Hay mucha gente que no soporta un mínimo de igualdad entre las personas, en ninguno de los aspectos. No soportando, además, que el Estado corra en auxilio de los más desposeídos, para que producto de esa ayuda, no caigan en la desesperación y eviten realizar acciones que de ninguna manera concretarían, de tener un mínimo de contención que les posibilite permanecer de pié dentro de la sociedad.
Desposeídos que aspiran a contar, lo antes posible, con un trabajo decente y además, pretendiendo acceder a un cúmulo de conocimiento básicos y ciertos y determinados oficios, que les permitirían ofrecer sus servicios al mercado local donde conviven, para de esa manera integrarse productivamente al mismo. Es que los nada inclusivos, que no son pocos, no alcanzan a ver que los desposeídos y los desesperados, forman parte de una potencial reserva de mano de obra barata y disponible para un mercado del crimen que la demanda. Precisamente por la extrema necesidad en la que viven. Siendo estas personas las que ante una situación límite, seguramente estarán dispuestas a integrarse de alguna manera al crimen organizado, al no existir ninguna otra posibilidad que les permita por lo menos sobrevivir.
Lo hacen, respondiendo a la demanda de incorporación de personas excluidas de la sociedad, que realizan las organizaciones mafiosas y de traficantes de todo tipo. Organizaciones mafiosas que están dispuestas a apoderarse de la voluntad de los reclutados para ser integrados a su ejército de vendedores y defensores del territorio donde despliegan su negocio. Un fenómeno que se conoce como “soldaditos de los narcos” en las villas del gran Rosario. Denominación con la que se reconoce a los jóvenes reclutados por ellos.
El Estado al correr en su auxilio, está evitando que muchos salten la cerca pasando al terreno de la ilegalidad, para pasar a ser manipulados por los mafiosos. Algo que de terminar sucediendo en mayor magnitud, haría prácticamente imposible la convivencia con ciertas seguridades mínimas dentro del espacio público. Es decir, que el Estado, además de cumplir con su deber de actuar para contener a las personas que viven en desesperantes situaciones sociales, está cumpliendo un rol protector de la seguridad ciudadana al ejercer una acción preventiva de situaciones de inseguridad futuras que seguramente se producirán, si solo se deja hacer, sin ofrecer un mínimo de contención.
Por lo que, si los nada inclusivos no entienden el valor del auxilio que debe dársele a las personas que vive en situaciones de desesperación, contemplando el aspecto de la solidaridad cristiana, deberían comprenderlo por lo concerniente a su seguridad personal y familiar. Seguridad que se encuentra en peligro cuando conviven sectores tan desiguales en el mismo escenario de una ciudad. Sobre todo en los tiempos que corren donde los más favorecidos, viven haciendo alarde de sus posesiones y sus consumos suntuosos, delante de quienes a duras penas logran sobrevivir.
Es evidente que este tipo de colectivo de personas excluidas de los bienes y servicios vitales en las sociedades actuales, deberían recibir, además, una educación destinada exclusivamente a elevarlos rápidamente a un escalón superior al que se encuentran, con planes de estudios diseñados para ese colectivo sumergido en situaciones de extrema necesidad. Fundamentalmente, porque su situación actual así lo demanda imperiosamente. Ya que sus urgencias por entrar a participar de la generación de ingresos para aportar a su grupo familiar, les exigen apropiarse rápidamente de sólidos conocimientos básicos y de habilidades concretas para comenzar a transitar su camino de inclusión laboral y social.
Como dijera alguien refiriéndose a la educación: «Si no los educáis por compasión, hacedlo por miedo» …
(La Nota digital)
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