JUICIO POLÍTICO. “Mi salida significaría convalidar un orden anti-institucional para el STJ”.

El juez Carlos Chiara Díaz atraviesa horas cruciales en el proceso de juicio político. En una entrevista con Página Judicial, habló de los viáticos, sus viajes, su desempeño como docente, las internas entre los supremos y confió en que saldrá airoso. Además, volvió a cuestionar a Claudia Mizawak, a quien calificó como “una especie de encarnación de la justicia en el STJ”, dijo ser “víctima de una suerte de linchamiento político” y se autocalificó como “un juez molesto o no confiable para ciertos sectores del poder”.

Carlos Chiara Díaz está cursando horas decisivas para su futuro como magistrado. Este lunes una comisión legislativa podría emitir un dictamen aconsejando que se le inicie un juicio político y, en caso de prosperar, el martes podría ser suspendido en su cargo.

Así las cosas, uno de los vocales históricos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) está a las puertas de ser enjuiciado, en términos genéricos, por la supuesta utilización irregular de viáticos y por sus reiteradas ausencias de su despacho por los viajes que realiza para dar clases, charlas y conferencias fuera de la provincia.

Se trata de uno de los jueces más antiguos del STJ: fue designado el 16 de junio de 1988, junto con Daniel Carubia, luego de que el entonces gobernador Jorge Busti impulsara la Ley Número 8.065 para la ampliación de siete a nueve miembros en el alto cuerpo. Antes había sido secretario, juez de primera instancia y camarista; y hoy se jacta de cumplir cincuenta años como funcionario judicial. Es, decididamente, un integrante de eso que se llama “familia judicial”. Lo cierto es que Chiara Díaz siempre ha sido catalogado como afín al peronismo y su trayectoria no ha estado exenta de polémicas; aunque él prefiere calificarse a sí mismo como “un juez molesto” y “no confiable para ciertos sectores del poder”. Lo que nadie se anima a cuestionarle es su solvencia técnica. Lo avalan una veintena de libros y artículos en publicaciones jurídicas que son bibliografía en las facultades de Derecho; y también su desempeño como docente de grado y de posgrado en distintas universidades públicas y privadas.

Chiara Díaz recibió a Página Judicial en su casa y no esquivó ninguna pregunta: los viáticos, sus viajes, su desempeño como docente, las internas entre los supremos y su futuro dentro del Poder Judicial; tampoco ahorró críticas a algunos integrantes de la comisión investigadora en el proceso de juicio político ni al abogado que presentó la denuncia; y expresó su confianza en que saldrá airoso.

Lo que sigue, sin embargo, no es una entrevista convencional; la verborragia, ampulosidad y vehemencia de Chiara Díaz a veces lo llevaban a digresiones más allá del cuestionario, aunque nunca esquivando ningún tema.

“Este señor (Carlos Guillermo) Reggiardo –que tiene otros intereses y otra currícula– dice que hay una incompatibilidad entre el ejercicio de la docencia y mi actividad judicial. Eso da cuenta del desconocimiento total que tiene esta persona”. Así arranca con las primeras críticas a quien lo denunciara ante la Cámara de Diputados.

–La denuncia que analiza la Comisión de Juicio Político dice que usted cobra una remuneración como juez por días no trabajados para el Poder Judicial, que ha percibido viáticos del STJ por tareas que no tienen relación con su tarea de juez; que tiene otras remuneraciones, más allá de su sueldo de magistrado; y que su tarea como docente interfieren en su desempeño como magistrado.
–Nunca me pagaron viáticos en ninguna de las universidades donde me he desempeñado. No me pagaron nunca ni un café, nada. Desmiento enfáticamente haber percibido algún tipo de denominado viático o dinero extra para sumarlo indebidamente a lo que me daba el STJ. Son dos cosas distintas, y parto de la base de que no hay incompatibilidad, porque si la hubiera podrían tener alguna cuestión, pero la propia Constitución lo permite.

