Causa Ilarraz: citan al decano de la UCA Paraná

El actual decano de la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina – UCA, el sacerdote Luis Alfredo Anaya, fue citado a prestar declaración testimonial en la causa que investiga los abusos ocurridos en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo entre 1985 y 1993, y que se atribuyen al cura Justo José Ilarraz.

Anaya, sobrino de Jorge Anaya, el almirante que impulsó la guerra de Malvinas y que integró la tercera junta militar que gobernó el país durante la última dictadura, fallecido en 2008 mientras cumplía prisión domiciliaria acusado de graves violaciones a los derechos humanos en la ESMA, nació en Buenos Aires, pero se ordenó sacerdote en Paraná, en diciembre de 1985.
Antes de ordenarse sacerdote, se graduó de abogado en la UCA Buenos Aires, en 1977, aunque también es doctor en Teología Moral, título que obtuvo en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Es también magíster en Ética Biomédica, y, entre 2000 y 2002, integró el Consejo de Fe y Cultura del Episcopado Argentino. Es, además, profesor del Seminario de Paraná, y en 2010, cuando las víctimas de los abusos de Ilarraz empezaron a reclamar sanciones en la Iglesia, integró el consejo presbiteral de la curia que atendió ese pedido.

La jueza Susana María Paola Firpo, titular del Juzgado de Transición Nº 2, que tramita la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, lo citó a Anaya para que preste declaración testimonial el próximo 31 de marzo, a las 6 de la tarde, supo El Diario.

Esa carta

El nombre de Anaya comenzó a oírse en la causa Ilarraz a mediados de octubre de 2012, cuando uno de los querellantes, el abogado y exseminarista Milton Urrutia, pidió que sea citado por la Justicia.

“Pedí la citación de Anaya porque él era integrante del consejo presbiteral que en 2010 recibió las denuncias de los abusos cometidos por Ilarraz”, dijo entonces, cuando explicó su petición al juez que en ese momento tramitaba la causa por los abusos en el Seminario, Alejandro Grippo.

En 2010 era arzobispo de Paraná el hoy emérito Mario Luis Bautista Maulión, que también está citado como testigo por la Justicia, aunque aún no testimonió. Maulión fue la primera autoridad eclesiástica que supo por terceros de los hechos ocurridos en el Seminario después que se cerrara, y se archivara, la investigación que ordenó Karlic, en 1995.

En septiembre de 2010, los sacerdotes integrantes del decanato III –la diócesis está dividida en nueve decanatos– lo pusieron al tanto a Maulión de la situación de Ilarraz y de los abusos cometidos en el Seminario y le pidieron que se lo apartara del ejercicio del sacerdocio y además se lo denunciara en la Justicia.

El texto fue firmado por Leonardo Tovar, párroco de San Benito; José Dumoulin, entonces vicario de Nuestra Señora de Luján, hoy trasladado a Villaguay; José Carlos Wendler, en ese momento párroco de Luján, y ahora alejado del sacerdocio; Alfredo Nicola, párroco de Oro Verde; Mario Olivera, de Villa Urquiza; Agustín Hertel, de San Francisco de Borja, y el canadiense José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy, enrolado en la congregación Servidores de Jesús y de María.

La carta buscó que la jerarquía eclesiástica reaccionara ante un caso que muchos conocían, pero del que nadie hablaba: los abusos de Ilarraz. Fue dos años antes de que el caso estallara en los medios, y que la Justicia comenzara a investigar las responsabilidades en su ocultamiento.

Aquel grupo de curas, tuvo un primer encuentro previo el 15 de septiembre de 2010; una segunda reunión ocurrió el día 23 de ese mes. Fue esa vez cuando acordaron presentar una carta a las autoridades eclesiásticas pidiendo definiciones sobre el tema Ilarraz, y particularmente que fuera denunciado en la Justicia.

En el texto, hablaron de la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná, y mostraron su preocupación por el hecho de que el cura siguiera ejerciendo el sacerdocio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.

Esa carta, reveladora, está ahora incorporada al expediente judicial.

¿Qué sabía?

