El Ministerio de Salud concluyó que no había reproche administrativo para los médicos del Hospital San Martín que en 2011 le negaron un aborto terapéutico a una mujer que presentaba un embarazo de riesgo por una cardiopatía congénita compleja. La mujer había dado su consentimiento para la interrupción del embarazo y una junta de profesionales la había autorizado. La mujer finalmente dio a luz y una semana después sufrió un accidente cerebro-vascular (ACV).
Indica el sitio Análisis que la mujer cursaba un embarazo de 18 semanas cuando pidió que se le practicara un aborto terapéutico. La práctica está prevista en el artículo 86 (inciso 1) del Código Penal para los casos en que la continuidad del embarazo pone en riesgo la salud de la madre. El aborto fue autorizado primero, pero luego fue suspendida, el embarazo siguió su curso y la mujer sufrió un ACV. Sin embargo, eso no merece ningún reproche hacia los médicos que se negaron a que se practicara la interrupción del embarazo en un hospital público. Al menos así surge del sumario firmado por el Ministro Hugo Cettour.
La investigación interna promovida por el Ministerio de Salud determinó que “no surge reproche administrativo alguno por el accionar del personal del Hospital San Martín” y que los médicos actuaron “en pos del derecho a la vida, resultando favorable, ya que la paciente dio a luz una bebe en perfectas condiciones y luego se produjo el Accidente Cerebro Vascular” y concluyó que el ACV “no se produjo como consecuencia de la no interrupción del embarazo, sino por su enfermedad congénita –cardiopatía compleja– que si bien, con la sobrecarga de un embarazo, existía probabilidades que aumente el riesgo, la paciente llegó casi a su término con el mismo, sin complicaciones y dio a luz a su hija sana y que se encuentra en excelente estado de salud”.
El hecho ocurrió en el año 2011. La intervención fue autorizada el 4 de agosto y se realizaría por médicos del Hospital Materno Infantil San Roque; la mujer dio su consentimiento cuatro días después, pero el 11 de agosto fue suspendida, justo cuando estaba a punto de realizarse. La mujer denunció, en sede judicial, que el día previsto para la cirugía “irrumpe clandestinamente un profesional con prestación de servicios en el hospital (San Martín), el doctor César Pazo. Se trata de un cardiólogo militante de los grupos ultracatólicos que se oponen a la legalización del aborto y del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), fundado por el ex carapintada Mohamed Alí Seineldín, quien argumentó un supuesto “riego cardiológico” para suspender la operación.
En lugar de eso, la mujer de 36 años fue derivada al Hospital Posadas de la Capital Federal, donde continuó con su embarazo y el 25 de noviembre dio a luz por cesárea a su hija. Hasta que el 2 de diciembre, una semana después del parto, sufrió un accidente cerebro-vascular isquémico, que le provocó una parálisis de brazo y pierna izquierda.
Además, en el sumario se indica que la paciente “tuvo un accidente cardiovascular que evidentemente se produjo como consecuencia de su enfermedad congénita”, algo que se sabía de antemano que podía pasar y por eso se pidió el aborto terapéutico y destaca a César Pazo, que habría sido quien irrumpió en el quirófano y logró evitar la interrupción de embarazo, como “quien detenta mayor conocimiento en cardiopatías congénitas de adultos por su formación previa en el Instituto de Cardiología del Hospital Italiano de Córdoba”. En su descargo, Pazo dijo que el ACV “se produjo como consecuencia de su enfermedad de base que (es) la Tetralogía de Fallot no corregida y no como consecuencia de la no interrupción del embarazo”.
(La Nota digital)
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