–¿Cómo es el mecanismo para el otorgamiento de viáticos? ¿Cada vocal los pide? ¿Cómo se autorizan? ¿Tienen que rendir cuentas después? ¿Alguien ejerce algún tipo de control?
–Hay un doble control. Nosotros somos nueve vocales y tenemos un tribunal de superintendencia que está integrado por el presidente, el vicepresidente y los tres presidentes de sala. Nunca puede salir una comisión o ausencia de un vocal si no es con la autorización de ese tribunal. Además, ningún vocal puede irse solo en actividades oficiales. La única que puede hacerlo es la doctora (Claudia) Mizawak, porque es como una especie de encarnación de la justicia en el STJ. De manera que niego haber hecho una misión o trabajo dentro o fuera de la provincia en nombre del STJ cobrando viáticos que no me correspondían, sino simplemente recibiendo las sumas que me adjudicaban por las disposiciones vigentes, establecidas por Acuerdo del STJ. Cada vez que uno se va, le entregan 2.500 pesos y cada uno se va en el auto particular o en un auto del tribunal o por avión. Ni una vez me fui por mi propia decisión, la decisión la toma el tribunal, que también examina cuando vuelvo, como a mí me ocurre de examinar a los otros colegas, porque cada uno tiene que firmar la conformidad del gasto. A mí nunca me desaprobaron los gastos ni los observaron. ¿Por qué no los observaron? Si había algo que estaba mal en ese otorgamiento, el resto de los vocales resultan tan responsables o más que yo. Nunca hubo observación alguna. Y en todo caso esa sería una cuestión de las áreas contables del Poder Judicial. Las áreas contables, a través de un informe a las autoridades, tendrían que plantear si hubo de parte de este vocal alguna situación anómala, pero dentro del Poder Judicial.

–En el año 2014 a usted se le objetó una autoasignación de viáticos durante la feria de enero que, según se dijo en ese momento, fue por un viaje personal a Buenos Aires.
–Eso es algo que nadie conoce y la cuestión personal no aparece en la acusación que se me hizo sino que fue metido de rondón. En aquel momento, me convoca de urgencia (el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl) Zaffaroni porque estaba a punto de salir el proyecto del nuevo Código Penal y había una serie de actividades que programar. Como (Bernardo) Salduna no estaba, le aviso a (la secretaria de feria) Noelia Ríos, para que a su vez ella avisara que yo me iba a Buenos Aires con un chofer del tribunal y que volvía en el día. Cuando llegó Salduna, hubo un malentendido, tal vez porque habrá creído que él debía estar en conocimiento, y le pasó vista al fiscal. La cuestión es que el procurador (Jorge García) consideró que se podía hacer eso ante un caso de urgencia, como era éste, y lo convalidó, pero le parecía que no estaba debidamente justificado el viático con el chofer y propiciaba que volvieran las cosas al estado anterior. Entonces, pedí que me hicieran la liquidación y lo pagué. Se ha hecho muchas veces eso.

–¿Por qué cree entonces lo acusan?
–Debe ser porque soy un juez molesto o no confiable para ciertos sectores del poder. Hay otros vocales que no tienen esa característica… Y después, hay que probar todo eso que ellos dicen.

Chiara Díaz habla de “ellos” para referirse al grupo de dirigentes peronistas que impulsaron el primer juicio político, entre los que se destacaban los nombres de Augusto Alasino, Héctor Maya y Domingo Daniel Rossi, y que fue rechazado in limine. Reggiardo también era uno de los firmantes, y después insistió solo.

–Ellos dicen que yo me cobré el viático sabiendo que iba a cobrar otro viático que haría innecesario el primero, porque no se pueden sumar, según dicen ellos, porque también habría que analizarlo. A mí me pueden dar eso que llaman viáticos, que son cuatro días en el mes, uno por semana, y no hay que justificar; y aunque hubiera sido así, me tienen que acreditar que yo cobré el mismo viático que me pagaba la universidad, es decir, que cobré dos veces tramposamente. Con la prueba que mandaron pedir, ninguna universidad dijo que yo percibí viáticos. La única que dijo que sí fue la Universidad de Belgrano, que no se lo preguntaron sino que lo metieron en una hoja suelta que no firma nadie, ni está mi firma aceptando ese viático tampoco, y acompañan una firma de asistencia de un día que fui a dar clases, un viernes a la noche. ¿Qué prueba eso? Eso es lo único que ellos tienen para decir que yo cobraba viáticos de Buenos Aires… –entonces hace una pausa e insiste– Desmiento enfáticamente haber percibido algún tipo de denominado viático o dinero para sumarlo indebidamente al dinero que me dio el STJ. Son dos cosas distintas, y parto de la base de que no hay incompatibilidad, porque si la hubiera podrían tener alguna cuestión, pero la propia Constitución lo permite. No han probado nada de que se afectara mi desempeño. ¿En qué perjudicaba que yo diera clases? En nada. ¿En qué beneficiaba? En todo. Y además tenía el despacho al día. Desafío al STJ entero a que hagamos una investigación comparativa. Yo tengo cincuenta años como funcionario judicial, hice toda la escala, tendrían que darme la medalla de oro. Que me vea sometido a este ajetreo cuando hay colegas que lo único que desean es irse disparando porque han hecho tal papelón en el STJ, él y su familia, que no sé si les queda todavía la cara para seguir desempeñándose…

–¿Está hablando de (Juan Ramón) Smaldone?
–No sé, usted hágase cargo, ahí está la situación.

