Jueces: declaración por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos

La Asociación Pensamiento Penal emitió un documento  a 30 años del Caso Bazterica donde solicita a la Cámara de Diputados una política de drogas respetuosa de los Derechos Humanos. También la firman magistrados de Entre Ríos.

Recomiendan “proceder al debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes (Ley 23.737). Entre tales supuestos, debería contemplarse la derogación de figuras como la tenencia simple, la tenencia para consumo personal, el consumo ostentoso y el cultivo para consumo personal. Si se opta por establecer un sistema de umbrales (cantidades) para proceder a la despenalización, deben obedecer a una realidad de consumo y mercado, no estableciendo cantidades ínfimas que no se ajusten a la realidad y permitan la continuación de la persecución penal. La tenencia de estupefacientes que superen los umbrales, no debería ser considerada como prueba cabal de la comisión de delitos de mayor entidad (comercio, tráfico, etcétera), sin pruebas accesorias y complementarias que funden la imputación. Deben observarse experiencias internacionales, cuyas normas de despenalización viciadas de tales defectos han producido efectos antagónicos a los pretendidos (caso México y Brasil, por ejemplo)”.

marihuana medicinal morante

Documento completo

“Conscientes que la llamada “guerra contra las drogas” ha producido mayores daños a la sociedad que los que supuestamente fue llamada a reducir, es que los abajo firmantes ponemos en consideración de las autoridades públicas y la sociedad en general los siguientes conceptos, entendiendo que una reforma a la política de drogas es una deuda de la democracia.

La guerra contra las drogas y sus políticas públicas basadas en la criminalización y represión, han demostrado ser un rotundo fracaso en nuestro país y el mundo entero, sin que se haya logrado disminuir el consumo de sustancias estupefacientes ni perseguir eficazmente al crimen organizado, asegurar el derecho a la salud de las personas que usan drogas prohibidas, ni garantizar el acceso a las sustancias a quienes las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor. En palabras del ex Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA-2013), José Miguel Insulza, “significa interrogarse hasta qué punto las políticas vigentes hasta ahora, bajo el paradigma de la penalización y criminalización, reducen más daños de los que precipitan” .

Diversos líderes hemisféricos, ex Jefes de Estado, académicos y representantes de la sociedad civil, preocupados por el impacto de la violencia relacionada con las drogas y el continuo flujo de drogas en la región, han promovido la adopción de políticas orientadas a reducir la importancia de la justicia penal en su control. Informes emanados de grupos de alto nivel, como la Comisión Global sobre Políticas de Drogas , al enfatizar la necesidad de reducir los daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y de la sociedad, favorecen la óptica de tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas, entre otras recomendaciones.

Las principales víctimas de las políticas represivas han sido las personas que usan drogas prohibidas, al ser constantemente perseguidas y criminalizadas por la tipificación de delitos relacionados con el consumo, como ser la tenencia, el cultivo para consumo personal y el consumo con trascendencia pública, entre otros. Los Estados dilapidan enormes cantidades de recursos técnicos y económicos en la persecución de meros consumidores, malgastando los recursos que debiera destinar a la prevención y atención de consumos problemáticos, y a perseguir delitos de efectiva entidad y daño social. A pesar de la falta de estadísticas oficiales, diversos informes señalan que aproximadamente el 70 por ciento de las causas que tramitan ante el fuero Federal son producto de la actividad de las fuerzas de seguridad referidas a delitos de consumo y sólo un 3 por ciento se relacionan con delitos de tráfico . “De la información de diversos estudios empíricos realizados se desprende que mayoritariamente llegan al sistema judicial sólo los casos nimios e insignificantes, lo que acarrea la consecuencia de sobrepoblar el sistema carcelario, como ha generado también un inmenso e innecesario desgaste judicial. (…) Mientras a los tribunales se los ha saturado con pequeños casos, no llegan los que son más graves, que implican no sólo delitos de tráfico o lavado de dinero, sino de corrupción cometidos por funcionarios estatales” .

