El jefe de los fiscales del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge García, confirmó que mantendrá la denuncia penal contra los policías que se plegaron a un paro de actividades. Recordó que tienen el monopolio del uso de las armas estatales y que no pueden dejar sin seguridad a la ciudad. Habló de extorsión al gobierno y dijo que promueve una denuncia por sedición, que queda fuera del alcance del acuerdo de los policías. “Seguiremos hasta las últimas consecuencias”, dijo el procurador General. Además sostuvo que en la tarea investigativa, los fiscales a su mando ya identificaron a los uniformados que participaron de la protesta.
El acuerdo al que arribaron el gobierno de Entre Ríos, con el propio gobernador Sergio Urribarri como negociador, y los policías que se autoacuartelaron este lunes en Concordia, no podría frenar las consecuencias penales para los uniformados.
De hecho, la inmunidad negociada podrá limitarse a la voluntad política de no avanzar en sanciones administrativas. El gobernador es el jefe de la fuerza policía, una institución verticalista y, como tal, el mandatario puede hacer valer el acuerdo y no pedir sanciones.
Sin embargo, la Justicia está dispuesta a seguir hasta las últimas consecuencias con las actuaciones para fijar responsabilidades penales, más todavía luego de que se haya invocado un delito grave como el de sedición. El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amilcar García, ha confirmado que continuarán con la denuncia iniciada de oficio.
Cumpliendo con la directiva del procurador, el fiscal Fabio Zabaleta inició una actuación de oficio y avanzará en las próximas horas en las imputaciones contra un grupo de entre 30 y 40 policías que el domingo irrumpieron violentamente y se acuartelaron en la Jefatura Departamental de Concordia.
“Los policías no pueden hacer planteos gremiales, tienen a su cargo la custodia de un derecho humano básico que es la seguridad ciudadana y para eso el Estado les otorga el monopolio de la fuerza y la potestad de portar armas; entonces no es posible que tomen esas mismas armas para extorsionar a un Gobierno. Es como si un día los jueces decidieran liberar a todos los delincuentes a la calle para sembrar el caos y les dieran vía libre para cometer cualquier tropelía”, dijo García para sustentar su posición.
Las figuras delictivas estarán orientadas a un número de policías que ya estarían debidamente identificados por los fiscales. Se habla de delitos de sedición e instigación a cometer delitos, previstos en el Código Penal con penas de hasta seis años de prisión.
Para el jefe de los fiscales, no hay dudas que los policías “hicieron un acuartelamiento, dejaron a una ciudad indemne y lo anunciaron. Eso no es una petición por mejora de salarios, sino una situación extorsiva, un quebrantamiento de la ley”.
El Código Penal sanciona al que “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”. En un reportaje con el sitio Página Judicial, el procurador explicó que esta figura penal “se concreta en robos calamitosos, aprovechando la situación de conmoción pública; pero si se demuestra que la muerte de una persona también está relacionada con los saqueos, también tendrán que responder como instigadores por ello”.
(La Nota digital)
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