Los contadores públicos Fernando Lenardón y Raúl Rode detallaron ciertas “irregularidades” en el proyecto de reactivación del Puerto Ibicuy. Ambos auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia, testimoniaron este viernes en la Causa Pacayut, que investiga el destino que tuvieron Aportes al Tesoro Nacional (ATN) para la reactivación y remodelación del Puerto Ibicuy.
Dijeron que les llamó la atención que por varios años la provincia estudió llevar a cabo ese proyecto y al momento de concretarlo, apareció una Sociedad de Fomento que se hizo cargo, realizó la contratación con una empresa privada y luego “volvió esas actuaciones al Estado”. Hablaron sobre los anticipos financieros, la devolución de los mismos a través de los certificados de obra, y sobre el incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y la Ley de Contabilidad de la provincia. Por otro lado, también testimonió el actual presidente del Instituto Portuario provincial. El debate que ya lleva cinco audiencias orales se reanudará el lunes a las 9, con la ampliación de la declaración indagatoria a Félix Abelardo Pacayut.
Se desarrolló una nueva audiencia oral y pública que ventila la Causa Nº 5.704/484. El juicio tiene siete imputados entre los que se encuentra el ex legislador del PJ, Félix Abelardo Pacayut, sobre quien ya pesa una condena de tres años y cuatro meses de prisión, más inhabilitación perpetua y una multa de 45.000 pesos. El resto de los acusados son Carlos Pacayut (hermano del ex senador); Norberto Durrels; Rafael Morana; Alberto Gavio; Julio Ivanovich; y Carlos Lovera. A todos se les imputa la figura de peculado.
El debate que comenzó esta semana ya lleva cinco jornadas, y continuará el lunes con la declaración indagatoria de Félix Abelardo Pacayut. En tanto, para el martes y miércoles está previsto que las partes desarrolles sus alegatos.
“En un informe dejamos asentadas algunas irregularidades”
El contador público y auditor del Tribunal de Cuentas de la provincia, Fernando Roberto Lenardón, contó que él tuvo que “comenzar a asistir en el ‘97 a la Municipalidad de Ibicuy. Además, se me pidió que hiciera algunas tareas de control al Puerto. Fui ahí, y alguna revisión física se realizó en el lugar”. Dijo que para lograrlo se puso en contacto con el contador Rafael Morana. “Fue para solicitarle información que daba cuenta de una inversión parcial del año ‘98. Ese fue el primer informe que se hizo. Cuando culminó el ejercicio de ese año, se concretó la auditoría normal”. Asimismo, agregó que de la elaboración del informe también participó Rodolfo Rode y consistió en el “análisis del expediente donde aparecía todo lo que era la inversión para la remodelación” de la terminal portuaria con los fondos del Aporte al Tesoro Nacional (ATN)”. “Mi última intervención fue en 2000”, acotó.
Recordó que en tal informe “terminamos concluyendo que hasta diciembre del ‘98 se le había entregado a la firma Performar (concesionaria del Puerto), alrededor de 9 millones de pesos. La tarea mía se cerró en ese informe que hicimos con el contador Rode”.
“Se dejaron asentadas algunas irregularidades en el tema contable. Por ejemplo que por un período de diez años el Estado analizó la obra. Al momento de realizar la contratación, se conformó una sociedad civil que se hizo cargo y llevó a cabo la contratación con un privado. Posteriormente, cuando los contratos ya estuvieron hechos, volvieron esas actuaciones al Estado. Eso quedó asentado. Además, se preveía que el anticipo financiero para comenzar fue del 40 por ciento, mayor al 30 que estipula como tope la Ley de Obras Públicas”, detalló.
También dijo que hicieron “observaciones respecto a las primeras facturas emitidas. La primera rendición que efectuó Performar no completaba el monto que las autoridades del Ente Autárquico Puerto Ibicuy habían recibido y decían que habían gastado”, marcó. En tanto, añadió que para su visión como auditor del Tribunal de Cuentas, “los primeros 5 millones de pesos no cumplían con las normas impositivas del momento”. En ese sentido, explicó: “Había una norma de la DGI (Dirección General de Impuesto) que establecía cierto requisitos y datos que faltaban en una factura emitida en abril del ’99. Eran los datos de inicio de actividades en el domicilio declarado por el emisor. Notamos que eso podía ser un indicio de la inexistencia de la empresa. A eso lo dejamos asentado. Después informaron que Performar existía”.
El auditor del Tribunal de Cuentas indicó también que “los recibos de los fondos eran una nota firmada por el titular de la Sociedad de Fomento, y por los montos informados llamaban la atención. Hay un recibo por el anticipo de 14 millones, y hay otro emitido el mismo día por un total de 5 millones que ya correspondía a los certificados de obra”.
“Cuando constatamos la firma del contrato entre la comisión civil y Perfomar, pedimos información sobre la personería jurídica y se nos indicó que fue recibida en el ‘98, pero el contrato con Performar fue en el ‘97. Eso también quedó asentado en el informe”. Siguiendo su relato, agregó que “la comisión no contaba con personería jurídica al momento de la primera remesa de dinero”, y que “esas circunstancias ponen en duda la capacidad para contratar y ceder al gobierno provincial”. Además, “el Estado recibió el contrato de una comisión que todavía no tenía la personería. Desde nuestra perspectiva, había elementos formales que no se cumplían”, insistió.
El testigo opinó sobre la contratación privada y la envergadura de la obra. “No podría decir que nunca se hicieron licitaciones privadas que debían ser públicas, pero dentro del Tribunal llamamos la atención y profundizamos el análisis para que el Estado no se vea perjudicado”, manifestó.