El 29 de agosto de 2016 se cumplen treinta años del reconocido fallo “Bazterrica” (1986) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sentado las bases jurisprudenciales de respeto y promoción de los derechos de las personas que usan drogas prohibidas. Asimismo, hace siete años (2009) que la misma Corte se ha manifestado nuevamente a favor de la no criminalización de los consumidores (Fallo “Arriola” -2009-), declarando la inconstitucionalidad de la principal figura por la que tales personas son perseguidas y criminalizadas: el delito de tenencia para consumo personal. A pesar de ello, el Congreso Nacional no ha reparado en el debate y aprobación de una norma que derogue los delitos asociados al consumo personal de estupefacientes, desoyendo las decisiones de nuestro máximo tribunal. Una veintena de proyectos legislativos se han presentado desde 2009 a la actualidad, provenientes de casi todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria , solicitando principalmente la derogación de figuras como la tenencia para consumo personal y el cultivo para idéntico fin. El retardo en su tratamiento redunda en conservar un régimen legal declarado inconstitucional hace ya tres décadas, el que habilita la afectación directa de los derechos humanos de ciudadanos y la dilapidación de los recursos estatales.

Uno de los principales efectos de la criminalización de los consumidores es alejarlos y apartarlos de los efectores de salud. La ley concibe a los consumidores como delincuentes mediante la penalización de los delitos asociados al consumo, promoviendo que la mayoría de los usuarios de drogas no requieran ayuda, atención y tratamiento por temor fundado a ser criminalizados o “tratados” compulsivamente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “no puede pensarse que el mismo legislador que propugna la obligatoriedad de un enfoque positivo de la problemática, pueda coexistir con otro que criminalizando genere efectos hasta deteriorantes de la salud. (…) De manera que no puede sino interpretarse a la criminalización como un modo inadecuado —cuando no incoherente y contradictorio— de abordar la problemática de aquéllos a quienes los afecta. Antes bien, la respuesta penal deja de lado las directivas constitucionales que rigen la materia y se desentiende del verdadero conflicto, entorpeciendo, cuanto menos, la cabal puesta en marcha de la red de tutela diferencial propiciada. Por lo demás, de acuerdo a tales directivas y a las normas federales en juego que han comenzado a delinearlas, resulta incomprensible que mediante sanciones penales que propenden, en definitiva, a la reafirmación del valor de determinados bienes jurídicos, se termine restringiendo precisamente dicho bien. Ello, por cuanto quien es señalado como “delincuente” —e ignorado en su problemática— no acude al sistema de salud o bien tienden a dilatarse en grado extremo los tiempos de latencia entre el inicio del consumo y la solicitud de atención” (Cfr. fallo “Arriola”, 2009).

Diversos organismos regionales e internacionales también han remarcado la necesidad de abordar a los consumos problemáticos de sustancias como un asunto de salud pública, ajeno al abordaje penal. Por ejemplo, el Comité Científico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha emitido un informe destinado a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016), en el que manifiesta que “se debe tratar el uso de drogas y trastornos por consumo de drogas como problemas de salud pública en lugar de temas de justicia penal. Las sanciones penales no son eficaces en el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias y en disuadir el consumo de sustancias” . El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), ha dicho que se han “…identificado muchas formas en las cuales la criminalización del consumo de drogas y la posesión, impide el acceso al derecho a la salud. [Se hace un] llamado a que se despenalice el consumo de drogas y la posesión como un paso importante para brindar contenido al derecho a la salud” . Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA), menciona como una de las “buenas prácticas” a “la despenalización de la tenencia para consumo personal en muchos países (que no ha incrementado el consumo y ha reducido la carga sobre los consumidores y el sistema judicial)” . Asimismo, ha afirmado que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. Un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino tratado adecuadamente”. Entre otros organismos que también han recomendado la no criminalización directa o indirecta de los consumidores de drogas, se encuentran la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) , ONU-Mujeres , la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) . A nivel local cabe destacar las recomendaciones en idéntico sentido realizadas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) , y el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja .

