Gamal Taleb ordenó a los acusados del desmonte la reimplantación forestal de 40 ejemplares de alisos y sauces en la zona.

El fiscal Gamal Taleb actuó de oficio ante un caso de desmonte en las islas de Victoria, debido a la denuncia pública que había sido realizada el año pasado Guardianes de Victoria, un grupo ambientalista que se encargó de poner en conocimiento de la ciudadanía lo que ocurría en la zona.

“Pude advertir que posiblemente esté configurado un ilícito penal porque se habría producido un desmonte en una isla llamada El Islote Pancho, que es un bien de dominio público del Estado provincial, donde se habrían realizado desmontes y talas de árboles sin autorización administrativa”, dijo Taleb.

“Vi que la tala de especies arbóreas nativas sin autorización administrativa configura un daño”.

Taleb explicó a Paralelo 32 que la autorización administrativa hace que cuando existe una acción típica, es decir que esté encuadrada dentro de una figura penal, ésta justifica esa conducta y la excluye de la antijuridicidad. “En este caso sabía que no había autorización y abrí la causa, ya que entendí que existían los elementos mínimos para hacerlo y mandé a pedir todas las actuaciones administrativas. A partir de ahí se pudo determinar que, efectivamente, se había otorgado un permiso administrativo a una empresa denominada La Barquita SRL, pero esta autorización administrativa sólo era para que realicen tareas de amarre en esa isla”.

Entonces, la autorización no le permitía a la mencionada empresa realizar desmontes o talar árboles. Consiguientemente, se confirmó la hipótesis inicial y gracias a las fotografías tomadas por Gustavo Andino, que trabaja en la sección islas de la municipalidad, se pudo acreditar que el desmonte era real.

La situación se vio agravada porque se trata de un lugar de uso público y, a su vez, el hecho de que se talaron varias especies arbóreas. Conforme a lo anterior, Taleb imputó a Leonardo Baldasarri y Facundo Martín Maggiori, los dos socios gerentes de La Barquita.

Finalmente, el juez de garantías y transición José Alejandro Calleja resolvió hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba por el delito de daño agravado, pero impuso como sustitución de reglas de conducta la realización de una donación de 2.500 pesos a cada imputado, en mercaderías, a favor de la escuela Florentino Ameghino, ubicada en el barrio Quinto Cuartel, y de la Escuela N° 43 Provincia de Buenos Aires, ubicada en calle San Martín entre Vélez Sarsfield y Junín. Además, tanto Baldasarri como Maggiori deberán realizar en el plazo de 6 meses una reimplantación forestal de 40 ejemplares de alisos y sauces en la misma zona de la que fueron extraídos. Para todo esto, el juez concedió a los imputados un plazo de un año.

EN LA RED

(La Nota digital)

Anuncios