La Justicia ordenó la imputación de los 24 trabajadores de la empresa Redengas SA que, en el marco de una medida de fuerza que mantienen desde el 27 de junio, impidieron la prestación del servicio público de distribución de gas natural en Paraná.
En un comunicado enviado a radio LT14, se informa que: «La medida fue adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción N° 7, Humberto Oscar Franchi, y fue en respuesta a una denuncia penal que Redengas había presentado el 2 de julio. La acción judicial de la empresa apuntó a dos hechos delictivos: el impedimento y entorpecimiento del normal funcionamiento del servicio esencial del gas, y otra por extorsión».
Seguidamente se lee: «El paro que lleva adelante una parte del personal, impulsado por la Asociación Personal Jerarquizado de la Industria del Gas (APJ Gas), es en reclamo de una serie de beneficios que ya están recibiendo la totalidad del personal de Redengas -inclusive los huelguistas- desde el 1 de mayo, cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo por empresa con la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (Fetignra), que incluye un aumento promedio de haberes del 30 por ciento».
«La medida de fuerza de ese grupo de trabajadores no sólo impidió el normal desarrollo de tareas por parte de los empleados que no se plegaron a la medida, sino que también supuso la imposibilidad de los usuarios de acceder a las oficinas centrales de Redengas, en Presbítero Grella 1.045, razón por la cual la empresa recurrió a la Justicia».
También se manifiesta que: «La denuncia se amplió luego a raíz de una nota que APJ Gas dirigió a Redengas, en la que informó que el grupo de trabajadores que está en conflicto no cumplirá tareas de guardia activa, y que tampoco atenderá la línea telefónica de emergencias. A la vez, dio cuenta de la decisión de devolver las llaves de los vehículos afectados al servicio y también los teléfonos celulares que se utilizan para la comunicación de los reclamos por el servicio».
«Ese gremio, además, se ocupó de «alertar» de eventuales «problemas» de funcionamiento en las plantas reguladoras que podrían afectar la prestación del servicio de distribución de gas natural. Por el tono de esa presentación, la empresa Redengas decidió acudir al abogado penalista Julio Federik, quien está cargo de la representación en la causa penal en trámite, y acusó al sindicato por extorsión».
Por último, el comunicado dice: «Ahora, la resolución de la Justicia no sólo implica la imputación de un delito al grupo de trabajadores que impidió el ingreso de toda persona a la sede de la empresa, sino que además el juez Franchi pidió a la Policía que garantice la libre circulación de personas en los accesos a la sede de Redengas, con lo cual la atención de los usuarios se comenzará a normalizar de modo paulatino a partir de la fecha. Por otra parte, y en el marco de la causa, a partir del próximo 29 de julio el juez empezará a tomar declaración indagatoria a los empleados denunciados, hoy imputados».
(La Nota digital)
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