Como lo reconoce la misma OEA, “la evidencia sugiere que la despenalización tiene poca incidencia en la prevalencia (del consumo), aunque tiene el beneficio de reducir la cantidad de casos judiciales, los prontuarios criminales y las tasas de encarcelamiento”. En dicho sentido, la CSJN ha sostenido que “…las tendencias de consumo parecen corresponderse con factores culturales, económicos y sociales, y no con la intimidación penal. Más aún, tal como señala el Informe Anual 2004 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías con sede en Lisboa (OEDT) que valoró el impacto de la legislación en materia de estupefacientes, el Consejo Nacional para la Delincuencia de Suecia había concluido que “no exist[ían] indicios claros de que la criminalización del consumo de drogas [hubiera tenido] efecto disuasorio para los jóvenes”. Asimismo, diversos estudios muestran la complejidad de las prácticas en torno al consumo de estupefacientes o su comercialización a pequeña escala. Estos estudios -lejos de buscar su legitimación- evidencian el carácter determinante de los factores sociales y la escasa posibilidad de modificarlos a partir de formas represivas de intervención . La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “…las estrategias nacionales de fiscalización de drogas aplicadas hasta la fecha han incluido principalmente medidas de reducción del consumo de drogas consistentes en la prohibición efectiva del consumo extramédico de sustancias fiscalizadas internacionalmente e iniciativas coercitivas conexas. Por tanto, es necesario velar por la aplicación de un conjunto exhaustivo de medidas de fiscalización de drogas que abarquen el espectro completo de intervenciones de salud pública —desde la prevención primaria y la reducción de riesgos hasta la atención de los trastornos provocados por el consumo de drogas, la rehabilitación y la asistencia— y se basen en los preceptos fundamentales de la salud pública, a saber: la equidad y la justicia social, los derechos humanos, la atención preferencial a los países y poblaciones más necesitados, la debida consideración de los determinantes económicos, sociales y ambientales de la salud, las intervenciones basadas en datos científicos y los enfoques centrados en las personas” .

En la República Argentina se vienen desarrollando avances institucionales respecto de la necesidad de dividir las competencias penales y sanitarias en materia de política de drogas, ya que el sistema sanitario debe ser priorizado por sobre el sistema penal a fin de atender las demandas de los consumidores. El cambio de paradigma puede visibilizarse en distintas normas que han sido aprobadas en el Congreso Nacional mediante un amplio consenso de las fuerzas políticas y otras medidas arbitradas por el Poder Ejecutivo Nacional. En el primero de los casos cabe mencionar la aprobación de la Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de la Salud Mental”, sancionada y promulgada en 2010, y la aprobación del “Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP)” mediante Ley 26.934 de 2014. Ambas normas diseñan el tratamiento de los consumos problemáticos y adicciones, con el eje puesto en la salud pública y el respeto fundamental de los derechos humanos de las personas que requieran esos servicios, denotando el abocamiento y responsabilidad del Estado en la articulación de políticas públicas que prescindan del sistema penal y los tratamientos compulsivos. Es necesario avanzar con la reglamentación de la segunda ley mencionada, aprobada por unanimidad del Congreso Nacional, brindándole los contenidos fundamentales que sustenten una política pública de abordaje de los consumos problemáticos conforme su texto. Cabe destacar el Decreto 48/2014 del Poder Ejecutivo Nacional, que ha venido a separar el paradigma represivo penal del paradigma sanitario, haciendo conservar ésta última competencia a la SE.DRO.NAR, mientras que la competencia represiva contra el narcotráfico se coloca bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. En 2016 se avanzó aún más, mediante el Decreto PEN 342/16, el que derivó la competencia sobre el control y registro de precursores químicos, desde la SE.DRO.NAR a la cartera de Seguridad. Más allá de los avances legislativos e institucionales, cabe señalar que la separación efectiva entre el paradigma de salud y el paradigma penal en materia de abordaje del uso de drogas prohibidas, no será alcanzado en su plenitud sin la reforma de la Ley 23.737 y la derogación de las normas que penalizan, directa o indirectamente, a los consumidores o los somete a un sistema de tratamientos compulsivos bajo amenaza de sanción penal.

