Unos 3200 productores no han pagado aún el Impuesto Inmobiliario Rural, por lo cual la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) los intimará y accionará judicialmente si no cumplen con la obligación.
Marcelo Casaretto, titular del ente, dijo que son 50 millones de pesos que deben los agropecuarios, más 30 millones de deudas anteriores. El funcionario manifestó que muchos de los morosos poseen parcelas valuadas en 5 millones de pesos en el mercado. “Hemos cobrado ya el 64 por ciento de los titulares de inmuebles rurales. Estamos cerca de lo que fue la media histórica, porque el año pasado pagó el 68 por ciento. Cuando miramos la composición de la masa de los que no pagaron, nos encontramos con que los pequeños y medianos productores son los que están abonando sus compromisos tributarios”, indicó Casaretto.
En este sentido, explicó que la morosidad está concentrada en los grandes productores: “Son 3.200 con la tenencia de cantidad de tierras más grandes y ubicadas en las mejores parcelas de la provincia. Sobre ellos estamos sacando intimaciones, con una deuda del orden de los 50 millones de pesos, y 30 millones más de deudas anteriores”, detalló.
“Sobre las 80 mil partidas que existen, 3.200 estarían englobando el grueso de los incumplimientos. Entonces no habrá intimación para ningún pequeño productor o que tenga campos de menor valor, porque estamos hablando de quienes tienen parcelas de valores superiores a 1,2 millones de pesos de avalúo fiscal. Esto significa que están en alrededor de 5 millones de pesos de patrimonio, de acuerdo al valor de mercado de las tierras”, sostuvo Casaretto en declaraciones reproducidas por agencia APF.
A la vez, destacó que el cumplimiento de ese 64 por ciento de los propietarios significa un monto pagado de 130 millones de pesos, todo correspondiente al primer vencimiento. “Ahora quedan tres vencimientos más. Faltan ingresar los anticipos que vencen en julio, octubre y diciembre”, recordó.
Casaretto dijo además que luego de la intimación, si no se paga se llevará adelante la demanda judicial. “Hay gente que tiene campos de alto valor y alta capacidad contributiva. Tienen la posibilidad de pagar”, culminó.
(La Nota digital)
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