En 1996, el diputado Alfredo Bravo reclamó el juicio político del juez federal Edmundo Carbone. Hubo otras dos acciones judiciales contra la decisión judicial de Carbone de prohibir la emisión de «La última tentación de Cristo» de Martin Scorsese. El pedido firmado por el legislador socialista fue acompañado por Héctor Polino, Carlos Raimundi y Elisa Carrió.
ADEPA decía lo suyo: «Ya resulta inadmisible que, a trece años de recuperada la democracia en la Argentina, un integrante del Poder Judicial prohíba la proyección de una película al aplicar la autoritaria figura de la censura previa, expresamente vedada por la Constitución Nacional», sostuvo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). «Así, nuestra Carta Magna ha sido violada por quien debe ser su principal custodio, en un sistema democrático y republicano de gobierno», dijo ADEPA.
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