En materia presupuestaria existe un consenso generalizado a nivel mundial respecto de la necesidad de aportar recursos en el abordaje de los consumos mediante estrategias de prevención fundadas en evidencia y tratamientos con basamento científico. Se sabe que es más efectivo controlar los consumos problemáticos mediante estrategias preventivas y sanitarias, que mediante la represión penal. Sin embargo, nuestro país mantiene un exorbitante presupuesto destinado al control de la oferta de estupefacientes mediante la retórica de la “guerra contra el narcotráfico”, en desmedro de los recursos que se destinan en materia preventiva y sanitaria. De acuerdo a un estudio de la SE.DRO.NAR, en 2011 el monto total que se destinó al tema de las drogas equivale al 1.2 por ciento del PIB. El 95 por ciento de lo que se denomina “Presupuesto de Drogas” se orienta a controlar la oferta y apenas 5 por ciento a reducir la demanda (4 por ciento a tratamiento y 1 por ciento a prevención). La media mundial es de 60-40 por ciento, siendo que algunos estudios realizados hace años en Estados Unidos y posteriores trabajos internacionales, han demostrado que las medidas orientadas a disminuir la demanda son siete veces más efectivas que las destinadas a contrarrestar la oferta. Una correcta y sensata política pública que tienda a disuadir y brindar asistencia a los consumos, debiera reconsiderar el tema.

Se requiere un exhaustivo control institucional de los mecanismos de tratamiento que desarrollan los actores privados (muchos de ellos financiados por el propio Estado), velando porque tales intervenciones sean respetuosas de los derechos humanos de los consumidores, tengan basamento científico en el abordaje de los consumos y se encuentren ajustadas a los preceptos de la normativa que rige la materia (Ley 26.657 y Ley 26.934, entre otras). El mero financiamiento estatal sin contralor, o mediante un ejercicio laxo en dicha función, trae aparejados todo tipo de tratos inhumanos y degradantes para las personas que se encuentran bajo “tratamientos” desarrollados por una multiplicidad de actores sociales. El Estado no debe apartarse de su función de garantizar el acceso a la salud de las personas con usos problemáticos de sustancias, ausentándose como actor imprescindible en brindar recursos a los efectores públicos de salud y delegando tal responsabilidad en actores privados con escaso o nulo control institucional sobre sus prácticas. La imposición de medidas compulsivas de tratamiento, ya sea como medida de seguridad o como una pena alternativa, no sólo viola el principio de autonomía personal y la normativa vigente, sino que ha sido una herramienta ineficaz para asistir a los usuarios de drogas, pues las estadísticas refieren que este tipo de intervenciones no ha podido impedir el incremento de recidivas . De ahí la necesidad que los usuarios de drogas cuenten con un amplio abanico de alternativas en materia de asistencia y tratamiento, siendo la internación una medida excepcional y “recurso terapéutico de carácter restrictivo”, el cual “sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social” (Cfr. Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de la Salud Mental”).

Las agencias estatales deberían articular los medios necesarios para brindar a las personas privadas de libertad con uso problemático de drogas, la oferta de diversos modelos comprobados de intervención en materia de atención y tratamiento sobre la base de la diversidad, contemplando los contextos en los que se presentan las adicciones, sus características y la singularidad de las personas. El déficit verificado por las organismos encargados del control del sistema penitenciario en las distintas jurisdicciones, respecto de la prevención, asistencia e inclusión social en relación a la problemáticas de las adicciones en los lugares de encierro, hace indispensable la normativización y articulación de un plan integral que implique acciones que permitan asegurar la protección de la salud de los usuarios de drogas, no solamente mientras se encuentren detenidos sino también cuando hayan recuperado su libertad, con el máximo respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad. La privación de la libertad, lejos de habilitar un debilitamiento de otros derechos y obligaciones de instituciones públicas, requiere del esfuerzo de dispositivos de promoción y protección. Las “Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos” (ONU) y los “Principios de Ética Médica” (OEA), entre otros documentos, señalan el deber de atender a los pacientes y actuar de acuerdo con sus mejores intereses, así como el deber moral de proteger la salud de los detenidos .

