En el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), la mayor prestadora de salud local, con 285.000 afiliados, aplican un sistema diferenciado de cobertura de los tratamientos de fertilización asistida.
La cobertura es del 100% cuando el afiliado, además de pagar su aporte mensual –que se descuenta de modo automático en sus salarios como empleado del Estado– también realiza un pago extra al denominado Fondo Solidario, con una cuota de 35 pesos.
Ese fondo, que tiene 190.000 aportantes, cubre, sin necesidad de pagar coseguro, tratamientos de alta complejidad, internaciones, prótesis no convencionales, trasplantes y medicamentos de alto costo, como los de los pacientes oncológicos.
En el caso de los procedimientos médicos de fertilización asistida, el Iosper empezó a dar cobertura a sus afiliados en 2009. De entonces hasta aquí han costeado un total de 250 tratamientos, de los cuales sólo un 10% llegó al éxito, afirma el titular de Iosper, Silvio Moreyra.
“Pero nosotros no lo consideramos desde el punto de vista numérico, como una cuestión económica. Para nosotros es un problema de salud, y que el 10% tenga éxito, ya es un logro. Consideramos que es una tasa valorable, para tener en cuenta”, sostiene.
Al ser la obra social de mayor penetración en Entre Ríos, Iosper es un buen indicador de lo que ocurre con los tratamientos de fertilización asistida.
Los tratamientos de baja complejidad que demandan sus afiliados son dos:
a) inducción de ovulación, más coito programado, que tiene un costo de $ 2.855,74
b) inducción de ovulación más inseminación intrauterina, con un costo de $ 6.663,38.
En cuanto a los métodos de alta complejidad, se incluyen:
1) FIV (fecundación in vitro), que tiene un costo de $26.306,40
2) ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoide) que tiene el mismo costo que la anterior.
Claudia Abrile, que desde 2011 está a cargo de la autorización de esas prácticas en Iosper, observa un fuerte crecimiento en la demanda de parte de los afiliados. “Desde marzo de 2011, que estoy a cargo de este trabajo, hemos ido aumentando el número de autorizaciones”, afirma.
Ese año hubo 39 autorizaciones de prácticas para fertilizaciones de alta complejidad; en 2012 el número se elevó a 89, con un crecimiento del 128%, y en lo que va del año se han autorizado 52 prácticas.
Como existen variados centros de atención, los costos también cambian. En Iosper aseguran que los costos de los tratamientos van desde $ 25.000 hasta los $ 35.000.
La Ley de Fertilización Asistida ya está promulgada –ocurrió el 26 de junio–, y aunque aún no ha sido reglamentada, en su texto hay algunos presupuestos básicos lo suficientemente claros como para evitar cualquier confusión. “Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida –dice el artículo 7º–, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la Ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado”.
El paso fundamental de la ley es que se incorporan los tratamientos de fertilización asistida al Programa Médico Obligatorio (PMO), con lo cual las obras sociales y prepagas ya no podrán oponer ninguna objeción cuando una pareja solicite ese tipo de tratamientos.
Alicia Silvan, referente en Entre Ríos de la organización no gubernamental Sumate a Dar Vida, que batalló en los últimos tres años por una ley de fertilización en la provincia, considera esa votación trascendental para la vida de muchas familias.
“Esta ley es básica: reconoce la infertilidad como enfermedad. Y después, no tiene discriminación para nadie. No queríamos una ley con tope de edad, que fuera para algunas personas. Muchas parejas empiezan tarde a hacer estos tratamientos y las obras sociales ponían límite de edad. Tampoco deja afuera a los matrimonios igualitarios. Eso fue otro punto por el cual peleamos en la Nación. No queríamos eso, porque como pacientes hemos pasado por la discriminación de que, al no poder concebir en forma natural, nos discriminaban en los sistemas de salud, y nos ponían trabas para poder acceder a los métodos de fertilización asistida”, afirma.
La ley considera la infertilidad una enfermedad, y por tanto, de justa cobertura por parte de obras sociales, prepagas y hospitales.
