Más de 1.700 personas respondieron a la convocatoria que se abrió en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Gualeguaychú para recepcionar la adhesión ciudadana al recurso de amparo por incidencia colectiva, en contra de la construcción del barrio náutico Amarras, que lleva adelante la empresa Altos de Unzué. La instancia se habilitó tras el fallo del juez Arnolfi, quien hizo lugar a un amparo presentado por el abogado local Julio Majul, y por el cual la Justicia ordenó suspender la construcción del barrio que se levanta en los humedales del río Gualeguaychú.
El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Marcelo Arnolfi, hizo lugar la semana pasada a un amparo ambiental presentado por el doctor Julio Jesús Majul contra la construcción del barrio náutico Amarras que impulsa la empresa Altos de Unzué. Además, adoptó otras dos medidas de alto impacto colectivo: por un lado ordenó a la empresa Altos de Unzué a suspender la construcción del problemático barrio que se levanta en los humedales del río Gualeguaychú, y por otro, abrió un proceso de convocatoria para recepcionar la adhesión ciudadana al recurso de amparo por incidencia colectiva.
Desde el Juzgado confirmaron que aproximadamente más de 1.700 ciudadanos adhirieron al amparo presentado por Majul, lo que expresa cabalmente que este emprendimiento no goza de licencia social, además de ser blanco de una serie de críticas por el impacto ambiental que generará.
En el amparo además de la empresa, también fue severamente cuestionado el rol que ejerció la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, cuyas autoridades se comportaron más como gerentes de la firma inmobiliaria que como representantes del pueblo y en idéntico sentido la ciudadanía se expresó con respecto a las autoridades del gobierno provincial, especialmente a la displicencia o desinterés del actual secretario de Ambiente, Fernando Raffo.
El hecho de que más de 1.700 ciudadanos hayan adherido a esta medida cautelar en tan sólo tres días, habla a las claras también de la contradicción del intendente de Pueblo General Belgrano, Jacinto Chesini, que sostenía que todo era un movimiento de diez personas.
En algunos casos, las adhesiones fueron acompañados por nuevos cuestionamientos que advierten a la ciudadanía de los peligros que este emprendimiento podría generar, algunos vinculados con lo ya realizado por el desmonte, la construcción de terraplenes y otros que se perciben como riesgos inminentes a futuro, tal el caso de inundación en una de las zonas más vulnerables de Gualeguaychú como es el Barrio La Cuchilla.
El juez Arnolfi está a la espera de las defensas que deben realizar las partes cuestionadas (Amarras ya respondió, falta la Provincia y otros organismos), y una vez recepcionados todos esos documentos, tendrá un plazo de tres días para definir la situación, publicó El Argentino.
(La Nota digital)
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