Por Juan Grabois. Existe una íntima relación entre las 3T, de la que siempre hablaron las organizaciones populares y que estallaron como concepto compartido a partir de que el papa Francisco empezó a expresar de esa misma manera la problemática de la tierra, el techo y el trabajo. La crisis de vivienda y la precarización del hábitat popular son incomprensibles sin considerar la baja calidad del empleo, el deterioro del ambiente, los flujos migratorios y la dinámica demográfica. El patrón de distribución de la población en el territorio es indisociable del extractivismo y el agronegocio que expulsa a la familia rural, despoblando la Argentina profunda. Esto a su vez impacta en el mercado laboral, que sufre un “exceso de oferta” y crea las condiciones para el desarrollo de la Economía Popular urbana.

En ese contexto, el pueblo pobre en su práctica espontánea se muestra como protagonista en la producción de suelo urbano: la creación de asentamientos y construcciones informales explica en gran medida cómo accede a un techo una creciente proporción de los humildes en la Argentina. Como en tantas otras actividades de la Economía Popular, en el rubro inmobiliario, la resistencia colectiva se presenta muchas veces de manera desorganizada y, cuando no hay organización comunitaria, se consagra la ley del más fuerte. Las ocupaciones de terrenos, empujadas por una necesidad vital que ni el mercado ni el Estado resuelven, dan paso en ocasiones a una abyecta utilización de la pobreza y, en general, se concreta en “barrios” en los que cuesta vivir con dignidad. Con todo, es esa y no otra la fórmula que ha encontrado nuestra sociedad para albergar a más de 500.000 familias que habitan los 2000 asentamientos informales que hay en el país.

Como viene la mano y sin una respuesta contundente cogestionada por Estado y movimientos populares, parece que los sin techo seguirán siendo empujados por ese camino.

La tarea que tenemos por delante para que cada familia humilde de nuestra Patria tenga un techo digno donde vivir tiene múltiples dimensiones. Es prioritario dignificar los asentamientos existentes a través de su integración urbana. Esto implica dotarlos de infraestructura social, brindar los servicios esenciales, mejorar las viviendas autocontruidas y conectarlas adecuadamente a los servicios, para garantizar niveles de confort y salubridad, respetando la cultura local y dándoles protagonismo a los vecinos en el planeamiento urbano. La regularización dominial para consolidar los derechos posesorios requiere voluntad política y creatividad. Además de la tradicional escrituración individual, existen alternativas que deben ser exploradas: formas de propiedad plurinidividual, colectiva o comunitaria, mediante consorcios, cooperativas e incluso fideicomisos, todos instrumentos válidos para formalizar situaciones de hecho y sacar a los compañeros de una ilegalidad que se les impuso.

Producir suelo

Otra tarea urgente es la producción de suelo urbano, para la edificación de nuevas viviendas destinadas a los sectores populares. Desde hace algún tiempo, las organizaciones de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) levantan la consigna “un millón de lotes para que no haya ninguna familia sin techo”. La adquisición de grandes extensiones en las zonas periurbanas, su rezonificación, dotación de servicios y distribución de parcelas, financiadas a bajo costo, es totalmente viable y no requiere inversiones faraónicas sino voluntad política.

El lote con servicios puede complementarse con la provisión de “viviendas semilla”, pequeña construcción industrializada que permita la ocupación inmediata por una familia, que luego la mejorará progresivamente. Una debilidad de esta propuesta es la falta de arraigo cultural de los métodos de construcción en seco que abaratan costos y reducen tiempos. El efecto demostración puede eliminar prejuicios y poner en evidencia las ventajas económicas, arquitectónicas y térmicas de estos sistemas. En cualquier caso, no hay dudas de que, a cambio de un lote con servicios y un techo propio para vivir la transición, las familias humildes reinvertirán gustosas lo que ahorrarían en alquileres, en el pago de cuotas y ampliación de la vivienda.

En la actualidad, existe una amplia gama de valiosas experiencias donde los movimientos populares intervienen en la lucha por el techo digno. Lamentablemente, se trata de acciones dispersas, sin planificación ni coordinación adecuada a nivel nacional. En algunos casos, estos proyectos son acompañados por el Estado, como los impresionantes barrios desarrollados por la Tupac Amaru en Jujuy, mientras que en otros –sobre todo cuando se produce la recuperación popular de tierras ociosas– son abandonados o perseguidos, como en el caso del Barrio Obrero de Cipolletti, un asentamiento perfectamente organizado donde las calles son amplias, hay espacios comunitarios y las madres lograron expulsar a los transas y erradicar la violencia de género mediante la autodefensa.

