“La jueza Servini está haciendo lugar a las medidas de prueba que solicitó el señor Urribarri”.
Javier Baños, abogado integrante del staff de Fernando Burlando, en comunicación telefónica con radio La Voz se refirió a la solicitud de la jueza María Romilda Servini de copias de la remisión a juicio contra Sergio Urribarri.
Una denuncia penal fue realizada por Sergio Urribarri patrocinado por Fernando Burlando “hace unos días presentó una denuncia en Comodoro Py. Hay un dictamen del fiscal de la causa, que es el doctor Stornelli, diciendo que posiblemente la causa tenga que remitirse a la provincia de Entre Ríos por una cuestión de competencia territorial; sin embargo, la jueza Servini de Cubría, previo a resolver sobre la competencia, quiere verificar algunos extremos y está haciendo lugar a las medidas de prueba que solicitó el señor Urribarri”, explicó Baños.
“La primera medida que adoptó la jueza es decir que evidentemente frente a la gravedad de los hechos denunciados dijo momento, vamos a pedir todos los expedientes. Entonces, libró un oficio a la OGA que depende del Superior Tribunal de Justicia para pedir todos los antecedentes del caso: está pidiendo la megacausa”, señaló Baños y agregó: “No sé si es inédito o no en la provincia, pero la jueza está haciendo realmente lo que hay que hacer, que es ni más ni menos que investigar los hechos que está denunciando Urribarri y que, además, son los mismos hechos que denunció públicamente Maya en una entrevista”.
Con respecto a la megacausa aseguró: “En realidad lo va a determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en definitiva esto tiene que resolverlo la Corte. Es muy bueno que haya un juez con ganas de investigar lo que acaba de denunciar Urribarri, pero sin lugar a duda la última palabra la va a tener la Corte”.
Baños destacó que Urribarri “está dando datos muy objetivos, Maya los dijo públicamente, los fiscales que investigaron la megacausa por la que fue condenado realmente fueron elegidos en forma discrecional por la Procuración General. Esa elección discrecional le quitó competencias a más del 90% de todos los fiscales de la provincia, porque vos podés por una cuestión de trabajo decir determinada fiscalía investigue una porción de delitos y que otra fiscalía investigue otra porción de delitos; lo que vos no podés hacer es sin ningún criterio de objetividad es a dedo decir este fiscal o este grupo de fiscales va a investigar todas las causas más importantes que se sustancian en la provincia, porque eso directamente es establecer un criterio completamente subjetivo y que puede dar lugar a multiplicidad de suspicacias. Tenés que garantizar que haya criterios objetivos y nada de eso ocurrió en el caso de Urribarri”.
Sobre la primera de las fiscales indicó: “Había intervenido en una causa en donde uno de los imputados resultó ser nada más y nada menos que un amigo íntimo de su marido, y que además esta fiscal tenía propiedades en común con el imputado”, señaló. “Objetivamente había datos muy sustantivos como para que el Jurado de Enjuiciamiento decida desplazarla, y eso será materia de análisis en el máximo Tribunal Federal”. Esta fiscal “actuó nada más y nada menos que no solamente en la investigación, sino en los alegatos de inicio del juicio contra Urribarri, con lo cual hasta podríamos decir que no hay una verdadera acusación en términos constitucionales”.
El segundo fiscal “no tenía jurisdicción territorial para actuar en la ciudad donde actuó, había ganado un concurso para otra localidad y la Procuración lo colocó a dedo”; y el tercer fiscal “en el alegato de cierre señala que acusa sin pruebas, sin testigos y sin documentos”.
Con respecto al órgano que dicta la resolución, señaló Baños “la primera juez casada con el enemigo público declarado de Urribarri; segunda, no puede ser que el juez de primera instancia sea el cuñado de la jueza que confirma el fallo en alzada; tercera, la pareja del actual Procurador General, a quien Urribarri le acaba de pedir el juicio político junto con el doctor Fernando Burlando y que además es el Procurador General que eligió discrecionalmente a los tres fiscales encargados de investigar a Urribarri”.
Baños consideró: “Para cualquier observador imparcial que analice los hechos con una mediana objetividad esto es escandaloso, no es un proceso legal y no es un debido proceso legal constitucional, y se han violado todas las disposiciones más elementales de nuestro sistema jurídico penal. El que no lo quiere ver es porque no quiere verlo”.
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