Las docentes interpusieron una acción judicial este martes, con el objetivo de que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo General de Educación que habilitó los descuentos por los días de huelga. Para la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “en el hipotético caso de que fuera legal descontar salarios por días de paro a un trabajador, la Justicia debería haber declarado la ilegalidad de tal medida”.
Un grupo de trabajadores de la educación presentó este martes ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad por los días descontados por el Gobierno provincial por ejercer el derecho de huelga.
Indica Página política que la acción contra el Consejo General de Educación y el Estado provincial “se fundamenta en la arbitrariedad que representa para un trabajador que mezquinamente se le descuente parte de su salario, cuando está reclamando porque el mismo es insuficiente”, argumentaron desde la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), delegación Paraná. “Los trabajadores seguiremos el camino de la lucha y no retacearemos en herramientas políticas y legales para llevar adelante nuestro reclamo”, advirtieron, y convocaron para la marcha de este miércoles a Casa Gris.
“Los días de paro que se llevaron adelante en 2008 respetaron el más absoluto orden legal y estatutario. Se realizaron reuniones en los lugares de trabajo, se discutió en asambleas resolutivas de Agmer Paraná, se llevó el mandato a congreso de la organización sindical, se resolvió el paro por congreso de la entidad gremial, se comunicó a la Dirección Provincial del Trabajo y al empleador, y se efectuaron todas las medidas exigidas para tal resolución”, detalló la CTA Paraná, en un comunicado de prensa rubricado por el secretario general, Ricardo Sánchez, y por su par adjunta, Susana Salgaro.
Para la Central, “en el hipotético caso de que fuera legal descontar salarios por días de paro a un trabajador, la Justicia debería haber declarado la ilegalidad de tal medida”. Sin embargo, como el escenario es otro, los dirigentes plantearon que no creen que “actos de estricta justicia, como lo es la huelga, amparada bajo normas supralegales, de carácter constitucional y acordadas con la Organización Internacional del Trabajo, puedan ser considerados ilegales”. Y sentenciaron: “No existe nada declarado por los Tribunales provinciales en este sentido”.
Además, Sánchez y Salgaro recordaron que “los descuentos se implementaron merced a resoluciones del CGE y fueron puestas en prácticas por orden del gobernador de la provincia, Sergio Urribarri”, al tiempo que aseguraron que “son resoluciones que colisionan fuertemente con leyes que amparan el reclamo de los trabajadores y no revisten categoría que puedan superar el carácter de éstas”.
(La Nota digital)
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