En otros casos, se avanza en determinado aspecto pero no se contempla la problemática en su integralidad, desde el acceso a los medios de transporte hasta la adecuación de las construcciones a la actividad laboral de los habitantes del lugar. Un ejemplo evidente es el de Castañares, donde las viviendas son hermosas pero el complejo no se adapta a las necesidades de los cartoneros que viven ahí tras ser relocalizados del Riachuelo.

En el mismo sentido, durante los últimos años, en muchos municipios del país el Estado apostó a las cooperativas como contratistas para la construcción de viviendas sociales, por ejemplo a través de un muy buen programa como el Socio Comunitario. Experiencias como esa requieren un balance sereno porque, pese a ser un importantísimo precedente, muchas veces fueron utilizadas para abaratar los costos y no garantizaron la plenitud de derechos para los trabajadores cooperativistas. En ocasiones, los obreros laburaban por un sueldo inferior al de convenio de la actividad y soportaron demoras en las certificaciones y el circuito de pago, que perjudicaban no sólo el avance de la obra sino su calidad de vida. En otros casos las cooperativas construían viviendas para terceros, mientras los compañeros que las edificaban carecían de un techo propio. Así, a la frustración del bajo e inestable ingreso se sumaba el ver que gran parte del mismo se iba en el pago de un alquiler, mientras sus manos construían una casa para otra familia, a veces menos necesitada que la suya pero más beneficiada por el Estado.

Mostramos algunos proyectos en los que la organización asume de manera colectiva todos los pasos del proceso hacia la vivienda: desde la obtención de la tierra hasta la adjudicación de las casa. La selección de los ejemplos es arbitraria e insuficiente, no pretende mostrarse como modelo pero, espero, sea enriquecedora para el lector.

Estoy convencido de que estudiando cuidadosamente todo lo realizado en estos años por la vivienda social, las familias humildes, organizadas o no, los movimientos populares, la academia, el Estado y las iglesias, podemos encontrar puntos de síntesis de un programa integral para que todas las familias que habitan suelo argentino tengan un techo para soñar con un proyecto de vida digno. Es que la Economía Popular no es un rejunte de experiencias aisladas: inspira una orientación que sobre la praxis concreta de los sectores populares asume la epopeya de construir una sociedad sin esclavos ni excluidos, con tierra, techo y trabajo para todos.

* Referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Colaboraron Elvira Corona, Leandro Viggiani, Iván Wrobel

ENTREVISTA. ROCÍO DE LUCA AQUINO. COOPERATIVISTA | “En Luján, hicimos casas con toda la comunidad”

Rocío De Luca Aquino cuenta el proceso de organización y lucha por la vivienda impulsado por la organización Patria Grande en Luján. Su cooperativa integra actualmente el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que confluye en la CTEP con experiencias similares de todo el país.

¿Cuál es tu experiencia en la construcción de viviendas?

–Empieza al organizarme en un Movimiento que luchó y lucha por el derecho al trabajo y la vivienda. Cuando tenía 15 años me sumé a la primera recuperación colectiva de tierras que hicimos en Luján, en mayo de 2004, cuando, organizados y con mucha pelea, logramos 52 terrenos.

Después de años de lucha logramos que cada familia tuviera los papeles y se abrió la posibilidad de empezar a construir las casas no­sotros mismos, a través del Programa Sociocomunitario. Habíamos peleado mucho por hacer las casas y tampoco queríamos dejar que las hiciera una empresa, porque se abría la posibilidad de tener un laburo estable y porque no confiábamos en la idea de que fuese una empresa privada la constructora, que pudiese irse con la guita sin terminar la obra o que usara materiales de mala calidad.

En el año 2009 iniciamos, con cuatro cooperativas, la construcción de las primeras 16 viviendas. Estábamos bastante nerviosos, era un desafío muy grande, bah, eso nos parecía al principio, después uno se acostumbra. Durante la construcción de esas primeras casas dimos la pelea y recuperamos 42 terrenos.

Terminada esa etapa, con mucha alegría, peleamos para construir más viviendas. Por programa, cada cooperativa construye cuatro viviendas, por eso hicimos 16 entre las cuatro cooperativas. Peleamos para que en la segunda etapa cada cooperativa pudiera construir cinco casas, o sea 20 en total. Así que pudimos hacer esa y una etapa más de 20 viviendas, en total construimos 56 hasta ahora.

¿Vos cómo te integraste al trabajo?

–Yo necesitaba trabajar, había perdido el único laburo que tuve, que era limpiar casas, ¡y pensar en que podía laburar construyéndome mi propia casa estaba re-bueno! Arranqué como ayudante de albañil…, ¡empecé haciendo los pozos del baño! Después pasé a trabajar en tareas de administración, porque los cumpas que estaban en eso me capacitaban después de las horas de obra.