La política de reducción de riesgos y daños, asumida por consenso en diversos organismos internacionales, e incluida en la declaración aprobada recientemente por la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016), como una política basada en “…iniciativas y medidas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias adversas del uso indebido de drogas…”, se manifiestan como un contenido esencial en el abordaje sanitario y tratamiento de los consumos. La OEA ha afirmado que “existe un consenso sobre la necesidad de proveer un plan completo para el albergue y el tratamiento de los adictos y para implementar toda una serie de medidas basadas en la reducción del daño”. A nivel local, esa política se encuentra contemplada en la Ley 26.934 de 2014 (Artículo 10 inciso d), la cual “entiende por reducción de daños a aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”. Sin embargo, la falta de reglamentación de la norma redunda en la ausencia de contenidos, programas y políticas dirigidas a llevar adelante la política pública demandada por ley. Es necesario resignificar el concepto de reducción de daños, “para que no se reduzca a un concepto meramente asistencial sino que represente a uno que contenga a la reducción de la violencia que las agencias gubernamentales o estatales producen sobre la población por acción u omisión” .

Las estadísticas disponibles demuestran que las provincias que han adherido a la llamada “Ley de Desfederalización” (Ley 26.052), han aumentado la persecución de los consumidores mediante los delitos asociados al consumo (en un 200% en algunas provincias) y obstruido la capacidad investigativa del fuero federal en el entendimiento sistémico del fenómeno. Asimismo se observa que en algunas jurisdicciones existe una tendencia consolidada a optar por calificaciones más gravosas, como las relativas a la comercialización de estupefacientes, en vez de figuras de mayor coherencia con la realidad de los hechos, como ser la tenencia simple y la tenencia para consumo personal. La criminalización de los consumidores no sólo se ve acrecentada, producto de la desfederalización, sino que se agrava la situación procesal mediante la aplicación de figuras penales de mayor entidad . Actualmente existen en el Congreso Nacional algunas propuestas legislativas que propenden a derogar la ley de desfederalización, considerando que no ha dado resultados prácticos que podamos considerar como beneficiosos, tanto para los derechos de los consumidores como para la persecución del crimen organizado.

La política represiva estuvo enfocada a reprimir los eslabones más frágiles y prescindibles del tráfico de estupefacientes, principalmente personas vulnerables, como las llamadas “mulas”. Esas personas son utilizadas por el narcotráfico como mano de obra barata y descartable del negocio, abusando de la situación de pobreza y necesidad en la que generalmente se encuentran, sometiéndolas a graves vejámenes, extorsiones, amenazas y riesgos a la salud individual. Debe evaluarse la aplicación de la ley de trata de personas, en los casos que corresponda a fin de considerarlas bajo la protección que la norma, establecer la disminución de las penas, alternativas al encarcelamiento y/o políticas de amnistía e indulto, como ha sucedido en otros países de la región y el mundo. Estas alternativas son imprescindibles para reconsiderar la necesidad y conveniencia de mantener a gran cantidad de personas (en su mayoría mujeres cruzadas por una historia de pobreza extrema y necesidades desatendidas) encarceladas y alejadas de sus familias e hijos. En el caso que se mantenga la pena de prisión para tales casos, debiera contemplarse la posibilidad que las mujeres extranjeras puedan cumplir la totalidad en sus países de origen, a fin de conservar el contacto con su grupo familiar. En palabras del Ministerio Público de la Defensa y la Procuración Penitenciaria de la Nación, “…en el caso de las detenidas que son madres, el alejamiento se vuelve más grave tanto para ellas como para sus hijos. La destrucción del vínculo materno-filial constituye una `pena´ añadida a la condena, que además trasciende a los hijos. Es fundamental prestar atención también a las circunstancias en que se encuentran los hijos menores de 4 años que conviven con sus madres en prisión. No hay duda con respecto a la idea de que la cárcel es un lugar absolutamente inadecuado para la crianza de los niños y que produce severos efectos en el desarrollo de sus aptitudes físicas, mentales y afectivas. Por otro lado, en los casos en que se separa a los hijos de sus madres, los efectos no son menos perniciosos. La pretensión estatal de castigar a las mujeres con pena de prisión implica la ruptura de ese vínculo materno-filial y obliga a los niños a crecer sin el cuidado y la supervisión de sus madres, a quedar a cargo de otros familiares o ser institucionalizados, lo que a veces desemboca en la ruptura definitiva del vínculo” .

