Daniel prepara el mate en la cocina de su vivienda en Lomas del Mirador, mientras su hija repasa tareas escolares y observa un celular roto. Las casas modestas del barrio y la vida organizada alrededor de comercios, escuelas y centros comunitarios ilustran la rutina cotidiana de muchos hogares en Paraná. Lo que llega a fin de mes no proviene de un empleo formal: depende de la AUH y la Tarjeta Alimentar, que hoy alcanzan a más de 4,1 millones de beneficiarios y 2,5 millones de familias en Argentina. En 2002, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados cubrió a casi 1,9 millones de personas, cerca del 15 % de los hogares del país, convirtiéndose en un instrumento de supervivencia en un mercado laboral colapsado. La asistencia no era opcional: constituía el hilo que sostenía la continuidad de la vida mínima y urgente, frente a las fallas de un sistema que excluía a muchos.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los programas cambiaron: una parte de los beneficiarios ingresó a empleos formales, mientras la AUH, implementada en 2009, consolidó transferencias vinculadas a la niñez, la escolaridad y la salud, llegando a más de 3,5 millones de niños y adolescentes. En la vida barrial, las escenas cotidianas revelan lo que las estadísticas no muestran: familias combinando changas, trabajos informales e ilegalismos; escuelas que dependen de meriendas y subsidios; vecinos que tejen redes de cuidado y actividades comunitarias. La asistencia dejó de ser un alivio transitorio y se transformó en un soporte central del tejido social, manteniendo hogares a flote mientras las desigualdades estructurales y las fuerzas económicas extractivas permanecen intactas.
La pandemia de COVID‑19 evidenció aún más este papel. Programas como el IFE, junto con AUH, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo (con alrededor de 1,3 millones de beneficiarios) funcionaron como nodos de supervivencia frente a la abrupta caída de ingresos. La pobreza se mitigó, aunque la informalidad y la precariedad persistieron: los recursos protegían a los hogares sin modificar la lógica de empleo formal ni los ingresos reales. En la zona, esta mediación permitió que la vida diaria continuara. La rutina se sostenía y la esperanza, aunque mínima, se percibía tangible. Entre un mercado que extrae y consume y una asistencia que preserva, la existencia se mantiene posible.
Javier Milei, que se presenta como innovador, representa la continuidad de un Estado penal‑asistencial: millones de hogares dependen aún de transferencias directas, y el universo de beneficiarios supera con creces las cifras de 2002. Mientras se exalta la “eficiencia fiscal” y los escándalos de corrupción ocupan la esfera pública, la realidad revela un modelo donde la riqueza se concentra, los recursos naturales se explotan y la brecha entre quienes acumulan capital y quienes trabajan se ensancha. En Lomas del Mirador, como en muchos barrios urbanos, la asistencia garantiza casi nada. Las familias trabajan, planifican y esperan. Sin estos hilos —sin estas transferencias— la precariedad estructural no sería siquiera habitable. Aquí queda cada vez más claro: la política económica favorece la acumulación concentrada, mientras millones sostienen sus vidas con menos que lo mínimo.
J. Noriega
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