“Cuando llamamos la atención porque no se había respetado la ley de contabilidad, Pacayut nos respondió que no necesariamente debía respetarse porque era entre privados. Pero le insistimos en el análisis de esa contestación, porque luego pasó al Estado”, señaló.
Ante la pregunta del fiscal de Cámara, Rafael Cotorruelo, sobre la rendición de cuentas, el deponente asentó: “La suma de los cuatro certificados de obra llega a los 555.939, 17 pesos. Sin embargo, el anticipo financiero fue de alrededor de 14 millones de pesos, entonces, quedan unos 13 millones por los que el Tribunal de Cuentas le preguntó a las autoridades del Poder Ejecutivo e inició un expediente que está en suspenso para recuperar ese dinero. Se trata del expediente 142”.
En otro tramo de su relato, el auditor detalló que hay “una primera nota firmada el 16 febrero del ‘98 en la que se indica que Gavio recibe en calidad de depositario la suma en efectivo de 225.000 pesos a la cuenta de la empresa Performar en el Banco de Entre Ríos, sucursal Buenos Aires. En abril recibe 1 millón y medio, también en calidad de depositario, que fue trasferido a una Caja de Ahorro; y el 24 junio del ‘98 recibe 2 millones de pesos mediante transferencia. En este último caso no aparece la mención que sea en carácter de depositario”.
Se incumplió la Ley de Contabilidad de la provincia
Raúl Rodolfo Rode también es contador auditor del Tribunal de Cuentas de la provincia. Este viernes declaró que se incorporó al final de la auditoria comenzada por el profesional que lo antecedió en la audiencia. “Por eso hay bastante trabajo de campo del que no participé”, aseguró.
Cuando los representantes del Ministerio Público Fiscal le preguntaron sobre las irregularidades que encontraron en el expediente, el testigo volvió a recorrer los puntos aportados por Lenardone.
“Apareció sin ninguna explicación la Comisión de Fomento Puerto Ibicuy para realizar una obra. Se hace un llamado a licitación privada para la construcción de la terminal portuaria. Por el monto creíamos que debía ser pública, pero concluimos que no había observaciones respecto de la contratación. Después se firmó el contrato con Performar. Ahí observamos que la Comisión no tenía personería jurídica aún”, detalló.
“Recorriendo el expediente, vimos que la firma Performar comenzó a recibir los anticipos que sumaron alrededor de 14 millones, o sea el 40 por ciento del total. Se observó que no se cumplió en ese sentido con la Ley de Obras Públicas, porque el máximo debe ser del 30 por ciento. Se observó además que no se había cumplido con la Ley de Contabilidad de la provincia, la cual establece que todo gasto debe prever su financiamiento. Acá, la Comisión traspasó las obligaciones al Estado, es decir al Ente Puerto Ibicuy y al Instituto Portuario. La provincia asume esas obligaciones cuando la financiación todavía no estaba definida. Concluimos que quizás hubiera sido necesaria una aprobación legislativa”, aclaró.
Sobre los anticipos financieros dijo que “se pagaron”, y añadió: “Hubo inconsistencias entre las fechas de los recibos y las facturas, porque recibían la plata y después pedían las facturas. Además, había facturas que no cumplían con la normativa impositiva vigente, pero consultamos a la DGI y desde este organismo nos contestaron que estaban en regla”.
Al igual que su compañero, también dijo que “se recuperaron algo de 500.000 pesos por los certificados de obra, pero no sabe qué pasó con los 13 millones restantes del anticipo de 14 millones”, marcó.
El testimonio del actual presidente del Instituto Portuario
Carlos María Selzi de 41 años es desde hace 11 meses el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos. El abogado uruguayense llegó a la quinta audiencia de la Causa Pacayut como testigo ofrecido por la Fiscalía de Cámara. En febrero del ’96 fue nombrado asesor legal del Instituto Portuario provincial. “Tuve conocimiento por los medios sobre la Causa. Sabía que la obra se estaba haciendo por Nación, pero nunca tuve acceso al expediente. Así que no conozco acabadamente el tema. De hecho, me fui de la actividad portuaria y recién volví hace 11 meses”, aclaró al inicio de su exposición.
Recordó que “el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy era Carlos Pacayut”, y que en el momento en que fue asesor legal del Instituto “se aplicaba otra ley”. “Los puertos habían sido transferidos de Nación a provincia y recién se estaba organizando la temática. Se comenzó con gestiones de dragado y demás. No teníamos organigrama, ni presupuesto, ni manual de funciones, así que se bregaba por organizar la entidad”.
Habló del Puerto Ibicuy y manifestó que tiene una condición que no tienen otras terminales. “Si bien no tiene mucha infraestructura, posee un calado de 34 pies que envidia cualquier otro puerto. Por ejemplo Diamante tiene 25 pies y Concepción del Uruguay tiene 19”.
Agregó que actualmente, al momento de asumir en el Instituto se encontró “con un puerto que había sido paralizado”, por lo que desarrolla actuaciones para reactivarlo y anunció que habrá una licitación nacional e internacional. “Vamos a definir un sector de cargas, y hay que hacer tareas complementarias de dragado”, adelantó.
Apuntó que actualmente, “Ibicuy está inoperable, y que se encontró con el muelle colapsado”. “El producto que operaba en el lugar era mineral de hierro. Ese es un producto importante. Tiene mucho volumen y requiere una carga y descarga importante”, indicó.
Fuente: Análisis
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