La pulseada por el financiamiento de las universidades nacionales sumó este martes un nuevo capítulo. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 con el que el gobierno de los hermanos Milei había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. Además, ordenó al Ejecutivo cumplirla de manera «inmediata».
Recordemos: el congreso Nacional aprobó la ley, Milei la vetó y ambas cámaras insistieron con la norma. Frente a esa situación, el Gobierno la promulgó, pero introdujo una condición que, en los hechos, impedía su ejecución. El argumento oficial fue que la ley no determinaba de manera suficiente de dónde saldrían los recursos para afrontar los gastos. (APFDigital)
Para el juez Cormick, ese razonamiento no alcanza. La propia Ley 27.795 establece en su artículo 9 mecanismos para que el Poder Ejecutivo pueda reasignar partidas presupuestarias. Por eso, según la sentencia, el decreto terminó funcionando como una suerte de veto posterior, una herramienta que la Constitución no contempla una vez que el Congreso ha insistido con una ley vetada.
La plata
Ahora el Gobierno deberá garantizar recursos para la actualización de los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento universitario. El fallo llega además después de que la Corte Suprema dejara firme, en junio, una medida cautelar que ya obligaba al Estado a cumplir partes de la misma ley. (La Gaceta)
Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial implicaría alrededor de un 33%.
No es solamente una discusión contable. Detrás de cada partida presupuestaria hay universidades abiertas, docentes, investigadores, trabajadores no docentes, becas y estudiantes que necesitan saber si podrán continuar sus estudios.
¿Una ley es una sugerencia?
La resolución vuelve a colocar en el centro una cuestión básica del sistema republicano: qué sucede cuando el Poder Ejecutivo intenta condicionar la aplicación de una ley que fue aprobada por el Congreso y luego ratificada frente al veto presidencial.
El juez fue particularmente contundente al considerar que el mecanismo utilizado por el Gobierno fue “extraconstitucional” y que operó, en la práctica, como una instancia de veto que no está prevista por la Constitución. (APFDigital)
El Gobierno todavía puede apelar el fallo. Pero el mensaje judicial ya está escrito.
El Congreso sancionó la ley. La Justicia ordenó cumplirla. Ahora queda saber cuánto tardará el Gobierno en hacer lo que, según el fallo, debía haber hecho desde el principio: poner el dinero donde puso las palabras.
F. Castro
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