A partir del 14 de agosto el ex presidente Fernando De la Rúa y otros siete acusados, entre ellos el ex legislador nacional entrerriano Augusto Alasino, serán sometidos a juicio oral y público por el presunto pago a senadores para aprobar la ley de flexibilidad laboral en el 2000.
Prevén que el juicio durará más de un año, ya que declararán unos 340 testigos.
Se trata del primer juicio por un hecho de corrupción contra De la Rúa acusado del delito de cohecho pasivo (pagar coimas) que tiene una pena de dos a seis años de prisión, quien será juzgado junto al «arrepentido» Mario Pontaquarto, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañés, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
También van a juicio los ex senadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda, quienes habrían recibido los sobornos en el 2001 cuando el Senado aprobó una ley de reforma laboral a la que se oponía el sindicalismo y parte del peronismo, publicó InfoBae.
La fecha fue fijada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 en el marco del juicio en el que declararán como testigos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien denunció que a los senadores le dieron la “Banelco”, y el entonces vicepresidente de De la Rúa, Carlos “Chacho” Álvarez.
En el caso fue clave la declaración de Pontaquarto, ex secretario parlamentario quien aseguró a la justicia que retiró de la SIDE dos valijas con cinco millones de dólares y que la noche de la aprobación de la ley, el 26 de abril, la llevó al departamento del entonces senador del PJ Emilio Cantarero.
El juicio estará a cargo del TOF 3, integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, se prevé que durará más de un año, ya que declararan unos 340 testigos.
El juicio debía comenzar en noviembre pasado pero fue postergado porque el tribunal tenía que resolver otra acusación contra Pontarquarto, por un caso de cuando era secretario parlamentario, y en el que fue condenado el mes pasado en un juicio abreviado a dos años y un mes de prisión en suspenso por malversación de caudales públicos por no rendir viáticos.
(La Nota digital)
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