“Es angustiante la falta de éxito en el resultado de las medidas”, afirmó la jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelatta; mientras que miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Alberto Chiara Díaz, aseguró que “no dan abasto” ante la cantidad de denuncias por hechos de violencia en los barrios. Fue en el marco de un encuentro que analizó la actuación de la justicia frente al recrudecimiento de conflictos entre bandas, con el narcotráfico como telón de fondo. La poca cantidad de armas secuestradas en allanamientos también se puso sobre la mesa.
Convocada por el Superior Tribunal de Justicia, se realizó en la tarde de este jueves una reunión con funcionarios del Poder Judicial, del Ejecutivo provincial y local y de la Policía, para tratar cuestiones atinentes a la seguridad y el delito en la capital entrerriana.
Fue el presidente de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia, Dr Carlos Alberto Chiara Díaz, quien rompió el hielo en el salón “Dra María Sara Oyhampé” del edificio de Tribunales, 25 minutos más tarde que la hora convenida.
El magistrado convocó a sus pares a una “introspección sincera, informal” para evaluar si lo que hacen “todos los días, sirve para solucionar el problema del aumento – y mucho – de la formas de violencia en la sociedad”.
Enseguida planteó que “no dan abasto” con las denuncias provenientes de los barrios paranaenses “donde hay grupos, banditas de personas jóvenes, que actúan ya en forma irracional”.
Chiara Díaz reconoció que el Poder Judicial “tiene algunos defectos en ese sentido” y señaló que “no aparece de golpe quien tiene que estar para iniciar las investigaciones, la comisaria o seccional no recibe las denuncias”.
Ante el oído atento del comisario de Investigaciones, Ricardo Frank continuó: “Tenemos ese problema que así lo comunican. O cuesta trabajo recibir las denuncias porque no vale la pena recibir una denuncia contra alguien que se lo pone en libertad enseguida”.
“Parecería que cada uno tiene un reparo en su órbita para justificar que no ande aceitado y rápido como correspondería el procedimiento y dar respuesta a la gente”, apuntó el anfitrión y dio lugar a que “cada uno opine desde su propia experiencia para ver cómo armamos una telaraña de posibilidades que contenga a quienes se están desmadrando dentro del cuerpo social y no dejan vivir tranquilos no a sectores de alto poder adquisitivo, sino a los más vulnerables”.
Limitaciones
La primera mujer en intervenir fue la jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelatta quien lanzó una dura afirmación: “Es angustiante la falta de éxito en el resultado de las medidas”.
Si bien explicó que “se hacen masivamente y/o de noche”, “no se consigue el secuestro de armas que se está buscando”.
“Este modo de enfrentamientos armados en barrios periféricos es nuevo y está muy relacionado con la droga. Nos parece irracional; es algo que tiene su lógica en esos lugares con territorio de la droga, e implica la comisión de delitos que lo acompañan como amenazas, usurpaciones”, describió.
Tras ello advirtió: “El tema son las limitaciones que una tiene desde el rol que cumple, limitaciones para actuar. Nuestro rol se encuentra acotado para tomar las decisiones inmediatas. Una autoriza los allanamientos, pero la vulnerabilidad de los vecinos hace que una reconozca que tiene que dar una respuesta diferenciada”.
En el mismo sentido se expresó el titular del Juzgado de Transición Nº 1 Mauricio Mayer quien destacó estar “sorprendido con este fenómeno social de violencia”. Tras señalar que Paraná “no ha llegado tarde a dar respuesta a un tema ya instalado como el del femicidio” el magistrado hizo notar “el recrudecimiento de enfrentamientos entre bandas antagónicas y ola resolución de conflictos a través de la ley de la violencia”.
“Desde la instrucción, con fiscales y jueces de garantías hemos estado dando respuesta en cuanto a allanamientos para secuestrar las armas en los domicilios pero de alguna forma hemos llegado al límite de las cuestiones constitucionales”, alertó.
Desde la Policía piden a la Justicia “celeridad”
Como titular de la División Investigaciones de la Policía, Ricardo Frank y sentado al lado del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, próximo a la intendenta de Paraná, Blanca Osuna, Frank dijo que existen barrios que “urbanísticamente son complicados para hacer una tarea preventiva, para delimitar la zona de conflicto y proceder, porque operativamente el tiempo no nos da”.
Se dirigió a jueces y fiscales para señalar la existencia “del problema de la reincidencia, con personas que están individualizadas, debidamente investigadas y que después son las protagonistas de nuevos hechos”.
Por eso, por algo que “la comunidad no entiende”, el uniformado pidió “celeridad en lo que se refiere a cumplimentaciones de oficios y procedimientos”, sobre todo en “hechos graves”.
Luego de un contrapunto con funcionarios del Poder judicial por el tiempo de cada trámite, el Comisario precisó que “se secuestran armas, pero no guardan relación con la gran cantidad de allanamientos”.
Después aludió al “mercado negro de municiones que nadie controla” como también hizo notar que una persona adquiere un arma y tiene carnet y la habilitaciones para usar mil municiones al año “y nadie controla qué hace con esas municiones”.
A continuación especificó que las armas de los ilícitos son mayormente “nuevas” y “provenientes de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos o de la propia fuerza policial” tras una sustracción.
“Deficiencias”
Entre otros que tomaron la palabra como Rubén Chaia, miembro de la Cámara de Casación penal, o el juez penal de Niños y Adolescentes, Mario Gómez del Río o Susana Firpo, jueza de Transición Nº2, se expresó la jueza Titular del juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Beatriz Bértora.
Tras plantear que hay “mucha movilidad en cuenta a la delincuencia dentro de la Provincia”, la magistrada propuso “sistematizar antecedentes penales” y toda la información “con el interior de Entre Ríos y a la inversa” para corregir las “deficiencias”.
En esa línea se expresó la titular del STJ, Claudia Mizawak, quien también planteó que “nadie controla la prisión domiciliaria”, un tema que dio lugar a una conversación en torno a medidas de seguridad como brazaletes o tobilleras electrónicas, entre otros tópicos.
Agenda
El trabajo del Copnaf, la necesidad de mayores instancias que atiendan las adicciones, la legislación juvenil, el narcomenudeo y el narcotráfico, fueron al mismo tiempo temas que sobrevolaron el encuentro de trabajo.
El juez Chara Díaz indicó que esta cita puede ser la primera de varias reuniones de trabajo para ir “corrigiendo” cuestiones porque “hay cosas que se pueden hacer”, aseguró.
“Es un problema del Estado, no sólo del Poder Judicial”, remarcó por su parte el fiscal Rodríguez Signes.
Fuente y foto: APF
(La Nota digital)