Para mí fue un gran crecimiento, tanto personal como colectivo. Ninguno de nosotros teníamos experiencia y nos re-curtimos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que somos militantes, que lo hacemos con una convicción que va más allá de la obra; nos mueve la idea de generar un trabajo digno, que todo el pueblo tenga una vivienda digna y, también, que no haya injusticias sociales. Sin ese motor, sin ese motivo de fondo, seguro que la cabeza sólo se vuelve al trabajo o la cuestión de la plata; y a nosotros nos mueve algo más grande, no sé…, un sueño o algo así te diría.

Recién comparabas a una empresa privada y la cooperativa. ¿Qué diferencia encontrás entre una y otra?

–Es re-clara la diferencia. A una empresa la mueve solamente el ganar plata. Acá, en el barrio, a una cuadra de las casas que hicimos, hay un jardín maternal que lo agarró una empresa privada; los tipos cobraron la mitad de la plata, hicieron un cuarto de obra y, “como no le daban los números”, se mandaron a mudar.

La cooperativa es otra cosa. Queremos hacer buenas obras, cobrar un sueldo digno, mejorar nuestro lugar de trabajo, comprar mejores máquinas y herramientas, pero el objetivo fundamental es laburar para la gente, para el pueblo. Las obras que nosotros hacemos son para mejorar la vida del pueblo. Hicimos 56 casas, dos salas de primeros auxilios, vestuarios comunitarios, colocamos 300 luminarias, garitas de colectivos, rampas para discapacitados, todo eso está hecho para mejorar la vida del pueblo; no nos vas a encontrar nunca haciendo casas en los countries.

¿El Programa de Integración Comunitaria de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación te parece bueno para esto que decís?

–Es bueno porque permite que los pobres podamos tener una vivienda digna, y las obras se hacen con las cooperativas. Pero el Estado siempre favorece a los privados. A la misma casa, si se hace con el Plan Federal de Viviendas, le dan un 30% más de plata que a no­sotros; tampoco nos dejan actualizar los precios.

A la segunda etapa de casas la terminamos con jornadas comunitarias, por ejemplo. Necesitamos que nos dejen crecer como cooperativa. Tenemos que hacer más casas, ahora ganamos una etapa nueva de 40 casas, o sea 10 por cooperativa, o licitar obras más grandes, como las del Plan Federal, actualizar los precios de las viviendas durante la obra, que nos den subsidios para comprar herramientas y maquinas. Para nosotros, la vida del pueblo puede cambiar si es el mismo pueblo es el que tiene en sus manos las herramientas para cambiarlo.

Me dijiste que lograron una gran victoria para las familias que se inundaron en noviembre del año pasado en Luján, ¿en qué consiste?

–Logramos el anuncio de la construcción de 202 viviendas más, para la relocalizacion de todas las familias más afectadas. El subsecretario de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación nos planteó que si conseguíamos las tierras estaba la plata para las 250 viviendas necesarias para relocalizar a todas las familias.Después de mucho pelear con el municipio conseguimos un predio de 16 hectáreas cerca de donde viven las familias. Se va a hacer un consorcio urbanístico, que permite que se rezonifique la tierra (se pueden hacer más lotes, en vez de de 1000 m2 se van a poder lotear a 300 m2), y la provincia, a partir de la nueva Ley de Acceso Justo al Habitat, se hace cargo del loteo y del tendido de servicios. Es la intervención más importante de la ley hasta la actualidad. Los dueños van a vender 214 terrenos a familias que están inscriptas en el Procrear, y ceden los 202 terrenos para las familias inundadas.

Inauguración en la excluyente CABA

La Cooperativa de Vivienda Los Pibes (Covilpi) tuvo este año un hito importante en su larga trayectoria de lucha por un techo digno. El 22 de marzo, no casualmente el día en que Martín “el Oso” Cisneros hubiese cumplido 55 años, se inauguraron en La Boca las 33 viviendas por las que la organización trabajó desde su creación en 2003.

Covilpi surgió de la Organización Social y Política Los Pibes, un colectivo que desde sus inicios se dedicó a construir poder popular en La Boca. Lo hizo en un barrio fuertemente identificado con desalojos, tomas y conventillos. Un barrio que gracias a la política expulsiva del gobierno porteño se transformó en un escenario de especulación inmobiliaria feroz. Desde allí, se conformó esta cooperativa integrada por familias sin techo.

Desde su nacimiento, la experiencia recuperó los principios de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), que construyó en su país alrededor de 100.000 viviendas bajo tres criterios centrales: propiedad colectiva, autogestión y ayuda mutua. Hoy, luego de haber adquirido un viejo galpón en desuso, Covilpi logró levantar 33 viviendas a un costo unitario de $390.000, un valor que está por debajo de cualquier cálculo estimado por la Cámara de Construcción. Viviendas de 70 m2 , de tres ambientes, construidas por cooperativas de trabajo y por las horas de ayuda mutua de cada una de las familias que hoy habita el lugar.

