Delta: constatan que existen 250 kilómetros de terraplenes

Así lo indica estudio encarado por entidades ambientalistas. Los terrenos serían utilizados para emprendimientos agropecuarios. Las obras no cuentan con autorización. “Dejan que se construya sin permiso. Acá se actúa con el derecho consumado: Yo hago, vos sacame”.

Foto ilustrativa.
Foto ilustrativa.

La Fundación Ambiental M’Biguá de Paraná, junto a la Fundación Humedales, el Paraná No Se Toca de Rosario y la Red Delta vienen trabajando en forma sostenida desde hace varios años para visibilizar la delicada situación que atraviesa el Delta del Paraná. La construcción de terraplenes y de diques para cortar cursos de agua, entre otras maniobras ilícitas, pone el riesgo al ecosistema, según advirtió a diario Uno el responsable legal de M’Biguá, Diego Rodríguez.

Se presume que el avance de las obras -no autorizadas- sería responsabilidad de productores agropecuarios. “Se llevan constatados 250 kilómetros de terraplenes. De hecho la modificación del lugar avanza a una velocidad que sorprende”, denunció el ambientalista.

El 80% de la superficie del Delta del Paraná corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15%) y Santa Fe (5%).

El extenso territorio de humedales que se extiende dentro de los límites de la provincia va desde Diamante hasta Gualeguaychú. Posee una superficie de 17.500 kilómetros cuadrados y viven 25.000 personas.

La problemática se viene tratando en diferentes reuniones con el secretario de Ambiente de la Provincia, la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que ya recepcionó la denuncia de organizaciones ambientalistas para que se encare un plan de manejo para este área. Para el abogado de M’Biguá, “se encaran obras de manera ilícita. Además se están derivando cursos de agua y no se detiene la construcción de terraplenes”. Y las autoridades actúan.

Ecosistema en peligro

Las obras que de manera irregular ya se cuentan por centenares a lo largo del Delta ocupan espacios que se destinan a cultivos de soja o la ganadería. Que se destine la superficie a la explotación agropecuaria no puede ser considerada negativa a menos que se lleve a cabo sin la debida autorización o incumpliendo las reglas de buen manejo de los recursos productivos.

Una de las acciones preventivas que se está llevando -según aseguró Rodríguez- es el “estudio que realiza la Facultad de Ciencias Hídricas, de la Universidad Nacional del Litoral para medir el parámetro del impacto ambiental que provocan estos cambios en el Delta”. Si bien valoran la gestión de la Secretaría de Ambiente de la Provincia para avanzar en la cuestión, desde M’Biguá lo condicionan al tiempo que demandará su finalización. “Llevará dos años y las construcciones avanzan a un ritmo impresionante”.

Mapa

La Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, una ONG con financiamiento externo se encargó de realizar estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican 53 terraplenes en territorio entrerriano, según precisa un artículo publicado por Página 12.
La tendencia que parece no revertirse podría tener consecuencias irreversibles. “Se modifica la derivación natural de las aguas, además de la modificación del suelo: lo que antes eran humedales, ahora se convirtieron en campos. Esto lleva a que el terreno se convierta en una especie de superficie pampeana”, alertó Rodríguez.

El interés en el cuidado del Delta radica en su alta biodiversidad, es la fuente de la mayor pesquería fluvial del país. La falta de políticas planificadas para frenar estas irregularidades ya provocó sus primeros trastornos.

Según recordó el profesional “hace unos años se quemaron 192.000 hectáreas, dejando como saldo la muerte de cinco personas. Entre Ríos tiene una demanda penal por la falta de control de las quemas. Se trata de una situación bastante descontrolada”.

Puso como caso testigo el accionar de una empresa holandesa “que hace tres años y medio fue denunciada y no logró contar con la habilitación. Pero siguió reconstruyendo un terraplén para instalar un cultivo de soja en un humedal”, expuso con preocupación el ambientalista.

Por la definición de un plan estratégico

La organización ambiental de Rosario, El Paraná No Se Toca, propició un reclamo al poder político de la provincia de Entre Ríos, ante el avance -de lo que ellos consideran- construcciones ilegales. A partir de diferentes pedidos de informes se puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Ambiente. “Le solicitamos información al ingeniero (Fernando) Raffo, pero todavía no nos han contestado”, explicó a Uno la representante del movimiento verde, Victoria Dunda.

La representante de la asociación aseguró: “Tenemos entendido que el funcionario hizo un relevamiento de la zona, constatando la presencia de 27 nuevos terraplenes”. Y se supone que no están todos con las tramitaciones de habilitación correspondientes.

Subrayó que el pedido de informes se gestionó en marzo de 2012, pero hasta el momento no han tenido una respuesta. Respecto de las consecuencias que traen aparejadas las alteraciones de los humedales indicó: “Se modifica la geografía, incluso el régimen hidrológico, conformado por un sistema mixto de tierra y agua, afectando directamente todo el ecosistema”.

Consultada por los responsables de hacer efectivo este plan manifestó: “Son productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe”. Al igual que su par de M’Biguá citó el caso de la empresa holandesa que avanzó en la instalación de un terraplén. Al evaluar la intervención del Estado en este tipo de situaciones sostuvo: “Dejan que se construya sin permiso. Estamos ante intereses privados, que no tienen una estructura de ingeniería para evaluar el impacto ambiental que se podría causar”.
“Una situación diferente se planteó con la construcción del puente Victoria-Rosario, que trajo aparejados beneficios para la sociedad”, comparó. A la vez que en tono crítico sentenció: “Acá se actúa con el derecho consumado: Yo hago, vos sacame”.

(La Nota digital)

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