–Ya que hablamos de lo menciona a Smaldone, usted en su exposición ante la Comisión de Juicio Político denunció una serie de irregularidades en el tratamiento que dio el STJ a la acción de inconstitucionalidad por la designación de Guillermo Smaldone, el hijo del vocal, como presidente del Tribunal de Cuentas.
–Yo me fui habiendo votado primero y después me contaron que la votación había quedado cinco a tres a favor de declarar inconstitucional el acto del gobernador (Sergio) Urribarri de designar a alguien por la Constitución de 1933 estando vigente la de 2008. Eso estaba así. La doctora Mizawak había hecho otro viaje más, ella cree que puede hacer todos los viajes que se le antoja en representación y pagada por el STJ. La cuestión es que cuando volvió le quedaban tres días dentro del plazo total del tribunal y, aunque se uniera a la minoría, daría un resultado de cinco a cuatro. ¿Qué hizo en lugar de votar? Se lo guardó y cuando se venció el plazo le ordenó al secretario que hiciera una reformulación del orden de votación, pero no para votar, y misteriosamente alguien le avisó del orden de votación al hijo de Smaldone, y Guillermo Smaldone, que hasta ese momento decía que no iba a renunciar porque su designación era legítima, renuncia sorpresivamente. ¿Quién le dijo el orden de votos? Yo no se lo dije. Hasta apareció el fiscal de Estado pidiendo que se declare abstracta la cuestión, que no se votara nada.

–¿Y qué pasó entonces?
–Para resolver ese nuevo hecho, que no era lo que nos había convocado, sale haciendo una nueva integración con dos camaristas, (Emilio) Matorras y (Guillermo) Bonabotta. Matorras se excusa porque su hermano (Rubén) era senador, y entramos a cambiar el objeto, porque ahora era definir si estaba bien o no la integración con Matorras, y además nos metieron la cuestión de si era abstracto, todo para que no nos pronunciáramos sobre el asunto principal, lo que querían era que no nos pronunciáramos. La cuestión es que me toca a mí otra vez el primer voto y digo que correspondía analizar la constitucionalidad, a pesar de la renuncia, para viabilizar una investigación de lo que había hecho este hombre en el Tribunal de Cuentas. Quedé solo. Ocho a uno salió la votación. A lo mejor tienen razón ellos, pero qué casualidad lo que pasó con esto de mover las integraciones. Lo que digo con esto es que ninguna de mis ausencias, sean por horas o por días, produjo una alteración significativa; y cuando yo me iba, Mizawak lograba imponer en algunas cuestiones su propio criterio entre quienes la seguían, por ejemplo, Smaldone.

Estrategia de defensa

A lo largo de la charla, Chiara Díaz no ahorró críticas al desempeño de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento, que este lunes emitirá el dictamen para que sea analizado por la Cámara de Diputados.

Es inevitable la alusión a la fallida denuncia presentada en julio pasado por dirigentes peronistas y que fue desestimada por la comisión. “Lo fundamental de aquella denuncia era la vida privada. Eso es cosa juzgada. Todo es opinable en el Derecho, pero la jurisprudencia sostiene que en el ámbito administrativo, de la investigación preparatoria o en una sentencia, el non bis in idem funciona como una garantía para todas las personas que ya han sido juzgadas”, advierte el magistrado.

Allí el primer punto de su estrategia defensiva.

También se quejó de que la comisión investigadora habría vulnerado su derecho de defensa por haber establecido un plazo de 30 días corridos para elaborar el dictamen respecto de la denuncia de Reggiardo.

“¿Por qué pusieron los plazos en días corridos, algo que nunca se ha dado?”, se pregunta, y cita un ejemplo: “(Emilio) Castrillón enfrentó un pedido de juicio político en 2007 y le dieron 30 días hábiles para ejercer su defensa; a mí me los dieron corridos”.

También se quejó de que “los seis días (que tenía para efectuar su descargo, luego de que la comisión admitiera la denuncia) quedaron reducidos a tres” y volvió a cuestionar a Claudia Mizawak: “Le pedí que retenga los pedidos que le hubiera hecho la comisión porque yo quería ejercer mi derecho de defensa sobre lo que se mandara. Ni me lo contestó. ¿Y qué hizo? Mandó el informe sobre los viáticos y días trabajados de los últimos diez años, a pesar de que la comisión lo había pedido por tres. El presidente de la comisión (Diego Lara) y la comisión en pleno rechazaron mi pedido para ampliar el plazo para realizar mi descargo porque dijeron que tenían treinta días y para ellos cumplir un término, aunque tropiece y se lleve por encima los derechos de la persona acusada, no sirve para invalidarlo. Creen ellos. Eso no es así. En el Estado de Derecho no hay nada excluido de las garantías del debido proceso”, insistió.

Esa es la otra parte de la estrategia de defensa.

