El diputado Juan José Albornoz (FPV) le contesta a María Emma Bargagna (FAP) a propósito de la Reforma tributaria impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos – CTA.
“Lo que la diputada Bargagna llama ‘falla congénita’ de la ley 10270, es que este inspirada en los trabajadores y sea promovida por el peronismo. Es una de las tantas cosas que ella no puede entender. No debe poder entender cómo es que existe el peronismo”, afirmó el Diputado Provincial Juan José Albornoz, también dirigente del Movimiento Evita Entre Ríos.
“Habla de un vaciamiento y apartamiento de los fines, aludiendo como tales al “cumplimiento del acta acuerdo suscripto en concordia con los referentes de las fuerzas policiales”, el 9 de diciembre de 2013, algo que además de ser absolutamente falso es repudiable. No hay alusión alguna a tal fin en el texto legal, por una parte, y por otra, el Procurador General se ha expedido claramente acerca de la calificación legal de esos sucesos sediciosos». «Parece pretender la diputada Bargagna que la extorsión policial debe ser respetada, y pareciera otorgarles a esos funcionarios que pusieron en vilo a la sociedad el carácter de referentes”, puntualiza el dirigente del Movimiento Evita.
«Hay un trabajo en paritarias que se está llevando a cabo con los gremios del sector público, cuyo resultado derivará prontamente en una recomposición salarial, que constituye en cierto modo un aspecto de la seguridad social a la que alude la ley que votamos antes de fin de año, ya que con ese objetivo específico y también con un plazo determinado se aplicarán las nuevas imposiciones».
Dice Albornoz que las declaraciones de prensa de la diputada María Emma Bargagna «son graciosas, en cierto modo infantiles y también contradictorias: ella quiere que discutamos salarios con los trabajadores estatales pero sin ponerle impuestos a los que más tienen, en un nuevo esbozo de ese socialismo tan particular que es el socialismo de los poderosos. Nada dice acerca de los hechos escalonados que se vivieron en otras provincias con la policía levantisca, parece no haberse enterado. No considera en su análisis de escritorio el salvaje ataque especulativo contra la economía argentina, vía corrida cambiaria, aumento generalizado de precios y presión para promover una devaluación que efectivamente lesionaría a los que menos tiene y a los trabajadores, concretamente en el poder adquisitivo de sus salarios».
«La seguridad social parece ser para los socialistas un concepto que solo abarca aportes previsionales, y pareciera ser que allí no entran ni la asignación por hijo, ni el plan progresar, ni atender las necesidades sociales o la demanda de los trabajadores estatales para que sus salarios recuperen parte del terreno perdido», agregó Albornoz.
«La ley 10.270 de hecho tomó como base la consideración de una propuesta de reforma tributaria de la CTA, pero fue más allá. No ha habido tergiversación ninguna, sino los trabajadores no hubiesen apoyado su sanción. Pero Bargagna no los vio el día de la sesión, es más, es una capacidad del socialismo no ver aquello con lo que no están de acuerdo».
«No ha habido irregularidad alguna, lo que hay si son nuevos impuestos. Para el socialismo vernáculo poner nuevos impuestos por parte de una legislatura es una irregularidad. No habrá tampoco derogación de la ley, por más lobby que hagan con cualquier camiseta: socialista, radical, del PRO o de las entidades que agrupan a la patronal del campo. Nosotros defendemos intereses colectivos, generales, y una finalidad de justicia. Ellos defienden los intereses de un sector que aún minoritario es muy poderoso, que en cierto modo deja ver las asimetrías y desigualdades que persisten en nuestra sociedad», finalizó el diputado.
BARGAGNA PIDIÓ LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA
La diputada Emma Bargagna (PS-FAP), presentó en la Cámara baja un proyecto de ley en el que solicitó la derogación de la ley 10.270. La legisladora afirmó a la agencia AIM que «por su falla congénita, el vaciamiento y apartamiento de fines y por los efectos antipopulares que acarreará, la norma es irregular, inmotivada y contraria a los intereses del Pueblo de la provincia, por lo que solicito la derogación».
Bargagna precisó que «la principal explicación que dio el oficialismo para impulsar el proyecto de reforma (luego ley 10.270) -obligando a la Cámara de Diputados a darle un tratamiento ‘express’ y con total ignorancia del texto por parte de la oposición- era la necesidad del gobierno de recaudar para pagar los aumentos convenidos en el Acta-Acuerdo suscripta en Concordia con los referentes de las fuerzas policiales, el 9 de diciembre de 2013, luego de tres días de saqueos, quite de colaboración y violentas medidas de fuerza que son de público conocimiento».
La socialista explicó que «con posterioridad a la sanción de la ley de reforma, el gobierno decidió no cumplir el acuerdo celebrado en diciembre pasado, debido a que se lo consideró nulo. De hecho, después de varias declaraciones públicas del ministro de Gobierno, Adán Bahl, y del Procurador del Superior Tribunal, Jorge García, en las que manifestaban el vicio invalidante del acto firmado por el gobernador, Sergio Urribarri, tal convenio no se cumplió, y por ello no se pagaron los aumentos convenidos”.
La abogada recordó que en su lugar, el 2 de enero de 2014, el gobernador dictó el decreto 01/2014 (Expte. número 1.533.067) mediante el cual modificó el plus “por mayor seguridad y por riesgo y peligrosidad, y dispuso el pago de un ‘complemento extraordinario no remunerativo de pago único’ y de una ‘asignación especial, no remunerativa, no bonificable, de pago único’ a los agentes y retirados de las fuerzas de seguridad”. Es decir: “la ley 10.270, en realidad, es inmotivada e injustificada; quita de atribuciones a la Legislatura y se opone a lo que manda la Constitución provincial”.
En consecuencia, dijo Bargagna, “por el bien de la provincia, corresponde desandar el camino hecho de modo irregular y atropellando la Legislatura, a quien la Constitución otorgó de modo exclusivo la atribución de dictar la legislación impositiva ‘observando lo dispuesto por el artículo 79 (Art. 122º inciso 7) de la Constitución provincial’, es decir, eliminando paulatinamente los impuestos que recaigan sobre los artículos de primera necesidad, como es el caso del impuesto a los ingresos brutos, directiva que en la ley 10.270 se contradice abiertamente”.
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