La citación de Anaya es parte de las testimoniales que habrá previo a la llegada a Paraná del cura Ilarraz desde Tucumán, adonde ahora reside. El cura acusado de abusos vendrá para someterse a una pericia física y psíquica durante los días 6, 7 y 8 de abril, a cargo de los peritos del equipo médico forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Fuentes de la causa dicen que esa pericia será previa a un hecho que varios aguardan: verlo sentado en el banquillo al cura para prestar declaración indagatoria.

Entre el lote de 15 testigos que desfilarán por Tribunales entre finales de febrero y finales de marzo, está el sacerdote Luis Anaya.

Anaya sabe tanto del caso como el resto de los sacerdotes que integraban el consejo presbiteral de Maulión en 2010.

A todos ellos, el exarzobispo incluido, llegó aquella carta firmada por los sacerdotes del decanato III. Ese consejo presbiteral, del que Anaya formó parte, es una especie de consejo de ministros que integran los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.

En 2007, Maulión reformó los estatutos de ese consejo –la última modificación había sido aprobada en diciembre de 1995 por el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic– y fijó como función esencial la de “ayudar eficazmente con sus consejos al arzobispo en el gobierno de la Arquidiócesis”.

En ese ámbito se leyó la carta de alerta de aquel grupo de sacerdotes que denunciaban a Ilarraz.
Pero en los largos dos años de tramitación de la causa Ilarraz, la Iglesia se ha mantenido distante, y ha procurado enfriar el tema.

En todo este tiempo apenas produjo dos comunicados oficiales, el último en noviembre pasado. Entonces, dijo que la jerarquía mantendría “una actitud de respeto y cooperación con la Justicia, restringiendo las declaraciones y colaborando en todo lo posible para el completo esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad y la sanción, si correspondiere, a quienes hubieran cometieron delitos aberrantes”.

Cronología

Justo José Ilarraz nació el 9 de julio de 1958, en Paraná.
En 1983 se ordenó sacerdote.
En 1985 llegó al Seminario de Paraná enviado como prefecto de disciplina, designación hecha por el entonces arzobispo Estanisla Karlic. Fue también director espiritual de los seminaristas.
En ese cargo se mantuvo hasta marzo de 1993, cuando el propio Karlic lo autorizó a marcharse a Roma, a licenciarse en Misionología. Pero antes de concluir sus estudios regresó al país, en 1997.
Vivió en Buenos Aires, dejó el sacerdocio, y después regresó y se trasladó a Tucumán, adonde se afincó definitivamente.
En 2012 lo suspendieron como sacerdote.
En 1995, Karlic ordenó abrir una investigación en su contra, recibió el testimonio de víctimas y concluyó que Ilarraz era responsable de los abusos contra seminaristas y lo condenó al destierro.
Pero las actuaciones se mantuvieron en secreto, y no hubo denuncia en la Justicia. Ni siquiera los padres de las víctimas se enteraron de los hechos.
En septiembre de 2012 el tema ganó la luz pública, cuando fue publicado por el semanario Análisis.
Ese mismo año la Justicia decidió intervenir de oficio, y abrió una causa, impulsada por el procurador general, Jorge García.
La causa tuvo un itinerario errático en la Justicia.
El 29 de abril de 2013 se produjo un primer pronunciamiento: el entonces juez de la causa, Alejandro Grippo, rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa de Ilarraz.
Hubo apelación, y la Sala Primera de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por los vocales Miguel Ángel Giorgio, José María Chemez y Hugo Daniel Perotti, dio vuelta el fallo de Grippo, y señaló que la causa estaba prescripta.
La procuración apeló ese fallo, a finales de agosto de 2013.
En noviembre de ese año, la Sala Penal del STJ anuló por mayoría la decisión de prescripción de la causa.
La causa debió volver a otra Cámara, diferente a la que ya había fallado.
El nuevo tribunal en el que recayó la causa Ilarraz fue la Sala II de la Cámara del Crimen, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Ricardo Bonazzola.
Ese tribunal resolvió, el 11 de junio de 2014, rechazar por mayoría el planteo de prescripción hecho por la defensa de Ilarraz.
A principios de julio la defensa de Ilarraz volvió con el recurso de apelación y el pedido de prescripción. Intervino la Cámara de Casación Penal, que en noviembre de 2014 falló que los delitos no estaban prescriptos y que había que seguir investigando.
Pero la defensa presentó un recurso extraordinario, que ahora está siendo analizado por la Sala Penal del STJ.
Será la última instancia, antes de que recale en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.