Debiera evaluarse la implementación de alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos relacionados a las drogas, como ser la venta minorista. La mayoría de estos delitos son realizados por personas caracterizadas por historias de exclusión, pobreza y violencia social o familiar, a modo de subsistencia económica y/o obtención de sustancias relacionadas a sus consumos problemáticos, que son utilizados por el narcotráfico como el eslabón más débil y pasible de ser seleccionado por el sistema penal. El encarcelamiento suele acrecentar la exclusión social de esas personas y sus núcleos familiares, denotando uno de los motivos más atendibles de la sobrepoblación carcelaria en nuestro país y la región. La prisión refuerza los comportamientos conforme a estereotipos de pertenencia al mercado ilegal y la imposibilidad posterior de inclusión social por el estigma y etiquetamiento que agravarán sus circunstancias personales. La reincidencia en el mercado ilegal se presenta como una de las pocas posibilidades de subsistencia de las personas que han pasado por el encierro, agravando y haciendo perdurar la exclusión social y prisionización. Las alternativas a la prisión y la reducción de los mínimos penales (como proponen algunos proyectos de ley ), se presentan como opciones viables para paliar dichos efectos y brindar mayor flexibilidad al sistema.

Ante el fracaso mundial de la “guerra contra las drogas” y su enfoque prohibicionista-represivo, se observan como auspiciosas las estrategias de regulación de las drogas actualmente prohibidas como estrategias para asumir estatalmente su control, sus calidades y monopolizar la cadena de valor, como “golpe de mercado” a las redes criminales. Países que fueron mentores de la cruzada bélica y otros países hermanos, como la República Oriental de Uruguay, se encuentran evaluando y llevando adelante estrategias de regulación estratégica de determinadas sustancias (principalmente el cannabis), como reconocimiento que los abordajes represivos no han brindado resultados beneficiosos en sus sociedades respecto de índices de consumos, violencia, corrupción y encarcelamiento masivos por delitos relacionados a la prohibición total. La asunción de que no existen sustancias inocuas, significa que la presencia regulatoria del Estado se visibilice como fundamental e improrrogable a fin de controlar los mercados y no dejarlos en manos de la regulación mafiosa del crimen organizado. Al igual que sucede con la regulación de sustancias nocivas para la salud, como el alcohol y el tabaco, el abocamiento regulatorio institucional brinda mayores posibilidades de control del fenómeno que la fallida prohibición. La Comisión Global de Políticas de Drogas ha afirmado que “mucho se puede aprender de los éxitos y fracasos de la regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros productos y actividades que presentan riesgos para la salud y de otro tipo para los individuos y las sociedades. Se necesitan nuevos experimentos que permitan el acceso legal pero restringido a drogas que actualmente están disponibles solo de manera ilegal (…) En última instancia, el método más efectivo para reducir los extensos daños causados por el régimen mundial de prohibición de drogas y para promover los objetivos de salud pública y seguridad es controlar las drogas a través de una regulación legal responsable”. Asimismo, la OEA ha afirmado que “una buena perspectiva sería la aceptación de que la prohibición ha fracasado y que la experimentación con nuevos marcos políticos se debe fomentar. Esto puede implicar la legalización, la reducción de daños y la inversión en regímenes de tratamiento”; a la vez que “el tabaco y el alcohol proporcionan lecciones potencialmente importantes para los programas de prevención de drogas. En el caso del alcohol, mayores impuestos, restricciones en la distribución, la reducción de horas de venta, la prohibición de la publicidad y el establecimiento de la edad mínima para el consumo, entre otras medidas, han demostrado ser eficaces en la reducción del consumo nocivo” .
