El presidente de Redengas, Alberto Gutiérrez, aseguró que “las decisiones tomadas (en relación al personal en conflicto) se mantienen firmes” y confirmó que desde el año pasado hasta ahora existen “unos 25 nuevos trabajadores que fueron capacitados y que están ocupando los puestos que fueron dejados por el personal que ya no pertenece a la empresa”.
De esta forma, Gutiérrez dejó entrever de manera implícita que las audiencias que se mantienen en el Ministerio de Trabajo poco podrán hacer para torcer el destino de los trabajadores despedidos a los cuales –precisó– ya “les fue depositada su indemnización en cada caso y las liquidaciones en el otro”, diferenciando entre aquellos con los cuales ya no se mantendrá una relación laboral por decisión unilateral y los que fueron despedidos “con justa causa”, quedando ahora, de acuerdo a su criterio, acciones judiciales individuales si es que las hubiere ya que “esta nunca fue una causa colectiva”.
Inicialmente, 25 trabajadores comenzaron con una serie de demandas laborales que fueron elevando la temperatura llegando hasta la cartera de Trabajo, dirigida por Carlos Tomada, en la Nación.
En este punto, el titular de la empresa distribuidora de gas de Paraná –que brinda servicio a 52 mil usuarios– entiende que la presentación de los recursos para desestimar las conciliaciones nacen de una percepción de “despropósito jurídico”.
Gutiérrez se mantuvo en sus convicciones advirtiendo que no reconocerán a APJ Gas –gremio que ha tenido durante el conflicto a Ximena Rattoni como principal vocera de las acciones de los trabajadores– de quien asegura no poseer convenio colectivo alguno, y que los acuerdos los tienen con la Federación de trabajadores. “Todos los sindicatos del personal quedaron agrupados en la Federación del Gas Natural. Hay sindicatos en distintas provincias y no es tan lineal, también tienen que ver con algunas distribuidoras. Como no había un sindicato con representación territorial en Entre Ríos logramos un convenio homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación con la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas”, precisó el CEO de la compañía.
En este sentido advirtió que se respetaron las categorías profesionales, se llegó a un acuerdo con las condiciones laborales, adecuaron las escalas salariales y convinieron una paritaria del 30 por ciento, manifestando que “ahora estamos negociando un nuevo plus para la industria”. Agregó luego que se logró definir el tema de la obra social ya que los trabajadores estaban en Osecac y hoy componen Ostig (Obra Social de los Trabajadores del Gas) a través de la prepaga Galeno; que cerraron los días de vacaciones y redujeron la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.
Sobre la participación del Estado en las negociaciones, Gutiérrez reconoció que hubo intentos del ministro de Gobierno, Adán Bahl, y que accedieron a su buena voluntad y entendió que las conciliaciones obligatorias fueron un “despropósito judicial”, y hubiesen podido seguir acudiendo a la Justicia pero no quisieron dilatar más los procesos.
Gutiérrez recordó que el conflicto lleva 115 días y que de “los 25 que iniciaron acciones seis se desprendieron y quedaron en la empresa. Hablamos con ellos y no querían ser parte de una estrategia de demonizar a los accionistas. Los días 29 y 30 de junio despedimos dos trabajadores con causa. Uno era el que atendía a los gasistas y que se llevó todas las carpetas de la empresa y las quemó en una manifestación, y al otro, encargado de facturación porque comprobamos que utilizaba la computadora de la empresa con otros fines que no fuera el prescripto de sus tareas, visitando sitios de citas y privados, entre otros. También despedimos otros nueve con el correspondiente pago de la indemnización luego de intimarlos a que se reincorporen a sus tareas, y lo hicieron tres horas y media después de su horario habitual de ingreso. Se les dijo que sus tareas estaban asignadas (a otros trabajadores) y que la empresa debía, tal como lo establece la ley de ART, realizar una revisación médica. En total 10 de los trabajadores regresaron a la empresa ya que nunca habían sido despedidos”, precisó Gutiérrez.
En este marco, y asegurando que se respetó la ley en todo sentido, el ejecutivo adelantó que no tienen problemas en mantener las reuniones, pero que “son discusiones inconducentes ya que no es un conflicto colectivo, sino de individualidades”, e invitó a “conversar con los trabajadores de la empresa para que sean ellos quienes describan objetivamente la situación y muestren por qué renunciaron a ese sindicato que hoy demoniza la empresa y quiere judicializarlo todo”.
Prestación del servicio
Interrogado Gutiérrez sobre las denuncias realizadas por los trabajadores acerca de un posible debilitamiento de la prestación del servicio, el ejecutivo las desechó de plano. “Desestimamos totalmente las denuncias. La prestación del servicio de distribución de gas tiene un riesgo inherente como lo tiene el servicio eléctrico. Es común que alguna obra rompa un caño o se produzcan roturas, pero está dentro de lo previsto y nada tiene que ver con el conflicto”, adelantó el ejecutivo.
Gutiérrez dijo que en este tiempo hubo dos incendios que atender. “Asistimos a una vivienda en calle Buenos Aires frente al Sanatorio La Entrerriana y otro en Avenida de las Américas. Se interrumpe el servicio en un sector y luego hay un protocolo para restituirlo. Durante el conflicto se siguió atendiendo y mejorando la relación con los matriculados. Sí tuvimos problemas con la facturación –admitió– y nos demoramos porque tuvimos un problema con las lecturas. Se hicieron mal y debimos ver el historial de cuatro, tres, dos y un año, y pudo haber algún error en la estimación sobre los datos operativos y el consumo promedio del usuario de Paraná, porque te podés equivocar, pero las fuimos resolviendo”, concluyó el empresario en declaraciones a El Diario.
(La Nota digital)
LA NOTA digital 