En ese recorrido de diez años, los integrantes de Covilpi no ahorraron críticas para el accionar del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “El IVC fue un ejemplo de lo que es tirar por la borda diez años de construcción de una ley gestionada por las organizaciones”, afirma Luciano Alvarez, miembro de la organización, en referencia a la Ley 341. “Sobre 400 cooperativas de vivienda, sólo 120 pudieron entrar y sólo 12 construyeron. Cooperativa que se termina, proceso que se cierra. Casi no se abren nuevas carpetas”. En este marco, Covilpi plantea la necesidad de que exista una ley nacional que promueva la construcción por autogestión y ayuda mutua.

Con su experiencia entre los conventillos e inquilinatos boquenses, su participación en la creación de la Ley 341 de la Ciudad, su trayectoria en la resistencia al neoliberalismo al frente de la FTV Capital, la experiencia de autoconstrucción concretada en una ciudad excluyente, su inserción en la lucha por la vivienda a escala internacional y con el recuerdo siempre presente de un militante de la estatura del Oso Cisneros, Los Pibes, organización madre de Covilpi, asumió el desafío de coordinar la Secretaría de Vivienda de la CTEP a través de su referente, Lito Borelo.

Originarios y pobres unidos por el derecho a la vivienda

En San Martín de los Andes, como en tantas otras ciudades de la Patagonia, la presión del sector turístico y la insuficiencia de las políticas públicas de planificación urbana obstaculizan el acceso a una vivienda digna. En ese contexto, los movimientos populares han tenido un protagonismo decisivo en la lucha por este derecho. Es el caso de la Vecinos Sin Techo (VST), una organización que desde 2004 lucha en una región dominada por lógicas especulativas que se expresan, entre otras formas, a través de cientos de inmobiliarias allí asentadas, de la apropiación de costas públicas o del acaparamiento de inmuebles por la “industria de la cabaña”.

Además de impulsar una amplia gama de políticas habitacionales a nivel local, VST se atrevió a soñar con una “comunidad de cambio”, orientada al “bien vivir”. De eso se trata el Barrio Intercultural, Liwehuntuninchinmapu, un proyecto de urbanización novedoso, que se asienta en territorio mapuche. El barrio está ubicado dentro de las 400 hectáreas que esta alianza popular-intercultural recuperó del abandono en 2011, mediante la sanción de la Ley N° 26.725. Esta norma restituye territorio a la comunidad curruhinca, reservando 77 para esta iniciativa sin precedentes que, además, implica la propiedad comunitaria de la tierra.

El Intercultural está hoy finalizando 56 viviendas construidas a través de las Cooperativas de Trabajo CullRañi y NewenMapu, integradas por criollos y peñis. La propuesta incluye un grupo de casas de construcción tradicional y otro “natural”, es decir, con cerramientos de tierra cruda y “techo vivo”, donde la cobertura externa se realiza con material orgánico y pasto creciendo. Su diseño participativo se enmarcó en los principios de ecología integral y la reafirmación de la identidad originaria.

La Mesa Política del Lote 27 es el espacio institucional que articula a representantes de la organización, la comunidad mapuche y del Estado. Asimismo, los VST gestionaron fondos para la construcción del SUM-Taller donde funciona una carpintería que cumple la irremplazable función de ser sede de asambleas, mates y almuerzos compartidos. La organización ha logrado también la cooperación con instituciones para encaminar proyectos para el desarrollo de energías alternativas, producción agroalimentaria y gestión de un consorcio de microcréditos.

En el barrio también se instalaron los dormis de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (Enocep-CTEP), por la que ya pasaron cientos de dirigentes sociales, gremiales y cooperativistas.

Las organizaciones populares, en San Martín de los Andes, constituyen el punto de partida para la construcción de un modelo de sociedad diferente. Y en ese camino, los Vecinos Sin Techo militan un proyecto político-habitacional que vale la pena estudiar: los pueblos originarios y el pueblo pobre unidos por la vivienda, el hábitat, el territorio, el trabajo, la convivencia y la identidad.

Los VST no se duermen en los laureles ni se miran el ombligo. Saben que son miles las familias sin techo en la región. Recientemente, asumieron la coordinación de la Secretaría de Vivienda de la Seccional Cordillerana de la CTEP, acompañando experiencias tan diversas como las tomas Toscas Blancas y NehuenMapu, de Junín y San Martín de los Andes, hoy organizadas en cooperativas, proyectos comunitarios como la Pionera Patagónica de Bariloche y el reclamo de 430 adjudicatarios de vivienda social en Villa La Angostura, estafados por la gestión municipal. En ese contexto, también impulsa un clúster social, un grupo coordinado de emprendimientos populares de producción de viviendas industrializadas: una verdadera fábrica popular de casas.

Fuente: Miradas al Sur

(La Nota digital)