va a dar la herramienta para empezar a combatir la trata de otra manera, no desde el poder sino desde la garantía de derecho de que cada compañera está a salvo por el Ministerio de Trabajo y de Justicia”. En diálogo con Recintonet, explicó: “La ley nos permitiría hacer denuncias desde la organización nacional, porque al no poder ser querellante o denunciante también nos afecta. Hay compañeras en casos de situación de explotación que pueden tratar de hacer una denuncia, pero van con nombre y apellido, y lamentablemente los nombres y apellidos después sufren las consecuencias”.
Finalmente, anticipó que en noviembre harán un debate público en Paraná para dar a conocer el proyecto de ley que promueven, y aseveró: “En algún momento tendrán que escuchar la voz de las trabajadoras sexuales”.
Fuente: RecintoNet
(La Nota digital)
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