El magistrado presentó un descargo ante la corte de justicia, en el marco del juicio político que se le sigue por mal desempeño.

Pidió que se declaren prescriptos los hechos que superen los dos años de antigüedad. El Senado, por lo pronto, fijó fecha para la recepción de testimoniales y convocó, entre otros, al ministro de Justicia Germán Garavano, a tres vocales del STJ, a Ricardo Gil Lavedra y a Miguel Piedecasas.

La Cámara de Senadores, en su rol de corte de justicia en el proceso de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, clausuró este viernes el plazo de recepción de pruebas, y fijó un cronograma para recibir declaración a los testigos propuestos por el suspendido magistrado y por los diputados que ejercen como acusadores, para los días 6, 7 y 8 de febrero.

Además, se resolvió solicitaron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sobre la inscripción tributaria de Chiara Díaz; al STJ, respecto de las licencias y viáticos solicitados por el magistrado; y a la Dirección Nacional de Migraciones, sobre las entradas y salidas del país de Chiara Díaz en los últimos diez años.

Se solicitó también un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que indique si tiene reportes de operaciones sospechosas o se han registrado “transferencias al exterior y cualquier otra información de interés” respecto de Chiara Díaz.

Los senadores también solicitarán a la Universidad de Belgrano que informe sobre la autenticidad de un documento en el que consta que se le pagaron viáticos en efectivo a Chiara Díaz por actividades académicas y que el magistrado, en esa fecha, también le cobró viáticos y traslado al STJ para, supuestamente, asistir a un congreso en San Luis. Chiara Díaz cuestiona ese informe y dice que “jamás percibió viáticos de la Universidad de Belgrano”. Para despejar esa duda es que se pedirán las aclaraciones.

Entre los testigos que deberán comparecer se encuentran el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano; los vocales del STJ Daniel Carubia, Germán Carlomagno y Leonor Pañeda; jueces de la Corte Suprema de Santa Fe; el integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra; magistrados provinciales y nacionales; y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, entre otros.

Chiara Díaz, por su parte, presentó un escrito en el que volvió a rechazar las acusaciones, pidió que se declaren prescriptos los hechos que superen los dos años de antigüedad y, en lo central, embistió duramente contra el ex gobernador Sergio Urribarri y la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, a quienes acusó de ser los impulsores del juicio político tendiente a lograr su destitución.

“En el presente juicio político hay una velada pero concreta intromisión del Poder Legislativo, bajo la dirección del presidente de la Cámara de Diputados (Urribarri), que institucionalmente resulta insoportable, porque pretende controlar aspectos de su funcionamiento, trámites, características de los desempeños de cada uno de los magistrados, que al parecer, y a pesar de ser intolerable institucionalmente, ha contado con la aquiescencia fundamentalmente de la titular del STJ, doctora Mizawak, quien ha permitido que desde la comisión investigadora se pidan informes directos a la Contaduría General o a la Secretaría de Superintendencia, presentándose también una recepción sin control de los pedidos de la llamada comisión investigadora que fueron derivados a la sala de amparos con premura, sabiendo de la ausencia por licencia otorgada al denunciado”, dice el descargo presentado por Guillermo Brunner, defensor de Chiara Díaz, al que accedió Página Judicial.

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Foto. Página Judicial

Más adelante, el defensor expuso la “convicción” por parte del magistrado de “haber sido elegido entre todos los vocales del STJ para someterlo a un reiterado y alevoso ataque tendiente a su desprestigio y eliminación del cargo cuanto antes por ser considerado un juez independiente sobre todos los casos vinculados con acusaciones de corrupción en la función pública y en los cuales no parece que se le merezca confianza para decidirlos, considerándolo a ello un defecto por parte de los amigos del poder”.

Chiara Díaz está acusado de mal desempeño, por la supuesta utilización irregular de viáticos y por sus reiteradas ausencias de su despacho por los viajes que realiza para dar clases, charlas y conferencias fuera de la provincia. La denuncia fue presentada por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, enrolado en el Frente Renovador.

En el descargo, Chiara Díaz, a través de su defensor, cuestionó que la comisión investigadora le imputó cargos que no estaban en la denuncia; negó haber percibido alguna vez un “doble viático” y aseguró que “la comisión acusadora no demostró que no haya asistido a las reuniones por asuntos vinculados a su vocalía” que invocaba.

Pero va más allá. Dice el magistrado que “el dictado de clases por un juez beneficia directamente en el dictado de mejores sentencias” y agrega que “cuando los jueces son profesores de las materias sobre las que trabajan, son mejores jueces, y es así por la sencilla razón de que el dictado de clases, conferencias, ponencias, cursos, disertaciones, etcétera, obligan a un magistrado a estar permanentemente actualizado sobre el derecho que utiliza para dictar sentencias”.

Otro de los puntos de la acusación está centrado en las ausencias que registra Chiara Díaz. La comisión calculó que en los últimos diez años tuvo 948 inasistencias, pero el magistrado dijo que esa cifra es “equivocada” y dijo que, en realidad, se ausentó 842 días, lo que da un promedio “de asistencia regular al despacho” del 77 por ciento.

Aquí volvió a apuntarle a Mizawak, al señalar que el STJ no envió un informe completo sobre sus licencias y ausencias, pero destacó que en el período 2010-2013, la presidenta del alto cuerpo, a quien tildó como “la reina de los viajes”; tuvo más inasistencias que Carubia, Carlomagno, Pañeda, Juan Ramón Smaldone y Bernardo Salduna.

Otro aspecto que se le cuestiona es que en los últimos diez años dejó de firmar 670 sentencias de amparo. A esto respondió: “Visto desde otro ángulo, puede decirse también que Chiara Díaz firmó 5.317 sentencias de amparo” y calcula que dejó de firmar el 11 por ciento, pero que de las 670 no firmadas, “tan sólo 152 no fueron suscriptas por encontrarse el vocal en uso de licencia”.

EL TUIT

(La Nota digital)

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