Tras la reunión de Comisión de Salud del Senado provincial, su presidente realizó algunas consideraciones acerca de las enmiendas y agregados que habría que hacerle a los que se están tratando en la Legislatura entrerriana.
El senador por Islas Eduardo Melchiori efectuó algunas consideraciones sobre las modificaciones y agregados que habría que realizar en lo particular a los proyectos que se están analizando en la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, que él preside, tras la adhesión de la provincia a la ley que regula la Fertilización Asistida a nivel nacional.
Melchiori consideró estar de acuerdo con adherir a la norma nacional en general, pero que habría que hacer algunas modificaciones en lo particular. “Hay que introducir límites a la cantidad de intentos reproductivos, como así también a la manipulación de embriones; además habría que limitar la cantidad de gametos -óvulos y espermatozoides- que se van a fecundar e implantar”. En este sentido dijo que, “el número de gametos a fecundar debería ser igual a la cantidad que se van a implantar, de manera de evitar eliminar embriones”.
Por otra parte, el legislador también dijo que hay que poner límites mínimos y máximos de edad y las excepciones debidamente fundamentadas, de acuerdo a los riegos gestacionales y de edad biológica. La donación de gametos estaría en contraposición con el Código Civil para Melchiori, “porque no se respeta el derecho a la identidad, por lo tanto no estoy a favor de la donación sin conocimiento de origen”, enfatizó.
“Hay que aclarar que es una ley para solucionar el problema de la infertilidad, solucionar una limitación física” expresó. Agregó que: “Esta no es una ley de deseo reproductivo, no es para el consumo de un servicio. Es una ley para solucionar un problema de infertilidad reproductiva de las personas o parejas” consideró el senador isleño.
Melchiori sostuvo que, “la infertilidad debe ser considerada como una patología, por lo tanto debe haber una prescripción médica que la indique y la historia clínica correspondiente”. Aclaró que para acceder a un tratamiento de fertilización de alta complejidad, “sí o sí hay que pasar primero por el de baja complejidad, que a su vez sirve para el diagnóstico etiológico de la infertilidad”.
Finalmente, el senador hizo hincapié en que “para que un hospital u obra social cubran los tratamientos, debe existir una prescripción médica y el diagnóstico de infertilidad; por ende, en la misma ley debe estar el protocolo a seguir”.
Promulgación de la Ley
En el mes de junio, la Casa Rosada publicó en el Boletín Oficial la ley que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médica asistida.
Distintas voces se alzaron para celebrar la promulgación de la ley 26.862 de Fertilización Asistida sancionada por el Congreso de la Nación el 5 de junio pasado. “¡Otro derecho ganado! Se promulgó la Ley de Fertilización Asistida ¡En un máximo de 90 días va a estar reglamentada!”, festejó la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, María Elena Chieno (FpV-Corrientes), en su cuenta de Twitter.
Por la misma red social, la agrupación Abrazo por Dar Vida que logró instalar la iniciativa en la agenda parlamentaria festejó: «Un día donde otro derecho peleado ha sido ganado por todos/as».
En el mismos sentido se expresó el senador kirchnerista Daniel Filmus (Capital Federal): «Seguimos avanzando en la ampliación de derechos. Hoy el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Fertilización Asistida».
La norma publicada en el Boletín Oficial garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Para ello quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones y prevé la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas desarrolladas mediante avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.
Tienen derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida toda persona mayor de edad que haya explicitado su consentimiento. Deberán proveer esta cobertura tanto el sistema público de salud, las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga.
Fuente: Parlamentario
(La Nota digital)
LA NOTA digital 