Recientemente, un grupo considerable de reconocidas personalidades de nuestro país, mediante la firma de un “Documento de Convergencia” , han manifestado que “ante la comprobada imposibilidad de alcanzar una única, implacable y rápida solución al fenómeno de las drogas es importante tener en cuenta que la alternativa más aconsejable pareciera ser desplegar con flexibilidad un conjunto de iniciativas de mediano y largo plazo. Este modo de aproximación debe atender la problemática de cada sustancia según en su propia singularidad y efectos sanitarios, sociales y económicos. El desarrollo de políticas de regulación modulada, según las características de cada narcótico, resulta imprescindible si se aspira a contener, y eventualmente revertir, las manifestaciones más deletéreas del problema de las drogas. La extensión y consolidación de la legalidad y la estatalidad debiera estar en el centro de toda estrategia sobre las drogas. El narcotráfico y el crimen organizado se nutren de la ilegalidad y se fortalecen con la ausencia estatal. Sin ley y sin Estado prosperan poderosos actores violentos que se enraízan socialmente mediante la regulación mafiosa de los negocios ilícitos. Los efectos socialmente más dañosos del problema de las drogas, como por ejemplo la extrema violencia asociada a la apropiación y el control del negocio ilegal así como la corrupción y descomposición de las instituciones públicas, no surgen como efecto directo de los narcóticos sino de los fallidos intentos represivos dirigidos a eliminar esos mercados ilícitos”.

El acceso a los usos medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor de las sustancias actualmente prohibidas, debe ser materia improrrogable de las políticas públicas. La prohibición o dificultad en el acceso a sustancias que benefician la salud integral de las personas que las consumen, bajo el pleno ejercicio del derecho a la salud y autodeterminación, parece ser otro ejercicio retórico infundado dentro de una cultura prohibicionista que nos ha alejado de la empatía con los que sufren innecesariamente . La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la ONU, tempranamente establece un límite al prohibicionismo en su preámbulo “reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin”. Precepto que se repetirá durante el contenido de esta Convención y sus sucesivas de 1971 y 1988. Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE-ONU), ha afirmado que “todavía hay demasiadas personas que sufren o que mueren con dolor, o que no tienen acceso a la medicación que necesitan. El sufrimiento innecesario por falta de medicación adecuada debido a la inacción y al exceso de requisitos administrativos es una situación que nos avergüenza a todos” . En nuestro país existen ciertos avances jurisprudenciales y administrativos en el reconocimiento al acceso a drogas prohibidas con fines medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor. Pero ello es insuficiente sin el establecimiento de regulaciones administrativas y legales claras que garanticen el acceso a las sustancias de toda persona que lo requiera, y propicien la investigación científica sobre sus usos. El mantenimiento en el oscurantismo de determinadas sustancias que se han pretendido prohibir, obstaculiza tanto la investigación sobre su potencialidad para usos médicos y terapéuticos, como la contemplación de alternativas en el tratamiento de diversas patologías, redundando en una afectación generalizada de la salud de la población.

