Un estudiante de una escuela técnica puede aprender a reparar una máquina más antigua que él. Una computadora tarda en iniciar un programa y los instrumentos deben compartirse. Una familia calcula cuánto necesita para el transporte y los materiales. Estas escenas expresan consecuencias presupuestarias. El 12 de noviembre, Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027 de Entre Ríos, con un gasto de 8,668 billones de pesos. El oficialismo avanzó con una propuesta cuestionada por el endeudamiento y la ejecución de las obras. Pero la discusión central es: el presupuesto define qué necesidades se atienden, qué actividades se promueven y quiénes quedan relegados.
El proyecto prevé 905.394 millones de pesos en gastos de capital, equivalentes al 10,44% del gasto total. De ese monto, 457.908 millones se destinan a rutas y caminos, mientras Educación y Cultura registra 43.052 millones de inversión de capital. Representa el 4,76% del gasto de capital, sin incluir salarios ni funcionamiento. La diferencia exige discutir prioridades. No se trata de contraponer caminos y escuelas, sino de reconocer que laboratorios, talleres, bibliotecas y equipos informáticos también son infraestructura productiva. Una provincia que construye caminos, pero posterga las condiciones materiales del conocimiento, limita sus posibilidades de desarrollo.
En las escuelas técnicas se aprende haciendo: se desarma un motor, se conecta un circuito, se programa una máquina. El conocimiento requiere herramientas, materiales, electricidad e internet. La diputada Lorena Arrozogaray afirmó que el 95% de las escuelas tendría dificultades de conectividad por problemas para garantizar su pago. La cifra requiere verificación, pero plantea un problema. ¿Cómo se enseña tecnología sin conectividad? ¿Cómo se prepara a los estudiantes para actividades industriales automatizadas si los talleres carecen de equipamiento actualizado? Entre Ríos necesita técnicos, pero no garantiza una estructura productiva capaz de absorber esa formación. Sin empleo calificado, muchos jóvenes deberán aceptar trabajos ajenos a sus estudios o abandonar sus localidades. Formar trabajadores sin crear condiciones para que puedan trabajar es una política incompleta.
La provincia tiene actividades articulables con sus instituciones educativas y científicas: producción agropecuaria, industria alimentaria, actividad avícola, sector forestal y cooperativas. Esa articulación requiere inversión, investigación, crédito e infraestructura. El presupuesto proyecta 533.678 millones de pesos en préstamos. La cuestión es para qué se solicita y con qué resultados. Laura Stratta cuestionó la ejecución de la obra pública y presentó porcentajes del 27,5% en 2024, 35% en 2025 y 28% hasta agosto de 2026, cifras que requieren fuentes precisas. Endeudarse para financiar infraestructura puede justificarse; hacerlo sin capacidad de ejecución ni controles suficientes traslada obligaciones al futuro sin garantizar beneficios. La deuda no puede convertirse en una política permanente ni las obras en anuncios que se renuevan mientras las necesidades permanecen.
Las familias con mayores ingresos compensan las deficiencias públicas con computadoras, conexión y formación complementaria de calidad. Las demás dependen de los recursos estatales. Cuando una escuela carece de equipamiento, algunos estudiantes pueden buscar alternativas; otros quedan limitados. Esa desigualdad condiciona el acceso al trabajo y la permanencia juvenil en sus localidades. El gobierno provincial no debe limitarse a equilibrar las cuentas: debe establecer prioridades que amplíen las capacidades de la sociedad. Entre Ríos necesita reducir la brecha entre quienes pueden comprar oportunidades y quienes dependen del Estado para acceder a ellas. El futuro provincial no se mide por los recursos administrados, sino por las oportunidades de educación, producción y trabajo que se construyen.
Julián Noriega
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