Detrás de todo, el poder

–Usted dijo ante la Comisión de Juicio Político que todo esto era una movida para alterar el orden mayorías en la Sala Penal. ¿Quién cree usted que está detrás de esta movida?
–Obviamente el poder, el poder que no quiere ser investigado…

–¿Pero quién sería la representación de ese poder?
–Yo nunca estuve como fiscal de Estado del anterior gobernador, nunca tuve una relación de amistad profunda con el anterior gobernador, nunca me acusaron de tener un domicilio fiscal, llamémosle trucho, en Capital Federal junto con el gobernador. Urribarri vivió ocho años enfrente de mi casa, tenía la custodia y nos saludábamos casi todos los días porque cuando yo salía para tribunales, él volvía de correr; a veces me hacía alguna chanza, pero de ahí no pasaba, el hombre siempre fue respetuoso conmigo, pero yo no tuve esa relación que puede para algunos hacer sospechar que hay una suerte de compromiso más alto. De hecho, hubo un acuerdo que se tuvo que suspender y después pasaron dos meses y pico que no pudimos hacer más acuerdos porque se retiró violentamente el vocal Castrillón por una desavenencia con la presidenta y terminó diciéndole que tenía que renunciar porque le habían descubierto que era socia de Urribarri y tenían el mismo domicilio fiscal. A mí nunca nadie me dijo eso. La conclusión mía es que se han incrementado, tal vez por el cambio de gobierno o por razones de otro tipo, las denuncias e investigaciones respecto de personas vinculadas con el anterior gobierno, y a lo mejor cuando las papas queman entramos a pensar en términos no estrictamente políticos sino judiciales. La doctora Mizawak tiene esa trayectoria de amistades o frecuencia de trato. No es que yo quiera autoexculparme, pero evidentemente me han elegido porque no soy confiable para algún sector de poder. Alguien me dijo que yo era el peor del grado. Pero yo no he hecho nada, todo lo que dicen de mí, si lo investigan como corresponde, ha sido a favor del Poder Judicial, y perdón por la soberbia. He dejado a veces en el camino lazos familiares intensos para venir a tribunales después de un viaje y dejar el despacho al día. A lo mejor no hacía sentencias perfectas, pero a mí nadie me ha probado que las decisiones hayan sido inclinadas por el favor político o para conseguir una mejor ubicación. Después de cincuenta años, que me vengan a reprochar a mí, cuando hay un montón de cosas, como gente que no va a los acuerdos ni avisa por qué… y esas cosas se toleran.

El futuro, una incógnita

–¿Ha tenido algún tipo de contacto con funcionarios del gobierno o con dirigentes políticos en general?
–Del gobierno, nadie; y dirigentes políticos, tampoco; y yo ir a buscarlos, tampoco. ¿Qué les podría pedir, que me den una mano? ¿Y por qué tendría que hacerlo, si yo creo que soy víctima de una suerte de linchamiento político, les voy a pedir algo a los políticos que están en el gobierno o a los anteriores que, según mi punto vista, me quieren sacar? Pero, además, si la gente se enterara diría que tengo algo oscuro que ocultar.

–¿Se imagina fuera del Superior Tribunal de Justicia?
–Con toda honestidad, y no crea que soy un optimista incorregible ni un irresponsable, no me imagino afuera porque mi salida significaría convalidar un orden anti-institucional, es decir, volveríamos a la época en que para ocupar un cargo en el STJ o en una cámara clave los poderes políticos se preocupaban por elegir a un candidato de su propia fila o que sería permeable a sus influencias; eso significaría no sólo la caída de la justicia independiente sino la desaparición del Poder Judicial. Mi salida sería también reafirmar el hecho de que todos somos iguales, y yo tengo el orgullo de no haberme dejado operar nunca, como tampoco lo haría si siguiera. Pero a lo mejor estamos fuera de época y ahora que se habla de equipos de trabajo quieren incluir allí también a los miembros del STJ.

–Usted está en edad de jubilarse y tiene los años para hacerlo, ¿por qué no lo ha hecho?
–Mire, estoy perdiendo plata en el STJ: si yo me retiro de la justicia, quedo jubilado y dejo de hacer aportes. Nuestro aporte jubilatorio es alto y eso engrosaría mis haberes. Al llegar a cierta edad no puedo seguir dando clases en las universidades públicas y tengo los años independientes para jubilarme, pero estoy sin jubilación y sin mutual allí también, para evitar entrar en Anses, porque entonces no entraría en la Caja de Jubilaciones de la provincia. Pero estoy en una situación de interés institucional; me siento bien para quedarme y creo que todavía puedo brindar un servicio. Si yo me viera flaquear, si dejara de tener ganas de ir al tribunal o tuviera problemas de salud, sería el primero en retirarme, para no molestar.

(La Nota digital)

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