El diputado provincial Juan José Albornoz se manifestó en torno al caso de la menor cuya madre ha solicitado judicialmente la interrupción del embarazo y que por estas horas ha despertado una polémica pública atravesada por aspectos ideológicos, morales, sociológicos y de específica incumbencia médica. “Es inadmisible de todo punto de vista pretender que una persona de 11 años de edad esté en condiciones biológicas y psíquicas de sostener un proceso de embarazo”, aseveró.
El legislador, militante del Movimiento Evita se pronunció “a favor de la urgente e ineludible presencia del Estado en resguardo de la salud y la integridad de la niña, generando las condiciones de seguridad y cuidado que permitan, tal como lo está solicitando la madre de la menor, la interrupción del embarazo”.
“Es inadmisible de todo punto de vista pretender que una persona de 11 años de edad esté en condiciones biológicas y psíquicas de sostener un proceso tal, como lo es también pretender que niños de la misma edad estén en condiciones de soportar una jornada de trabajo o responsabilidades propias de los adultos”, dijo en un comunicado enviado a la agencia APF.
“Más difícil todavía es prolongar un estado injusto de padecimiento que derrumba todo el sistema jurídico de protección de los derechos de la niñez, en el marco de un proceso político de inclusión y de amparo de los derechos humanos y sociales”, afirmó.
“El embarazo de una menor y el hecho de una abuso sexual, más que un hecho aislado, deben verse como el lacerante estigma de la exclusión, la pobreza y el desamparo social que sufren aún muchos argentinos. Nosotros, sin dudarlo, tenemos la obligación política de manifestarnos en defensa del débil, del que ha sido menoscabado en su dignidad y sobre quien, como si eso fuera poco, recaen ahora las consecuencias de las dilaciones de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes”.-
“Comparto en tal sentido las expresiones de las organizaciones que están manifestando su repudio a la intimidación y la presión que ejercen sobre la madre de la niña como representante legal, con el objeto de impedir que sostenga la solicitud formulada en sede judicial. Estamos en presencia de una violación agravada de los derechos humanos no solo de una persona sino de una familia, que no puede ser ignorado por nosotros en el carácter que nos inviste la representación institucional que tenemos, como poder del Estado”, sostuvo el diputado Albornoz.
“Entiendo, sin negar el agobio que produce discutir una cuestión tan sensible, que el Estado debe garantizar la protección de los derechos de la menor, aplicando el protocolo de atención a personas victima de violación sexual y la guía técnica de atención integral de los abortos no punibles, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación, en forma perentoria”, indicó el legislador.
“La mirada biomédica clásica, soporte ideológico de modelos sanitarios hegemónicos no pueden ser la voz de un estado nacional, popular y social. Por otra parte, es ineludible que honremos las convenciones que suscribimos, sobre todo las que refieren a los derechos del/a niño/a, estableciendo su protección contra toda forma de abuso físico y mental, el derecho a la salud, a expresar su opinión en asuntos que le afecten y tener en cuenta las mismas”, aseveró.
“Nos resistimos a caer en el nivel de abstracción de análisis que borran la contundencia del hecho social concreto, objetivo; esta niña que padece una gestación forzada esta presa de una trama institucional y cultural que se resiste no solo al reconocimiento de sus derechos y garantías, sino también, es víctima de las matrices ideológicas con que se piensa y se practica muchas veces la salud pública y la administración de justicia. No la abandonemos a su suerte, que seguramente será la pobre suerte de los pobres cuando nadie los escucha: una injusticia más”, concluyó.
(La Nota digital)
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