Ahora la ley allana el camino para muchos
Los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas “incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida”, dice la ley.
Enumera varios métodos: la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante. Todos esos métodos de fertilización quedan de ahora en más incluidos en el Programa Médico Obligatorio, así como también los de diagnóstico previo, medicamentos y terapias de apoyo.
La cobertura alcanzará también los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, “para aquellas personas, incluso menores de 18 años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro”, establece la ley.
Silvan subraya la importancia de este nuevo ordenamiento legal existente en la Argentina. “Ya habíamos perdido la esperanza acá en la provincia de conseguir una ley de ese tipo. Habíamos presentado dos veces un proyecto, pero los legisladores nunca lo trataron. Así que decidimos concentrarnos en la pelea a nivel nacional. Ahora va a existir un organismo que regule todos estos tratamientos, y una presencia efectiva del Estado –apunta–, porque muchas veces los centros privados son los que manejan el tema de los precios de los tratamientos. Hasta ahora, eran tratamientos a los que accedía una minoría, la que podía pagar. Y la gran mayoría quedaba afuera. Ni siquiera podíamos llegar a los diagnósticos, porque con un diagnóstico de infertilidad podíamos presentar un amparo en la Justicia, si la obra social se negaba. Pero a veces ni esa posibilidad daban”.
Cómo financiar
Pero la ley se enfrenta a un dilema de hierro: de qué modo financiar tratamientos que tienen un piso de 25.000 pesos.
El artículo 9º fija que a los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, “el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria”.
Pero de momento no se sabe de qué modo las obras sociales y las prepagas harán frente a esos nuevos costos.
El contador Jorge Mendoza, delegado de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac), señala ese punto débil de la ley. “La ley ya fue promulgada, y establece que estos tratamientos deben estar incluidos en el Programa Médico Obligatorio, pero habrá que ver de qué modo se reglamenta, y qué alcances tiene esa obligatoriedad”, dice, y después hace un planteo: “Estamos totalmente de acuerdo con la ley, porque de alguna manera esto equipara a todos, y da posibilidades a aquellos que no tienen el dinero como para pagarse un tratamiento en forma privada”.
De todos modos, advierte que es una incógnita cómo se financiará. “Nosotros suponemos que quizá sea atendido con recursos de la Superintendencia de Servicios de Salud”, a través de la Administración de Programas Especiales (APE). Aunque ese fondo del APE ha estado en los últimos tiempos en el ojo de la tormenta, por su uso discrecional por parte de las obras sociales.
La APE, que ya dejó de existir como organismo descentralizado y fue absorbido por la Superintendencia, maneja un presupuesto anual de $1.100 millones, destinados a cubrir tratamientos médicos de alta complejidad, a través de subsidios a las obras sociales. “Entiendo que si va por esa vía, del financiamiento por parte de la Superintendencia, no habrá problemas en aplicar esta ley”, dice Mendoza.
Sin ley, Osecac, una obra social que sólo en Paraná atiende a 30.000 beneficiarios, tiene una cobertura muy limitada en tratamientos de fertilización asistida. A decir verdad, sólo los otorga cuando se trata de mujeres menores de 35 años y no para cualquier procedimiento: sólo en casos de obstrucción tubular en las trompas de Falopio.
Carlos Berlo, director de la prepaga Cirme, que cuenta con 3.000 afiliados, sostiene que la cobertura que dan hoy en tratamiento de fertilización depende del plan contratado. “Nosotros hacemos un mix, y compartimos gastos con el afiliado –asegura–. Si tiene un plan full full, reconocemos el 70%, de lo contrario, el 50%. Depende del valor de la cuota”.
Pero sostiene que será clave esperar la reglamentación de la ley, y conocer los alcances. “Necesitamos saber si va a ser con o sin coseguro, si la cobertura debe ser del 100%, cuántas veces se puede hacer el tratamiento, si habrá cobertura para los análisis previos. Por eso digo que vamos a esperar la reglamentación de la ley”, plantea.
Fuente: El Diario
(La Nota digital)
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