Ratifican prisión preventiva para Bressán

La Cámara de Casación Penal de Paraná dio a conocer su resolución en torno a la situación del acusado por el crimen de Priscila Hartman, la joven de 22 años que fuera encontrada muerta el domingo 26 de octubre en un descampado de San Benito. El Tribunal determinó que Facundo Bressán seguirá con prisión preventiva y deberá esperar el inicio del juicio en una cárcel de la provincia. El lugar queda a criterio de la defensa y se estima que podría ser derivado a la Unidad Penal de Victoria. Así, la Justicia le negó al imputado la prisión domiciliaria que había sido requerida por los defensores. Al conocerse el fallo, la madre de Priscila manifestó su satisfacción por la medida. “Era lo que esperaba estábamos esperando”, sostuvo.
Hasta ahora, Bressán permaneció alojado en la Alcaidía de Tribunales y, según la defensa seguirá allí hasta tanto quede firme el fallo. “Analizaremos los argumentos del fallo para ver si hay posibilidad de una apelación extraordinaria”, aclaró el abogado defensor, Miguel Cullen.

La audiencia de casación

Los abogados defensores, Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, habían sostenido en la audiencia de casación celebrada la semana pasada, su pedido de que se sustituya la prisión preventiva por 90 días dispuesta el 28 de octubre por la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, por una prisión domiciliaria, en la casa del imputado, en la ciudad de San Benito.

Los defensores consideraban que el encierro de Bressán atenta contra su derecho constitucional a ser tratado como inocente mientras no reciba una condena, como así también, insistieron en que no existen en el caso los denominados “riesgos procesales”, es decir, que el joven pueda fugarse o entorpecer la continuidad de la investigación, si se modifica la medida cautelar y se le impone una prisión domiciliaria en la casa de sus padres.

Cullen y Vartorelli citaron fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia referidos al principio de libertad durante el proceso. Señalaron que, mantener en la cárcel a Bressán, por el hecho de que debido a la gravedad del caso hay una expectativa de pena muy grave, es un adelantamiento de pena, que resulta inconstitucional.

“Los fines del proceso pueden conseguirse perfectamente con Bressán con una cautelar morigerada, como lo es la prisión domicilaria” expuso Cullen. Los defensores hicieron reserva de interponer recurso de impugnación extraordinaria, y de acudir, en caso de una decisión adversa en la Justicia Provincial, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tanto, el querellante, Marcos Rodríguez Allende describió con detalles el grave delito que se le imputa a Bressán y aseguró que la situación del acusado es hoy “mucho más comprometida que en octubre, cuando los fiscales pidieron la prisión preventiva”, debido a los avances de la investigación que enumeró.

“Los tratados internacionales también hablan de la necesidad de asegurar las investigaciones y de los derechos de las víctimas”, respondió el querellante.

Rodríguez Allende mencionó algunas acciones de Bressán, como el supuesto intento de vender el casco y celular de la víctima, y el presunto ocultamiento de la moto de la chica luego del homicidio, para afirmar que el joven no tuvo ninguna actitud de colaboración con la investigación. “Está demostrado que el riesgo procesal en el caso de sustituir su prisión preventiva en una prisión domiciliaria, sigue latente y estaríamos en una alta de probabilidad de obstruir la investigación, la que cada día incrimina más a Facundo Bressán”, fundamentó el querellante.

Se recordará que el informe del servicio de Genética Forense del STJ estableció que el cuerpo de la víctima se halló ADN de una tercera que debería abrir una nueva línea de investigación para esclarecer el crimen. “En esta etapa investigativa, si bien hay una alta probabilidad de responsabilidad sobre una persona, hay que continuar investigando sobre posibles participaciones o encubrimientos de terceras personas; con lo cual, si Bressán adquiere la prisión domiciliaria tiene muchas posibilidades de obstruir la investigación, de ocultar lo que nosotros queremos saber; si algún más participó en el traslado del cuerpo, si lo ocultó y demás”, explicó Rodríguez Allende.

El abogado sostuvo que el plazo de la preventiva es “absolutamente razonable para investigar un caso tan importante. No han pasado aún dos meses desde la desaparición de Priscila. Dejemos investigar a los fiscales, sin riesgo de perder la posibilidad de aclarar y sancionar este delito tan grave” expuso el querellante, quien anticipó que esa parte sostendrá que se trató de un homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y para ocultar otro delito.

Por último, el procurador General, Jorge Amilcar García, en representación del Ministerio Público Fiscal, pidió que se rechace el recurso y se confirme la prisión preventiva. “No estamos discutiendo el status de inocencia de Bressán, que lo tiene y lo seguirá teniendo en prisión, en su casa o en la calle. Discutimos si la libertad del imputado puede impedir los fines del proceso”, aclaró García.

Respecto de la jurisprudencia citada por la defensa, el Procurador indicó que se trata de casos en los que los tribunales intentaron evitar prisiones preventivas de muchos meses, y hasta de muchos años. “No es el caso de Bressán”, manifestó el titular del Ministerio Público Fiscal. El Procurador compartió la hipótesis de la querella, de un posible homicidio “criminis causae” (para ocultar otro delito), publicó El Once.

(La Nota digital)