Por todo lo expuesto, recomendamos:

1. Proceder al debate legislativo y aprobación de una ley que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales que directa o indirectamente sancionen conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes (Ley 23.737). Entre tales supuestos, debería contemplarse la derogación de figuras como la tenencia simple, la tenencia para consumo personal, el consumo ostentoso y el cultivo para consumo personal. Si se opta por establecer un sistema de umbrales (cantidades) para proceder a la despenalización, deben obedecer a una realidad de consumo y mercado, no estableciendo cantidades ínfimas que no se ajusten a la realidad y permitan la continuación de la persecución penal. La tenencia de estupefacientes que superen los umbrales, no debería ser considerada como prueba cabal de la comisión de delitos de mayor entidad (comercio, tráfico, etcétera), sin pruebas accesorias y complementarias que funden la imputación. Deben observarse experiencias internacionales, cuyas normas de despenalización viciadas de tales defectos han producido efectos antagónicos a los pretendidos (caso México y Brasil, por ejemplo).

2. Derogar las medidas compulsivas de tratamiento contenidas en la Ley 23.737, por no ajustarse a los estándares en materia de derechos humanos y abordaje de los consumos problemáticos, conforme la normativa internacional y local (Ley 26.657 y Ley 26.934). Los llamados Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD) implementados en algunos países y corrientemente mencionados en el debate local, resultan medidas impropias que hacen perdurar la amenaza de sanción penal o administrativa sobre los consumidores, a quienes se los compele a tratarse, y un dispendio de recursos administrativos y judiciales que hacen perdurar su persecución. Por lo que se desaconseja llevar adelante tales abordajes.

3. Reglamentar la Ley 26.934 “Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP)”, brindando los contenidos fundamentales que sustenten una política pública de abordaje de los consumos problemáticos.

4. Balancear el presupuesto asignado a las medidas orientadas a disminuir la demanda en el consumo de sustancias, en razón de las asignaciones otorgadas a las destinadas a contrarrestar la oferta.

5. Establecer un sistema efectivo y constante de control institucional de los establecimientos públicos y privados que se abocan a la asistencia y tratamiento de consumos problemáticos de sustancias, velando que se atengan al respeto de los derechos humanos de los consumidores conforme la normativa internacional y local.

6. Articular los medios necesarios para brindar a las personas privadas de libertad con uso problemático de drogas, la oferta de diversos modelos comprobados de intervención en materia de atención y tratamiento sobre la base de la diversidad, contemplando los contextos en los que se presentan las adicciones, sus características y la singularidad de las personas.

7. Desarrollar políticas de reducción de daños, brindando contenidos operativos a la política pública establecida y demandada por la Ley 26.934 (artículo 10 inciso d).

8. Proceder a la derogación de la llamada “Ley de Desfederalización” (Ley 26.052).

9. Contemplar la posibilidad de aplicar a las llamadas “mulas” la ley de trata de personas en su condición de posibles víctimas, a fin de colocarlas bajo la protección de la ley, la baja de penas, alternativas al encarcelamiento y políticas de amnistía e indulto. En el caso de que se mantenga la pena de prisión, debiera contemplarse la posibilidad que las mujeres extranjeras puedan cumplir su totalidad en sus países de origen, a fin de conservar el contacto con su grupo familiar

10. Establecer alternativas al encarcelamiento y disminución de mínimos legales para delitos no violentos relacionados a las drogas, como ser la venta minorista, a fin de brindar proporcionalidad y flexibilidad al sistema.

11. Considerar el desarrollo de políticas de regulación de sustancias actualmente prohibidas, quitándolas de las manos de las redes criminales.

12. Garantizar el acceso a las sustancias actualmente prohibidas, a las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor. Propiciar la investigación científica sobre las potencialidades médico terapéuticas de esas sustancias.

13. Ubicar a los individuos en el centro de las políticas de drogas. La legislación debe respetar los principios de legalidad de la ley penal, pro homine, lesividad, ofensividad y proporcionalidad (artículo 75. 22 CN).

FUENTE

(La Nota digital)

Anuncios