RAÚL BARRANDEGUY ES ABOGADO DEFENSOR. Ricardo Barreiro, el empresario santacruceño apodado “El Jardinero”, será juzgado en Entre Ríos por un Tribunal unipersonal. La causa cayó –por sorteo- en el juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala. El fiscal de la Cámara es Rafael Cotorruelo. Cabe recordar que los jueces Correccionales intervienen en los casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir el 22 de septiembre de 2014, y cuyo delito prevea una pena máxima de hasta 10 años. El empresario está procesado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.
En diciembre del año pasado se clausuró la etapa de instrucción de la causa que investiga si Barreiro introdujo datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de haber sido designado como funcionario provincial. La fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió la elevación a juicio el miércoles 25 de noviembre de 2015. Los abogados defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se opusieron al requerimiento, por lo cual Barreiro deberá sentarse en el banquillo de acusados.
Una de las decisiones más polémicas de la fiscal Ferreyra fue descartar ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, ya que Barreiro era funcionario y contratista del Estado.
En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.
A raíz de ello el abogado Guillermo Mulet lo denunció poco días después de la publicación periodística y la justicia comenzó a investigar.
PRUEBAS
Según fuentes tribunalicias, el 22 de febrero el fiscal Cotorruelo presentó las pruebas que utilizará en el juicio. Se trata de la misma documental que desde 2013 viene trabajando el Ministerio Público Fiscal (Juan Francisco Ramírez Montrull primero, Ferreyra después).
Asimismo, el abogado defensor de Barreiro, el ex diputado nacional por el FPV entrerriano, Raúl Barrandeguy, confirmó que también hizo las presentaciones correspondientes. Ahora se está a la espera de que las partes sean notificadas de la admisión de la prueba y de la fijación de la fecha de debate.
Cae recordar que Barreiro fue designado ad honorem como coordinador de Relaciones Institucionales en el Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), a cargo de Sebastián Lorenzo.
DEFENSA
Raúl Barrandeguy se mostró de acuerdo con resolver el caso en juicio oral y público: “A nosotros nos pareció bien, queremos ir a juicio”.
Al ser preguntado sobre qué pruebas ofrecieron en esta etapa, el abogado indicó que es “la misma que hemos hecho en la instrucción”.
Si bien la causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet, éste no se constituyó como querellante y por ello en el juicio hay dos partes, el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado. Barrandeguy hizo énfasis en este punto y criticó al letrado que en mayo de 2013 pidió investigar si existía la comisión de un delito y que el año pasado solicitó que se amplíe la imputación al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido no fue escuchado.
“Las partes en este juicio somos el Ministerio Público Fiscal que va a acusar, porque pidió la elevación a juicio, y la defensa. No hay absolutamente más nadie, porque por ahí unos abogados se presentan y sin tener legitimación de ninguna clase hacen peticiones, que se cite, que se amplíe la imputación”, afirmó Barrandeguy en alusión a Mulet.
En cuanto al delito que se le imputa a Barreiro, Barrandeguy dio una explicación en la cual aseguró que su defendido no fue notificado que había sido designado como funcionario del Ceicer y que por ello no incurrió en un delito a la hora de registrarse en el Registro de Proveedores del Estado.
“Barreiro va a ser juzgado porque en un procedimiento de licitación pública, él previamente se inscribe en el registro de proveedores del Estado, y firma un formulario que tiene tilde: donde dice si es empleado o funcionario del Estado él puso ‘No’”, explicó y agregó que “paralelamente había un decreto, que Barreiro dice que no conoce, nunca lo conoció y no tenía por qué conocerlo, los boletines oficiales no los lee todo el mundo y a él jamás lo notificaron”.
“El decreto –continuó el abogado- lo designaba como funcionario ad honorem. Se prueba que él nunca había cobrado un solo peso y que tampoco había sido notificado de ese decreto. En consecuencia, donde puso la tilde donde decía que no era empleado había puesto la verdad. Eso se estimó que era falsificación de documento público, se lo procesó y se lo va a juzgar”.
Preguntado sobre cómo se justifica que Barreiro nunca se enteró del decreto de designación, Barrandeguy planteó que ese tema será discutido en el juicio con la fiscalía: “el criterio es que debió leer el Boletín Oficial. Nosotros presentamos el decreto donde se establece el procedimiento de notificar a las partes cuando se resuelve algo de interés individual”.
“Acá Barreiro si falseara la verdad tendría que haber puesto ‘no soy funcionario público’ y haber sabido. Esto no ocurrió. Aparte lo ha desfavorecido esa condición que le atribuyó el denunciante y después los medios nacionales. La prensa sabrá, tiene sus códigos, cómo responde, si sirve o no sirve a la democracia. Eso de ser el jardinero K lo desfavoreció. En realidad de lo que se trató siempre es de tratar de desacreditar a la presidenta”, consideró finalmente.
Fuente: Río Bravo
(La Nota digital)
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