Más de 850 mil personas impulsan una histórica demanda para defender los glaciares y el agua.
Una de las mayores acciones judiciales ambientales de la historia argentina quedó formalmente presentada ante la Justicia Federal. Más de 850 mil personas acompañaron con su firma una demanda colectiva que busca frenar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada el pasado 9 de abril por el Congreso nacional. La iniciativa fue impulsada por organizaciones ambientales y de derechos humanos que denuncian un grave retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
La presentación judicial fue realizada en el Juzgado Federal de La Pampa por Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA). El reclamo solicita declarar la inconstitucionalidad de la reforma y exige una medida cautelar que suspenda su aplicación en todo el territorio nacional hasta que exista una resolución definitiva.
Las organizaciones sostienen que la modificación legislativa debilita la protección sobre glaciares y ambientes periglaciares, permitiendo actividades extractivas —principalmente mineras— en zonas que hasta ahora se encontraban protegidas por la Ley 26.639. Según los demandantes, la nueva normativa reemplaza criterios científicos por decisiones discrecionales de las provincias sobre qué áreas deben conservarse.
El eje central del reclamo es el derecho humano al acceso al agua. Diversos especialistas y organizaciones remarcan que los glaciares abastecen a millones de personas y cumplen un papel fundamental frente a la crisis climática. En Argentina, estas reservas naturales alimentan cerca del 40% de las cuencas hídricas y garantizan agua potable para más de siete millones de habitantes.
Entre quienes acompañan la acción judicial se encuentran asambleas ciudadanas, organizaciones territoriales y referentes históricos de la defensa ambiental, como Marta Maffei, impulsora de la ley original sancionada en 2010. También adhieren organismos como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y numerosas asambleas socioambientales del país.
Otro de los puntos cuestionados es el proceso legislativo que derivó en la reforma. Las organizaciones denunciaron que más de 100 mil personas se habían inscripto para participar de la audiencia pública convocada en Diputados, pero apenas una mínima parte pudo exponer oralmente. Según sostienen, eso vulneró principios de participación ciudadana establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La discusión sobre los glaciares volvió así al centro del debate político y social argentino. Mientras sectores empresariales y gubernamentales defienden la flexibilización de controles ambientales para atraer inversiones mineras, organizaciones sociales y ambientales advierten que el costo puede ser muy caro.
F. Castro
imagen. archivo
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