El ex senador Félix Abelardo Pacayut fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se le aplicó una multa de 90.000 pesos en la Causa Puerto Ibicuy, sobre el desvío de fondos millonarios que llegaron a ese lugar de la provincia, durante el gobierno de Carlos Menem.
El veredicto fue dado a conocer este viernes pasado el mediodía, cuando el Tribunal de la Sala Segunda de la Cámara del Crimen de Paraná informó que Carlos Alberto Pacayut (hermano del ex legislador y quien fuera presidente del Ente Puerto Ibicuy), y Alberto Gavio (titular de la empresa Perfomar, contratada para realizar las obras en la terminal portuaria), deben cumplir la misma pena. En tanto, se condenó a Rafael Morana y Norberto Durrels a tres años de prisión condicional y se le impuso una multa de 20.000 pesos. Carlos Lovera y Julio Ivanovich fueron castigados con 18 meses de prisión condicional y deberán abonar 1.000 pesos. Los magistrados además definieron que valga para los siete condenados una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Tenemos presentes las reservas casatorias, pero este juicio ha permitido desentrañar varias cuestiones y reconstruir con certeza los hechos imputados. Compartimos parcialmente la calificación y el pedido de condena realizado por la Fiscalía de Cámara porque creemos que en algunos casos fue demasiado amplio”, argumentó el presidente del Tribunal, José María Chemez. Acompañado de los otros jueces, Daniel Perotti y Daniel Malatesta, el magistrado precisó rápidamente cuáles fueron las conclusiones del juicio oral que los llevaron a condenar a los siete los imputados.
“Acá no estuvimos haciendo un juicio político, como se planteó. Consideramos probados los indicios y creemos que hubo un plan por el que Félix Abelardo Pacayut logró que fueran otorgados Aportes al Tesoro Nacional (ATN) a la Comisión de Fomento gradualmente. Sacaron el dinero de la órbita de la provincia para una obra que tenía carácter público, y cuya condición, los hermanos Pacayut no podía desconocer. Seleccionaron mediante un simple cotejo a una empresa para realizar esas tareas. En este sentido, se vulneró la Ley de Obras Públicas”, evaluó el presidente del Tribunal.
Además, indicó que analizaron “las irregularidades en la conformación de la Comisión de Fomento”, y cuestionaron que los anticipos financieros sean recibidos por esa asociación. “La modalidad de devolución de esos anticipos fue pactada entre Pacayut y Gavio. Hubo pagos irregulares por parte de Morana a Gavio”, afirmó. “Acá, nada se hizo para proteger los bienes del Estado, y para resolver la sentencia tuvimos en cuenta el manejo irregular que hizo Pacayut de los ATN”, definió el magistrado. Agregó que hubo “connivencia y convergencia para cometer el delito continuado”.
Los jueces consideraron probado que el llamado a licitación privada fue “una fachada” para contratar a Perfomar. “La empresa ganó mediante una oferta variante y nadie lo cuestionó. La contratista estaba elegida de antemano”, asentó Chemez. “¿Dónde estaban los anticipos? Los tiene Gavio y recuperar ese dinero será tarea del Estado, pero vale destacar que el delito de peculado ya estaba consumado, independientemente del dinero”. “La necesidad de la obra era real, y sobre esa necesidad se aprovechó para defraudar los intereses de la provincia”, certificó.
Asimismo, José maría Chemez mencionó al ingeniero Cisaruk, encargado de la obra, y destacó que fue un profesional “de solvencia probada”. Dijo que la obra existe y se estaba llevando a cabo cuando cayó el tablestacado. “Fue una cuestión que pudo subsanarse acudiendo a cada una de las partes”, marcó. En la misma línea, se refirió al decreto por el que el ex gobernador radical Sergio Montiel declaró la nulidad del contrato con Perfomar. “No podemos desconocer los viejos vicios de la política por los que se paró la obra”, mencionó.
En relación a los seguros de caución, los magistrados consideraron que deberá resolverse en otros fueros.
Roles y delito
El Tribunal de la Sala Segunda coincidió con la acusación de que el delito cometido fue peculado y no fraude. “El peculado se cometió en modalidad de delito continuado”, asentó Chemez.
Sobre los roles de cada imputado, ratificó que el autor del delito fue Carlos Pacayut, por haber sido al momento de los hechos investigados, presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy. En tanto, consideraron a Abelardo Pacayut, Alberto Gavio, Rafael Morana y Norberto Durrels como “partícipes necesarios”; y sindicaron a Julio Ivanovich y Carlos Lovera también como “partícipes necesarios”, pero con menor responsabilidad.
“Creemos que en algunos casos, los montos de multa solicitados son excesivos”, justificaron los jueces, ya que la Fiscalía había pedido que se aplique una multa de 90.000 pesos a cada uno.
“Consideramos que Félix Abelardo Pacayut, Carlos Fernando Pacayut y Alberto Gavio deberán cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva y abonar una multa de 90.000 pesos. Durrels y Morana que no tuvieron un rol tan relevante deberán cumplir tres años de prisión condicional y abonar una multa de 20.000 pesos. Para Ivanovich y Lovera consideramos necesario una pena de un año y seis meses de prisión condicional y abonar 1.000 pesos en concepto de multa”, detallaron. Además, en todos los casos agregaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Definimos también que la privación de la libertad se efectivice cuando la sentencia quede firme”, comunicaron, al tiempo que marcaron que las costas del juicio quedan a cargo de los imputados.
Para los condenados a prisión condicional, los jueces impusieron reglas de conducta. No podrán cambiar de domicilio durante cinco años y deberán ratificarlo cada seis meses en la Policía. Además, deberán desempeñar tareas colaborativas.
La sentencia completa se leerá el 4 de febrero.
Fuente: Análisis
(La Nota digital)
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